Al menos 26 personas corren grave peligro de ser ejecutadas en relación con las protestas celebradas en todo el país, después de que las autoridades iraníes hayan ejecutado arbitrariamente a dos personas tras simulacros de juicio flagrantemente injustos en un intento por infundir miedo entre la población y poner fin a las protestas. De las 26, al menos 11 están condenadas a muerte y 15 han sido acusadas de delitos punibles con la pena capital y están a la espera de juicio o siendo juzgadas.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura, Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa enormemente el hecho de que al menos 26 personas corren grave peligro de ser ejecutadas por las autoridades iraníes tras simulacros de procedimiento judicial flagrantemente injustos que incluyen cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en relación con las protestas celebradas en todo el país. Al menos 11 de esas personas han sido condenadas a muerte, entre ellas Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sadrat (Sedarat) Madani y Manouchehr Mehman Navaz, que fueron juzgados por separado ante Tribunales Revolucionarios de Teherán; también están Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou y el rapero kurdo Saman Seydi (Yasin), juzgados en un juicio colectivo por un Tribunal Revolucionario de Teherán. Las autoridades han condenado asimismo a muerte a Hamid Ghare-Hasanlou, Mohammad Mehdi Karami, Seyed Mohammad Hosseini, Hossein Mohammadi y un individuo cuyo nombre se desconoce en un juicio colectivo de 16 personas por “corrupción en la tierra” ante un Tribunal Revolucionario de Karaj, provincia de Alborz. Al menos otras 15 personas corren también riesgo de ejecución. Entre ellas se encuentran Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharagholou y Saeed Shirazi, juzgados por delitos punibles con la pena capital pero sobre cuyos casos y resultados de sus juicios no hay información pública. Las demás están a la espera de juicio o siendo juzgadas por delitos que acarrean la pena de muerte: se trata de Akbar Ghafari y Toomaj Salehi en Teherán, Amir Nasr Azadani, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi en la provincia de Isfahán, Ebrahim Rigi (Riki), perteneciente a la minoría baluchi de Irán, y los hermanos Farzad (Farzin) Tahazadeh y Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Hajar Hamidi y Shahram Marouf-Mola, de la minoría kurda de Irán en la provincia de Azerbaiyán Occidental.

A todas estas 26 personas se les ha negado un juicio justo, con derecho a acceder a una defensa adecuada y a abogados de su elección, a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, a permanecer en silencio y a una vista justa y pública. Según la información de la que dispone Amnistía Internacional, al menos 10 de ellas, entre las que se encuentran Hamid Ghare-Hasanlou, Toomaj Salehi y Mohammad Ghobadlou, fueron torturadas, y las autoridades utilizaron como prueba sus “confesiones” o las de otras personas, empañadas por la tortura. Los medios de comunicación oficiales difundieron además las “confesiones” forzadas de varios acusados antes de su juicio.

Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. Le insto a dejar en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Le insto a proporcionar a las personas detenidas acceso a sus familias y a abogados de su elección, a protegerlas de la tortura y otros malos tratos, a investigar las denuncias de tortura, a que los responsables sean sometidos a un juicio justo y a que se conceda a los observadores independientes pertenecientes a embajadas acceso a los juicios de pena capital relacionados con las protestas. Por último, le insto a establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Atentamente, [NOMBRE]

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Miles de personas han sido detenidas y acusadas formalmente en el contexto de las protestas nacionales, lo que hace temer que se puedan dictar muchas más condenas a muerte en relación con dichas protestas. De acuerdo con la prolongada política de ocultar las violaciones de derechos humanos y tratar de deshumanizar a las víctimas, las autoridades iraníes no han revelado las identidades de las personas condenadas a muerte. En el transcurso de sus actuales investigaciones, Amnistía Internacional ha obtenido información que confirma los nombres de 10 personas condenadas a muerte. Se desconoce la identidad de la undécima persona, condena a muerte en un juicio colectivo de 16 individuos ante un Tribunal Revolucionario de la provincia de Alborz. Basándonos en la información pública que aclara las condenas contra una serie de acusados en el juicio, podría tratarse de una de las siguientes personas: Reza Arya, Mehdi Mohammadi, Shayan Charani, Mohammad Amin Akhlaghi, Reza Shaker Zavardahi, Javad Zargaran o Behrad Ali Kenari. El 8 de diciembre, las autoridades ejecutaron a un manifestante, Mohsen Shekari, después de declararlo culpable en un juicio flagrantemente injusto de “enemistad con Dios” menos de tres meses después de su detención. El 12 de diciembre, las autoridades ejecutaron públicamente a otro joven, Majidreza Rahanvard, en Mashahd, provincia de Jorasán Razaví, después de declararlo culpable de “enemistad con Dios” en un juicio flagrantemente injusto. Majidreza Rahanvard fue ejecutado menos de dos semanas después de que se celebrara su única vista judicial el 29 de noviembre de 2022.

