El solicitante de asilo yemení Abdul-Baqi Saeed Abdo, que lleva más de 20 meses detenido arbitrariamente en Egipto, corre peligro de ser deportado a Yemen, donde su vida correría peligro. Abdul-Baqi Saeed Abdo y su familia se vieron obligados a huir de Yemen a Egipto en 2014 tras haber sufrido violentos ataques impunemente después de que anunciara en las redes sociales su conversión al cristianismo. Las fuerzas de seguridad egipcias lo detuvieron el 15 de diciembre de 2021 y lo mantuvieron en desaparición forzada durante dos semanas, antes de presentarlo para interrogatorio ante un fiscal, quien ordenó su prisión preventiva en espera de las investigaciones —sobre cargos falsos— de “unirse a un grupo terrorista” y “difamación de la religión islámica”. Abdul-Baqi Saeed Abdo permanece recluido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, conciencia y creencias, y debe ser puesto en libertad de inmediato; debe detenerse cualquier plan de deportarlo.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Ministro del Interior Mahmoud Tawfiq
Minister of Interior Mahmoud Tawfiq

Ministry of Interior

25, El Sheikh Rihan Street

 Bab al-Louk, Cairo, Egipto

Fax: +202 2794 5529

Correo-e: center@iscmi.gov.eg; E.HumanRightsSector@moi.gov.eg

Twitter: @moiegy

 

Señor Ministro:

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la detención arbitraria de Abdul-Baqi Saeed Abdo, solicitante de asilo yemení de 54 años de edad recluido en la prisión Al Qanater 1, al norte de El Cairo, que corre peligro de ser deportado. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Abdul-Baqi Saeed Abdo en su casa el 21 de diciembre de 2021 y lo mantuvieron en desaparición forzada durante dos semanas, tiempo en el cual las autoridades se negaron a facilitar a su familia información sobre su suerte y su paradero. Posteriormente lo llevaron ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, donde un fiscal ordenó su prisión preventiva en espera de las investigaciones sobre cargos de “unirse a un grupo terrorista conociendo su propósito” y “difamación de la religión islámica”. Estos cargos están relacionados con su conversión al cristianismo, sobre la cual Abdul-Baqi Saeed Abdo había publicado regularmente en sus plataformas de redes sociales desde su huida de Yemen a Egipto en 2014. Desde que fue detenido en diciembre de 2021, su prisión preventiva se ha ido ampliando sin brindarle una oportunidad de impugnar de forma significativa la legalidad de su detención.

En julio de 2022, las autoridades egipcias emitieron una orden de deportación para Abdul-Baqi Saeed Abdo. Si lo devuelven a Yemen, correrá peligro de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos y muerte, por vías que incluyen la imposición de la pena capital o el homicidio a manos de grupos armados o agentes no estatales. Según el artículo 259 del decreto de la República Yemení para la Ley núm. 12 de 1994, que se refiere a los delitos y las penas: “Toda persona que vuelva la espalda a la religión del Islam o la denuncie será castigada con la pena de muerte tras ser interrogada tres veces respecto a su arrepentimiento y tras darle un respiro de treinta días. La apostasía en público, de palabra o acto, se considera contraria a los principios del Islam y sus pilares en cuanto a intención y determinación. Si no se establece la intención o determinación y el culpable muestra arrepentimiento, no habrá castigo”. Habida cuenta de estas disposiciones, y de las amenazas anteriores sufridas en Yemen, Amnistía Internacional considera que la vida de Abdul-Baqi Saeed Abdo correrá peligro en caso de ser devuelto a su país.

Lo insto a poner de inmediato en libertad a Abdul-Baqi Saeed Abdo, ya que su detención está vinculada exclusivamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, conciencia y creencia, y a detener cualquier plan de deportarlo a Yemen, donde correría un riesgo real de sufrir persecución. Hasta su puesta en libertad, sus condiciones de reclusión deberán ajustarse a las normas internacionales para el tratamiento de los reclusos, y se le deberá permitir acceso inmediato a sus familiares, a sus abogados y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Atentamente, [NOMBRE]

 

Información complementaria

 

Abdul-Baqi Saeed Abdo huyó en agosto de 2014 de Yemen a Egipto, donde se inscribió en el registro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Después de anunciar en 2013 en sus plataformas de redes sociales su conversión al cristianismo, él y su familia, que vivían en una zona rural fuera de Taiz, fueron objeto de una oleada de violentos ataques. Según contaron a Amnistía Internacional algunos miembros de su familia, fue despedido de su empleo, le dañaron su automóvil y, en junio de 2014, prendieron fuego a su casa; su esposa falleció a consecuencia de aquel ataque. En agosto de 2014 huyó de Yemen a Egipto con sus cuatro hijos.

El 23 de junio de 2022, un grupo egipcio de derechos humanos, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, advirtió de la inminente deportación de Abdul-Baqi Saeed Abdo y pidió a las autoridades egipcias que detuvieran su devolución y retiraran los cargos en su contra. El 30 de junio de 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, el relator especial sobre cuestiones de las minorías y el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, todos ellos de la ONU, enviaron una carta a las autoridades egipcias destacando la detención arbitraria, la desaparición forzada y el procesamiento injusto de Abdul-Baqi Saeed Abdo.

Las minorías religiosas que viven en Egipto, incluida la cristiana, sufren una arraigada discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades no han protegido a la población cristiana de los reiterados ataques sectarios y la violencia de los grupos armados que han atacado sus comunidades desde 2013, y no han llevado ante la justicia en juicios justos a los responsables de ejercer la violencia. Tampoco han protegido a la población cristiana de los ataques de grupos armados en Sinaí del Norte ni han garantizado el regreso seguro de centenares de personas cristianas desplazadas forzosamente desde Sinaí del Norte a raíz de los violentos ataques de 2017; además, no han proporcionado a estas personas indemnización alguna por la pérdida de bienes y medios de sustento. Los miembros de las minorías religiosas y las personas de fe musulmana que no abrazan las creencias religiosas sancionadas por el Estado han sido objeto de detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y encarcelamientos injustos por “difamación de la religión” y otros cargos falsos, mientras que otras personas han sido atacadas simplemente por practicar su fe o defender los derechos de las minorías religiosas.

Egipto es parte tanto en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados como en la Convención de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, tratados por los que está obligado a prestar protección internacional a las personas refugiadas y a respetar el principio de no devolución. Según un memorando de entendimiento establecido en 1954 entre Egipto y el ACNUR, la inscripción en el registro y la determinación de la condición de refugiado en el país son competencia del ACNUR, mientras que las autoridades egipcias están obligadas a permitir a las personas solicitantes de asilo entrevistarse con representantes del ACNUR y a respetar las evaluaciones de éste sobre la condición de refugiadas de dichas personas. Los medios de comunicación egipcios informaron en junio de 2023 de que las autoridades intentan acelerar la adopción de una nueva ley de asilo. Aunque el proyecto de ley aún no se ha hecho público, los informes indican que, en virtud de la propuesta, todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas del país tendrían que registrarse ante las autoridades y regularizar su situación en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones ejecutivas de la ley.

Egipto está obligado a no devolver a personas a una situación en la que puedan correr peligro de persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos, incluida la privación arbitraria de la vida. El principio de no devolución está reconocido como norma en el derecho internacional consuetudinario y está consagrado en instrumentos internacionales, como la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Egipto es Estado Parte.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 2 de noviembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Abdul-Baqi Saeed Abdo (masculino)

Publicado el 14 de septiembre de 2023