En diciembre de 2020, Argentina finalmente legalizó el aborto. Pese a ello, Miranda Ruiz, profesional de la salud que garantizó el acceso a un aborto legal en la ciudad de Tartagal, en la provincia noroeste de Salta, está siendo investigada por el fiscal penal de esa ciudad por el delito de causar un aborto sin consentimiento, un delito que ella no cometió. La criminalización del personal sanitario que garantiza el acceso a abortos legales impide a los profesionales de la medicina proporcionar atención básica. La investigación contra la doctora Miranda Ruiz debe archivarse inmediatamente porque garantizar acceso al aborto de acuerdo con los supuestos de la ley no es un delito.

 

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

 

Fiscal penal Gonzalo Ariel Vega,

Distrito Judicial de Tartagal, Salta, Argentina

Correo-e: alcortafigueroa@gmail.com; mcperez@mpublico.gov.ar

 

Doctor Gonzalo Ariel Vega:

 

La doctora Miranda Ruiz está siendo injustamente investigada por el delito de causar un aborto sin consentimiento, pese a que actuó de acuerdo con el marco jurídico vigente relativo al acceso al aborto. El proceso penal contra Miranda Ruiz no debe continuar, ya que la doctora no cometió ningún delito, sino que proporcionó atención médica de acuerdo con las disposiciones de la ley.

 

La práctica del aborto fue solicitada de forma autónoma por una paciente adulta. Un equipo interdisciplinario del hospital verificó que la paciente estaba autorizada para acceder a un aborto legal. La doctora Ruiz prescribió la medicación correspondiente, la cual fue autoadministrada y causó la interrupción del embarazo mientras la doctora no estaba en el hospital.

 

La fiscalía debe abstenerse de judicializar el acceso a abortos legales y debe transmitir a los funcionarios públicos y al sistema de justicia un claro mensaje de que los proveedores de servicios de salud no serán procesados por realizar adecuadamente su trabajo y proporcionar las mejores opciones de atención a sus pacientes, de acuerdo con las buenas prácticas médicas y sus responsabilidades éticas profesionales, y de acuerdo con los compromisos internacionales de derechos humanos contraídos por el Estado argentino.

 

La criminalización de la doctora Ruiz es una forma de hostigamiento e infunde temor a la población y a los profesionales de la salud, lo cual tiene un impacto negativo directo a la hora de garantizar el acceso al aborto en Argentina.

 

 

Atentamente,
[NOMBRE]

 

 

 

 

Información complementaria

 

En diciembre de 2020, Argentina legalizó el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, y sin limitación de tiempo si la salud o la vida de la persona embarazada corre peligro o en casos de abusos sexuales.

En septiembre de 2021, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas abrió una investigación contra Miranda Ruiz por el presunto delito de aborto sin consentimiento, después de que la doctora proporcionara acceso a una interrupción legal del embarazo solicitada por una paciente. Durante la investigación de ese delito que no cometió, Miranda se vio privada de su libertad, y aún sigue sometida a medidas coercitivas.

Miranda Ruiz es doctora residente de medicina familiar y comunitaria en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta, en el noroeste de Argentina. Optó por trabajar allí a causa de su compromiso de proporcionar atención médica a comunidades en situación de vulnerabilidad. En el hospital atiende consultas sobre salud sexual y reproductiva, como la contracepción, la planificación familiar y el acceso al aborto.

En ese carácter proporcionó atención médica a una paciente adulta que solicitó acceso a un aborto legal. La práctica del aborto se llevó a cabo mediante un procedimiento medicamentoso autoadministrado que culminó con la interrupción del embarazo mientras la doctora Ruiz no estaba en el hospital. La historia clínica demuestra que la doctora actuó de acuerdo con la ley, respaldada por un equipo interdisciplinario y con la aprobación de las autoridades del hospital.

Los fiscales penales tienen el deber jurídico y constitucional de investigar de forma objetiva y desestimar la imputación cuando no existan pruebas de que se ha cometido un delito.

Todos los poderes del Estado, en sus distintos niveles, están obligados a garantizar la aplicación de la Ley 27.610 sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tal como determinó la Corte Suprema en un caso paradigmático sobre el derecho al aborto en 2012, los Estados deben garantizar “las condiciones médicas e higiénicas para que la práctica [del aborto] se lleve a cabo de una manera rápida, accesible y segura”. Asimismo, la Corte pidió a los poderes judiciales de todas las jurisdicciones que se abstuvieran de judicializar el acceso a los abortos legales.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: [ESPAÑOL]

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 31 de marzo de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Fiscal penal Gonzalo Ariel Vega (masculino)

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable

 

Publicado el 4 de marzo de 2022