El 10 de abril de 2023, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados chilena empezó a debatir un proyecto de ley que criminaliza a las personas refugiadas y migrantes en Chile que no están en situación migratoria regular. De ser aprobada, la ley dispondría penas de prisión para las personas declaradas culpables de entrada y estancia irregular en el país. Este proyecto de ley se basa en políticas y prácticas de Chile que violan el derecho a solicitar asilo, y pondría a las personas refugiadas y migrantes en un mayor riesgo de sufrir violaciones adicionales de derechos humanos, incluida detención arbitraria. Pedimos al Congreso Nacional de Chile que rechace este proyecto de ley.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Sr. Vlado Mirosevic Verdugo

Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

Dirección: Avenida Pedro Montt s/n

Valparaíso, Chile

Tel: +56 32 2505942

Correo-e: vlado.mirosevic@congreso.cl

Twitter: @vladomirosevic

 

Sr. Vlado Mirosevic:

 

Siento una profunda alarma por el proyecto de ley que actualmente está considerando el Congreso chileno y que pretende criminalizar a las personas refugiadas y migrantes. Este proyecto de ley, contenido en el Boletín 15261-25, es contrario tanto al derecho internacional de los derechos humanos como al de los refugiados y a las normas internacionales, y debe ser rechazado.

 

Si se aprueba, las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que lleguen a Chile serán castigados simplemente por buscar protección o una vida mejor.

 

Las autoridades chilenas ya han puesto obstáculos para negar a la gente la protección en Chile. Entre ellos se encuentran la imposición de visados de entrada a los que es imposible acceder, la negación de entrada en la frontera, la falta de información sobre el derecho a pedir protección internacional, y prácticas ilegales que castigan a quienes solicitan asilo exigiendo que informen ellas mismas a las autoridades de que han entrado de forma irregular en el país. Estas medidas violan el derecho de estas personas a solicitar asilo y hacen que les sea prácticamente imposible acceder a una situación migratoria regular o a protección internacional en Chile.

 

El actual proyecto de ley constituye un intento flagrante de limitar aún más los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Entrar irregularmente en el país no debería ser nunca delito.

 

Le pedimos, como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que no escatime esfuerzos para garantizar que este proyecto de ley sea rechazado por el Congreso chileno, y que cualquier proyecto de ley futuro que trate de limitar los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Chile sea rechazado también.

 

Atentamente, [NOMBRE]

 

Información complementaria

 

El proyecto de ley contenido en el Boletín 15261-25, que establece sanciones penales —incluidas penas de prisión— contra personas que entren o permanezcan en el país de forma irregular, es contrario a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, de 1951, y en especial a su artículo 31, relativo a la no criminalización de la entrada irregular de personas solicitantes de asilo o refugiadas.

 

Además, expertos y órganos de derechos humanos tanto del sistema interamericano como de la ONU han reiterado que la entrada y estancia irregular no deben ser tratadas nunca como un delito penal. En virtud del derecho internacional, la criminalización de la migración irregular es innecesaria y desproporcionada, y puede dar lugar a detención arbitraria.

 

El proyecto de ley antes mencionado no es un intento aislado de criminalizar la migración irregular en Chile. Este debate y la votación próxima a celebrarse tienen lugar en un contexto de creciente estigmatización de las personas extranjeras en el país, especialmente las personas venezolanas necesitadas de protección.

 

En respuesta al aumento del número de personas que llegan al país, en febrero de 2023 el gobierno ordenó la militarización de la frontera norte. Además, desde la segunda mitad de 2022, los poderes legislativo y ejecutivo han estado promoviendo varias reformas legislativas que violarían los derechos de las personas solicitantes de asilo y migrantes.

 

Se calcula que, hasta marzo de 2023, habían huido de Venezuela 7,24 millones de personas a causa de la compleja emergencia humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos que se están cometiendo en el país. Se trata de la mayor crisis de refugiados de las Américas, y una de las más grandes en todo el mundo. Chile es el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe que a más personas venezolanas acoge, precedido por Colombia, Perú y Ecuador. Se calcula que en el territorio chileno hay 444.400 personas venezolanas (una cifra conservadora, ya que data de diciembre de 2021). Amnistía Internacional considera que estas personas son refugiadas, de acuerdo con la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena e incorporada al derecho chileno.

 

En su informe “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, Amnistía Internacional ha identificado una serie de medidas adoptadas o implementadas por las autoridades que, tomadas en su conjunto, en la práctica impiden a personas necesitadas de protección, como las venezolanas, solicitar asilo o acceder a una condición migratoria regular en Chile. Habida cuenta de la imposibilidad de obtener visados, muchas personas necesitadas de protección internacional, como las venezolanas, no tienen más opción que entrar en el país de forma irregular. Otras están expuestas a ser devueltas sumariamente en la frontera, una práctica prohibida por el derecho internacional que pone a estas personas en un mayor riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. A las personas necesitadas de protección internacional que consiguen entrar en Chile les resulta extremadamente difícil acceder a la condición de refugiadas o regularizar su situación migratoria, debido a la práctica ilegal de exigirles que informen ellas mismas de su entrada irregular y a otras prácticas arbitrarias que violan tanto el derecho internacional como el derecho internacional de los refugiados. En 2021, el Servicio Nacional de Migraciones registró 3.867 solicitudes de asilo. De ellas, el 79% eran de personas de ciudadanía venezolana. Este año, del total de solicitudes recibidas, sólo 19 fueron aceptadas, mientras que 3.082 fueron rechazadas. En marzo de 2023, Amnistía Internacional advirtió de que negar a estas personas el acceso al procedimiento para ser reconocidas como refugiadas las pone en un grave peligro de ser devueltas a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de junio de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas refugiadas y migrantes en Chile (no aplicable)

 

Publicado el 19 de abril de 2023