Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que a alguien le parezca, si no constituye un delito de odio, tal y como está definido este en el derecho internacional de los derechos humanos.

Pablo Hasél no es el único: usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales también han sido procesados en España por los mismos delitos de enaltecimiento, injurias y calumnias. El impacto es devastador para las personas: cuantiosas multas, largos periodos de exclusión del sector público, penas de prisión… y una consecuencia intangible: la autocensura por miedo a sufrir la represión.

César Strawberry, cantante del grupo Def con Dos, corrió una suerte similar: fue acusado por “enaltecimiento del terrorismo” por una serie de tuits. El rapero Nyto Rukeli, miembro del colectivo La Insurgencia, fue condenado por “enaltecimiento del terrorismo” por las letras de sus canciones como “Ni bajo tierra me callarán, no puede encarcelarse el arte”.

Rapear no es un delito. Tuitear un chiste no es terrorismo. Ninguna de las disposiciones del Código Penal debe poder criminalizar expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos : el uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.

Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos deben desaparecer del Código Penal. Firma y ayúdanos a conseguirlo.

No podemos permitir que la libertad de expresión esté amenazada. Porque los derechos se defienden ejerciéndolos: ¡Alza tu voz y firma!