El 11 de febrero, el Congreso de Guatemala promulgó el Decreto 4-2020 (antes conocido como Proyecto de ley 5257). Esta iniciativa impone restricciones, sanciones y controles indebidos a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esto a su vez pone seriamente en peligro el derecho a la libertad de expresión y de asociación en el país y amenaza el trabajo de las ONG y de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Pedimos al presidente que vete de inmediato esta ley.

 

Las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala llevan a cabo sus actividades en un entorno extremadamente hostil, especialmente las que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Se enfrentan a amenazas, intimidación y ataques constantes.

La Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA) informó de que en 2019 se habían perpetrado 467 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos 20 asesinatos e intentos de asesinato. Los defensores y defensoras se enfrentan además a campañas de estigmatización y difamación por parte de actores privados y de las autoridades guatemaltecas, y el sistema de justicia penal se utiliza indebidamente de forma habitual para penalizarlos, en un intento de disolver sus movimientos e investigaciones, desgastar el ánimo de estos defensores y defensoras y apartarlos de la escena pública. Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente esta situación en sus informes “Defendemos la tierra con nuestra sangre”: Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala, y América: Situación de los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En febrero de 2019, Amnistía Internacional alertó de la inminente aprobación del proyecto de ley 5257, destinado a reformar la ley de 2003 sobre ONG, ya que impondría controles excesivos y pesados requisitos para la inscripción en registro y el funcionamiento de las ONG en el país, y también otorgaría al gobierno amplios poderes para suspender permanentemente las actividades de una ONG por motivos como “alteración del orden público”, una terminología ambigua cuya interpretación podría dar lugar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y agravar la criminalización mediante la imposición de sanciones penales contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en esas organizaciones. Amnistía Internacional también citó recientemente el proyecto de ley 5257 —en sus informes Última oportunidad de justicia: Peligrosos retrocesos para los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Guatemala y Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil— como uno de los peligrosos ejemplos de una tendencia mundial a utilizar legislación para reprimir a las ONG y a quienes defienden los derechos humanos.

Tras varios intentos fallidos, el 11 de febrero de 2020 el Congreso de Guatemala aprobó la ley, que se ha registrado como Decreto 4-2020.

Publicado el 14 de febrero de 2020