Los juicios contra personas condenadas a muerte en relación con las protestas nacionales no parecen en absoluto un procedimiento judicial significativo. Las autoridades han acelerado las causas de algunas personas, a las que han declarado culpables tan sólo unos días después de que comenzaran sus juicios. Las autoridades iraníes también han condenado a muerte al menos a cuatro personas por delitos tales como vandalismo, agresión e incendio provocado, en lo que constituye otra grave violación más del derecho internacional, en virtud del cual la pena capital debe limitarse a “los más graves delitos”, incluido el homicidio intencional. Amnistía Internacional también ha documentado graves denuncias de tortura y otros malos tratos contra al menos 10 personas en peligro de ser condenadas a muerte. Por ejemplo, las autoridades propinaron a Saman Seydi (Yasin) brutales palizas y lo expusieron a un frío extremo para obtener de él “confesiones” forzadas, según la información recopilada por Amnistía Internacional. En el caso del médico Hamid Ghare-Hasanlou, condenado a muerte por “corrupción en la tierra” el 5 de diciembre, menos de una semana después de ser sometido a un juicio injusto, fuentes informadas han contado a Amnistía Internacional que las autoridades lo torturaron repetidamente para extraerle “confesiones” forzadas; a consecuencia de las torturas tuvo que ser hospitalizado con fractura de costillas, dificultad respiratoria y hemorragia interna en el pulmón, que requirió tres cirugías. Durante el juicio, Hamid Ghare-Hasanlou mostró al juez las heridas sufridas por la tortura, pero sus denuncias no se han investigado. Las autoridades judiciales y de la fiscalía han utilizado “confesiones” empañadas por la tortura y otras pruebas obtenidas violando el derecho y las normas internacionales para dictar actas de acusación formal y sentencias. Por ejemplo, en el caso de Akbar Ghafari, detenido tras dar cobijo a manifestantes en la casa de su hermana en Teherán, según un preso detenido con él las autoridades lo torturaron para que firmara una declaración forzada, que no le permitieron leer y que, según descubrió más tarde, le incriminaba falsamente en un homicidio. Las autoridades también coaccionaron a la esposa de Hamid Ghare-Hasanlou para que realizara declaraciones incriminatorias contra él que se utilizaron en el tribunal para declararlo culpable. La esposa se retractó ante el tribunal de esas “confesiones”. Las autoridades han negado a personas procesadas por delitos capitales el derecho a acceder a abogados de su elección durante la fase de investigación y en el juicio, y han impedido a abogados designados de forma independiente representar a clientes en el tribunal y acceder a expedientes y sentencias. Asimismo, las autoridades han violado reiteradamente el derecho a la presunción de inocencia, y los medios de comunicación estatales han difundido antes del juicio “confesiones” forzadas de varias personas en riesgo de ser ejecutadas. En el caso de Amir Nasr Azadani, futbolista acusado del delito capital de “rebelión armada contra el Estado”, el 11 de diciembre de 2022, en una entrevista con medios de comunicación estatales, el director del departamento de justicia de Isfahán lo declaró culpable antes del juicio diciendo que “el acusado ha confesado inequívocamente sus acciones criminales” y que “existen pruebas suficientes para determinar su participación en el grupo armado”, todo ello mientras el juicio aún se estaba celebrando.

Si desean información detallada sobre los casos de todas las personas citadas en la página 1 de esta Acción Urgente, consulten https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/6308/2022/en/.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 8 de febrero de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi (Yasin), Saeed Shirazi, Mohammad Boroughani, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharagholou, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat (Sadrat) Madani, Manouchehr Mehman-Navaz, Hamid Ghare-Hasanlou, Mohammad Mehdi Karami, Seyed Mohammad Hosseini, Hossein Mohammadi, Akbar Ghafari, Toomaj Salehi, Ebrahim Rigi, Amir Nasr Azadani, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi, Farzad (Farzin) Tahazadeh y Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Hajar Hamidi y Shahram Marouf-Mola (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/6271/2022/es/

Publicado el 16 de diciembre de 2022