Tras su detención, el pasado 1 de febrero, el investigador y estudiante de máster Ahmed Samir Santawy pasó cinco días sometido a desaparición forzada. Durante ese tiempo, las fuerzas de seguridad lo golpearon y lo mantuvieron con los ojos vendados, mientras lo interrogaban sobre su actividad en las redes sociales y su investigación académica. El 6 de febrero, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado ordenó su reclusión mientras se investigaban los cargos de terrorismo presentados en su contra. No le han permitido ponerse en contacto con su familia, con lo que preocupan su bienestar y su salud, dados los brotes de COVID-19 que se dan en las masificadas y poco higiénicas cárceles de Egipto. Debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.

Ahmed Samir Santawy es investigador y estudiante de antropología en la Universidad Centroeuropea de Viena (Austria). Su investigación se centra en los derechos de las mujeres, incluida la historia de los derechos reproductivos en Egipto. Desde que empezó a estudiar en la Universidad Centroeuropea, en septiembre de 2019 —inicialmente en Budapest (Hungría)—, agentes de seguridad egipcios lo interrogan, cada vez que llega o sale del Aeropuerto Internacional de El Cairo, sobre el motivo de sus viajes y sobre la naturaleza de sus estudios. Así, fue también interrogado la última vez que volvió a Egipto, a mediados de diciembre de 2020.

Según una denuncia presentada por la familia de Ahmed Samir Santawy ante la Fiscalía y revisada por Amnistía Internacional, y de conformidad con la información recibida de otras fuentes informadas, el 23 de enero, siete policías enmascarados y armados irrumpieron en el domicilio de la familia de Ahmed Samir Santawy cuando éste se encontraba ausente. Sin presentar ninguna orden de arresto ni de registro, confiscaron la grabadora digital de las cámaras de videovigilancia de la casa, y dejaron para Ahmed Samir Santawy la orden de personarse en la Agencia de Seguridad Nacional, sin explicar el motivo. El 30 de enero, cuando acudió a la sede de la NSA en la comisaría de policía de El Nuevo Cairo, le dijeron que volviera otro día. Así lo hizo el 1 de febrero, fecha en que fue detenido. El 3 de febrero, fue trasladado a otra comisaría de policía de El Nuevo Cairo. El 4 de febrero, las fuerzas de seguridad lo trasladaron a un centro de detención desconocido, donde lo mantuvieron recluido, hasta que compareció en la sede de la SSSP, el 6 de febrero. Desde que se entregó, el 1 de febrero, hasta que fue interrogado por la SSSP, las autoridades se negaron a facilitar información sobre su suerte y su paradero exactos a su familia y sus representantes legales.

La SSSP le preguntó por sus estudios y su trayectoria académica, incluidas las conclusiones de su investigación sobre el islam y el aborto. Asimismo, la Fiscalía quiso saber, explícitamente, qué le habían preguntado los agentes de la NSA durante los interrogatorios. Ahmed Samir Santawy respondió que le habían preguntado sobre sus estudios y sobre su presunta participación en una página de Facebook llamada Revolucionarios del 25 de enero, crítica con el historial de derechos humanos de las autoridades, participación que él negó. Además, la Fiscalía le preguntó por una publicación de Facebook sobre un periodista detenido y sometido a palizas, pero Ahmed Samir Santawy negó ser el propietario de esa cuenta. La solicitud de su defensa, para que la Autoridad Médica Forense examinara las heridas que había sufrido durante su detención, fue desestimada.

Las autoridades vulneraron tanto las escasas garantías recogidas en la legislación egipcia como sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El artículo 54 de la Constitución egipcia establece que: “Toda persona cuya libertad sea limitada será informada de los motivos [de su detención] [ …] podrá ponerse, de inmediato, en contacto con su familia y su abogado y comparecerá ante la autoridad instructora en el plazo de 24 horas, a partir del momento que sea restringida su libertad. Aunque el artículo 40 de la Ley núm. 94/2015 sobre lucha contra el terrorismo permite a la fiscalía o a otra “autoridad instructora” ordenar la reclusión de una persona sospechosa de terrorismo durante periodos de hasta 14 días (renovables una vez), sin necesidad de que un juez o un fiscal la interrogue, ésta sigue teniendo derecho a ser informada de los motivos de su detención y a ponerse en contacto con su familia y sus abogados (artículo 41). Además, la ley estipula que las personas sospechosas deben ser recluidas en centros de detención oficiales. Según los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Egipto es Estado Parte, nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias, y toda persona detenida tiene derecho a ser informada de las razones de su detención, debe ser llevada sin demora ante un juez y puede recurrir la legalidad de su detención. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha concluido que una detención puede ser arbitraria, aunque se ajuste a la legislación nacional, si contraviene las normas internacionales o es incompatible con otros derechos humanos, como los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de creencias. La tortura y otros malos tratos están terminantemente prohibidos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Egipto es, también, Estado Parte.

A lo largo de los últimos años, miles de opositores políticos —presuntos o reales— han sido detenidos y recluidos sin juicio, durante periodos prolongados, por orden de la SSSP, en espera de que se investigaran infundados cargos de terrorismo y de otro tipo presentados en su contra, a veces durante periodos que excedían el máximo legal de dos años. Entre estas personas figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, profesionales del derecho, figuras políticas, manifestantes, periodistas y personal médico y académico. Normalmente, los procesos en su contra se basan en investigaciones policiales secretas, inaccesibles a las personas acusadas y a sus representantes legales y, a veces, se apoyan en publicaciones de las redes sociales consideradas críticas con las autoridades. En febrero de 2020, las fuerzas de seguridad detuvieron a Patrick Zaki George, investigador sobre cuestiones de género y estudiante de máster en Boloña (Italia), a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Permanece recluido, en espera del resultado de las investigaciones de la SSSP sobre cargos similares de terrorismo.

 

Publicado el 29 de marzo de 2021