Jaša Jenull

El activista y director de teatro esloveno Jaša Jenull tiene que pagar casi 35.000 euros para reembolsar a las autoridades el coste que ha supuesto la actividad policial durante una protesta a la que asistió en junio de 2020. Tanto él como varias personas más se sentaron en la plaza de la República a leer en voz alta la Constitución, en protesta por las extensas restricciones de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Tras esta acción, se celebró un acto de protesta mayor, al que acudieron más personas. La cifra indicada se suma a la derivada de otros dos procedimientos abiertos en relación con el coste de protestas previas, con lo que la factura final asciende a casi 40.000 euros. Y Jaša Jenull no es el único. Las autoridades eslovenas han comunicado que piensan reclamar más de 970.000 euros a manifestantes pacíficos para sufragar los servicios policiales. Hasta la fecha, se han procesado ya 28 reclamaciones, por un coste total de casi 270.000 euros. Hacer pagar a quienes se manifiestan el coste de la actividad policial durante los actos a los que acuden constituye un intento de silenciar la disidencia y es un una violación manifiesta del derecho a la libertad de reunión pacífica.

Un derecho internacionalmente protegido

El derecho a la libertad de reunión pacífica está protegido en virtud de diversos tratados internacionales y regionales de derechos humanos en los que Eslovenia es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Según esas normas, los Estados tienen la obligación de permitir y facilitar activamente las manifestaciones, incluidas las reuniones espontáneas. Esto implica también la necesidad de facilitar servicios adecuados, como los de seguridad, limpieza y primeros auxilios, y no cabe esperar que sean el equipo organizador o las personas participantes en las protestas quienes cubran los gastos derivados de dichos servicios. Las autoridades eslovenas han intentado justificar la reclamación del coste de la actividad policial alegando que las protestas se celebraron sin ninguna notificación previa a las autoridades y, según la policía, eso supuso el empleo de recursos adicionales para garantizar la seguridad pública, debido a la falta de planificación. Sin embargo, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de reunión pacífica incluye las reuniones espontáneas que, en consecuencia, quedan protegidas. Intentar imponer sanciones económicas invocando esas razones es una injerencia ilegítima en el derecho a la libertad de reunión pacífica y viola las normas internacionales y regionales de derechos humanos. Además, preocupa que, al parecer, algunas personas que gozan de más visibilidad pública, como Jaša Jenull, que ha negado en repetidas ocasiones la afirmación de que fue él quien organizó las protestas, hayan sido especialmente perseguidas por las autoridades con el fin de amplificar el mensaje intimidatorio ante el resto de manifestantes.

Insidiosas restricciones del derecho de protesta

A lo largo de los últimos años, ha ido creciendo la preocupación por las medidas que han aplicado las autoridades eslovenas para limitar la participación en protestas, con multas, actos de intimidación, cierres de espacios públicos para protestas y prohibición generalizada de las protestas durante numerosos meses sucesivos en el marco de la pandemia de COVID-19. Tal como Amnistía Internacional ha indicado ya a las autoridades, las prohibiciones generalizadas constituyen una restricción desproporcionada de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, aunque se apliquen en una situación de emergencia de salud pública, como la de la COVID-19. La invocación de esas prohibiciones generalizadas para imponer nuevas sanciones por el ejercicio pacífico de los derechos viene a acentuar aún más la preocupación por las crecientes restricciones que tienen por objeto limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica en Eslovenia. Estas insidiosas restricciones al derecho de protesta en Eslovenia deben cesar. Las autoridades deben cerciorarse de facilitar el derecho de reunión pacífica, y garantizar que la población pueda participar libremente en actos de protesta sin temor a represalias.

Publicado el 21 de marzo de 2022