Desde el 28 de abril, miles de personas salieron a la calle en todo el país en un “Paro Nacional” convocado por varios movimientos sociales para pedir que se retirara una reforma tributaria y se mejoraran las medidas sociales y económicas. Las autoridades respondieron desplegando el ejército en varias ciudades, estigmatizando públicamente a quienes se manifestaban, y sofocando las protestas con uso excesivo de la fuerza, incluidas armas que causaron la muerte de decenas de personas y cientos de heridas, detenciones arbitrarias o desapariciones. Pedimos al presidente que garantice el derecho de la población a la reunión pacífica.

El 28 de abril dio comienzo un “Paro Nacional”, provocado por una propuesta de reforma tributaria presentada por el presidente Duque con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios para hacer frente a la crisis económica tras un año de desaceleración económica causada por los efectos de la pandemia de COVID-19 en el país.

El “Paro Nacional” retomó también varios reclamos expresados por la sociedad colombiana en protestas similares a finales de 2019, como por ejemplo medidas para detener los homicidios de líderes sociales, cumplir el Acuerdo de Paz, un sistema de salud accesible, seguro e integral, y una reforma exhaustiva de la policía, entre otras cosas. El 1 de mayo, el presidente anunció una presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y declaró: “Quiero también hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”. El 5 de mayo, el presidente declaró también que “[l]a amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, y añadió: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”.

Desde el comienzo del “Paro Nacional”, varias movilizaciones en ciudades clave como Bogotá, Cali y Pasto recibieron como respuesta uso excesivo de la fuerza, incluida fuerza armada y letal, que causó la muerte a 31 personas, heridas a 216 y la detención arbitraria de 814. También se han recibido ataques preocupantes sobre actos de violencia sexual y desaparición de personas. Amnistía Internacional ha verificado vídeos en los que se ve a la policía colombiana utilizando armas letales y haciendo un uso indiscriminado de armas menos letales, como gas lacrimógeno, cañones de agua y otros materiales, contra manifestantes en varias partes del país.

Este patrón de represión de las protestas del “Paro Nacional” de este año reproduce lo ya presenciado en las protestas de 2019, cuando varias personas murieron tras haber recibido disparos de granadas de gas lacrimógeno y de armas de fuego con munición real y munición potencialmente letal, así como en otras protestas celebradas a finales de 2020, en las que la Policía Nacional informó de heridas a 403 personas, entre ellas 194 miembros de las fuerzas de seguridad, y la muerte 10 personas en el contexto de las protestas en respuesta al homicidio del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía.

Están en marcha varias investigaciones sobre delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de protestas, pero el hecho de que las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía sigan siendo investigadas por la justicia militar, como el caso de Dilan Cruz, muerto durante una protesta en 2019, impide que se realicen progresos tangibles para lograr la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas, sus familiares y la sociedad.

Publicado el 6 de mayo de 2021