Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer, chiíes de Bahréin, corren riesgo inminente de ser ejecutados en Arabia Saudí. El Tribunal Penal Especializado los condenó a muerte en octubre de 2021 en un juicio manifiestamente injusto por cargos de terrorismo que incluían la introducción ilegal en Arabia Saudí de materiales explosivos y la participación en protestas contra el gobierno en Bahréin. En abril de 2022, el Tribunal Supremo confirmó sus condenas, por lo que su ejecución es inminente en cuanto el rey la ratifique. Amnistía Internacional pide a las autoridades saudíes que no ratifiquen la condena a muerte, anulen su sentencia condenatoria y los juzguen de nuevo con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Rey de Arabia Saudí
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Office of His Majesty the King

Royal Court, Riyadh

Arabia Saudí

Fax: +966 11 403 3125 (insistan)

Twitter: @KingSalman

 

Majestad:

Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer, chiíes de Bahréin, corren riesgo inminente de ser ejecutados tras la decisión del Tribunal Supremo en abril de 2022 de confirmar sus condenas a muerte a pesar de que los encausados declararon ante el tribunal que habían sido sometidos a palizas brutales durante sus interrogatorios. Ambos fueron declarados culpables de una serie de delitos: “Unirse a una entidad terrorista [...] que tiene por objetivo provocar el caos y afectar a la seguridad de Arabia Saudí y Bahréin”, “participar en protestas en Bahréin” e introducir ilegalmente bolsas de explosivos en Arabia Saudí “con el fin de vulnerar la seguridad de Arabia Saudí”. El Tribunal Penal Especializado condenó a ambos a muerte en octubre de 2021 en un juicio prolongado e injusto que había comenzado en enero de 2019. El Tribunal de Apelación confirmó sus condenas en enero de 2022.

Ambos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación y de aislamiento 3 meses y medio tras ser detenidos el 8 de mayo de 2015. Sólo se les permitió llamar a sus familias 115 días después, y las autoridades penitenciarias les impidieron revelar las condiciones de reclusión y las de sus interrogatorios. Sus familias pudieron visitarlos por primera vez en octubre de 2015. Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer no tuvieron acceso a representación letrada durante el periodo de reclusión preventiva ni en sus interrogatorios. Según la documentación judicial, declararon ante el tribunal que habían sido torturados y que sus supuestas confesiones se obtuvieron bajo coacción. Jaafar Mohammad Sultan también manifestó ante el tribunal que lo habían golpeado con cables y amenazado con no volver a ver a su familia hasta que firmó la “confesión” redactada por el investigador. Según el documento judicial en el que se detalla su defensa, posteriormente fue trasladado al hospital penitenciario, donde estuvo 10 días debido a las torturas que había sufrido.

Le insto a que no ratifique la ejecución de Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer, y a que anule su sentencia condenatoria y su condena a muerte dada la gran preocupación que suscita la imparcialidad de su juicio, y a que ordene que sean juzgados de nuevo con arreglo a las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte. También le ruego que ordene que se lleve a cabo con prontitud una investigación imparcial, independiente y efectiva sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos que hicieron ante el tribunal, y que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital en Arabia Saudí.

Atentamente,

 

Información complementaria

Dada la inexistencia de información transparente sobre los procesos judiciales en Arabia Saudí, sobre todo en los casos de pena de muerte, las familias sólo conocen la suerte de sus seres queridos en los medios de comunicación. Amnistía Internacional considera que la decisión del Tribunal Supremo de confirmar las condenas a muerte impuestas a Jaafar Mohammad Sultan y a Sadeq Majeed Thamer deja claro que ambos corren riesgo inminente de ser ejecutados, puesto que no se informa a las familias del momento en que el rey ratifica estas condenas.

El 13 de marzo de 2022, el ministerio del Interior saudí anunció la ejecución de 81 personas, una impactante ola de ejecuciones masivas que afectó a personas declaradas culpables de un amplio abanico de delitos, como crímenes de “terrorismo”, asesinato, robo a mano armada y contrabando de armas. Varias de las personas ejecutadas también habían sido declaradas culpables de delitos como “desestabilizar el tejido social y la cohesión nacional” y “promover y participar en sentadas y protestas”, que incluyen actos amparados por el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. De ellas, 41 pertenecían a la comunidad chií, minoritaria en Arabia Saudí.

Amnistía Internacional ha documentado una constante de represión contra la comunidad chií de Arabia Saudí, concretamente a través del Tribunal Penal Especializado, que ha dictado duras penas de prisión y condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos empañados por denuncias de tortura durante la reclusión que la fiscalía se abstiene sistemáticamente de investigar.

A principios de 2021, las autoridades saudíes anunciaron reformas en relación con la pena de muerte, incluida una suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas, que obedecen a condenas de muerte dictadas a discreción del juez y no establecidas por la ley islámica. Aunque al parecer ya se está aplicando esta suspensión, aún no se ha formalizado y sigue siendo no oficial mientras la legislación vigente sobre narcóticos siga previendo la pena capital y las personas ya condenadas a muerte por delitos de drogas continúen en el corredor de la muerte. Además, se siguieron imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por otros delitos para los cuales los jueces pueden imponer la pena capital a su discreción. Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer fueron condenados a muerte en una sentencia dictada a discreción del juez.

La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés o árabe. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 18 de julio de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Jaafar Mohammad Sultan y Sadeq Majeed Thamer (masculino ambos)

Publicado el 21 de junio de 2022