El 20 de diciembre de 2019 comenzaron nuevos ataques contra personal y representantes vinculados a partidos de oposición en la Asamblea Nacional venezolana. Tras los sucesos del 5 de enero de 2020, existe una profunda preocupación por el riesgo de detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos que corren todos los demás representantes. No es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno han sometido a intimidación, acoso, abusos físicos, detención arbitraria y desaparición forzada a representantes y personal de la Asamblea Nacional en un intento por silenciar la disidencia política.

 

El 5 de enero de 2020, la Asamblea Nacional venezolana elegía su nueva junta directiva para el año nuevo. Esta elección se celebró en el contexto de una política de represión mediante la cual las autoridades de Maduro acosaron, intimidaron y detuvieron arbitrariamente a representantes y personal de la Asamblea Nacional, en un intento de obstaculizar los derechos civiles y políticos.

Amnistía Internacional tuvo noticia recientemente de lo que puede constituir la desaparición forzada de los representantes Gilber Caro y Víctor Ugas, ambos detenidos por presuntos agentes del Estado el 20 de diciembre de 2019. Aunque los dos comparecieron ante un juez, las autoridades han negado a sus familiares toda información sobre su paradero.

Las campañas de difamación y las amenazas contra miembros de la oposición, incluida la representante Delsa Solórzano, son ejemplos que se suman a la persistente situación de acoso e intimidación contra personal y representantes de la oposición de la Asamblea Nacional, que han sido detenidos arbitrariamente. En los últimos años, decenas de miembros de la oposición se han visto obligados a huir del país y a solicitar asilo ante las amenazas que han recibido del gobierno de Maduro.

En su informe del año pasado Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y heridas debidas al empleo de fuerza excesiva por el gobierno de Nicolás Maduro, que formaron parte de una política de represión sistemática y generalizada desde al menos 2017, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde 2014 se ha producido una huida sin precedentes de personas venezolanas en busca de seguridad y de un futuro digno en el extranjero. Para diciembre de 2019, se calculaba que 4,8 millones de personas habían huido del país, y se creía que esta cifra alcanzaría los 5,5 millones en 2020.

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Presidente Nicolás Maduro:

Me preocupa enormemente el uso de la detención arbitraria, la fuerza excesiva, la desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado como parte de una política de represión implementada por su gobierno.

Los sucesos que comenzaron el 5 de enero de 2020 muestran que su gobierno está tratando de silenciar a la disidencia en la Asamblea Nacional, utilizando arbitrariamente el poder contra la oposición y amenazando derechos humanos básicos como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad.

Le pido encarecidamente que ponga fin a la política de represión contra la oposición, y que garantice y proteja los derechos civiles y políticos de representantes y personal de la Asamblea Nacional.

Atentamente,

 

Publicado el 9 de enero de 2020