En Irán, al menos 5 personas están condenadas a muerte en relación con la sublevación “Mujer Vida Libertad” de 2022, mientras otras 15, como mínimo, corren el riesgo de ser condenadas a esta pena y 8 han sido ejecutadas arbitrariamente tras simulacros de juicio manifiestamente injustos. Las autoridades han vulnerado gravemente los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como palizas, descargas eléctricas y violencia sexual. Crece la preocupación ante la posibilidad de que se lleven a cabo más ejecuciones relacionadas con las protestas en medio de un fuerte aumento del uso de la pena de muerte, pues, solamente en noviembre, las autoridades han ejecutado al menos a 115 personas.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union,
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles (Bélgica)

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

 

Me preocupa enormemente el hecho de que al menos 20 personas puedan ser condenadas a muerte o ejecutadas en relación con las protestas que se llevaron a cabo en todo el país “Mujer Vida Libertad” entre septiembre y diciembre de 2022. Entre ellas figuran al menos 5 hombres —Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkouri y Reza (Gholamreza) Rasaei— condenados a muerte actualmente y en grave riesgo de ejecución tras juicios manifiestamente injustos por cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi). Al menos otro hombre —Mahan Sadrat (Sedarat) Madani— podría ser sometido a un nuevo juicio por cargos punibles con la pena capital después de que el Tribunal Supremo anulase en diciembre de 2022 su sentencia condenatoria y su condena a muerte y su causa volviera a los tribunales inferiores. Amnistía Internacional sabe de otros 2 hombres —Saeed Shirazi y Abolfazl Mehri Hossein Hajilou— como mínimo que han sido juzgados por cargos que conllevan la pena de muerte. Al menos una docena de personas más están bajo investigación por delitos capitales relacionados con las protestas, y preocupa la posibilidad de que se impongan más penas de muerte, dado que las autoridades han detenido y encausado a miles de personas en relación con la rebelión.

 

Las personas antes mencionadas han sido sometidas a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios y/o Tribunales de lo Penal en todo el país, incluidas las provincias de Alborz, Teherán, Kermanshah, Juzestán y Sistán y Baluchistán. Se han violado, entre otros, los derechos a acceder a una defensa adecuada y a asistencia letrada de su elección, a la presunción de inocencia, a guardar silencio, a impugnar por medios válidos la legalidad de su detención y a una vista imparcial y pública. Las autoridades han utilizado confesiones forzadas mediante tortura, algunas de las cuales se retransmitieron en los medios de comunicación estatales antes de los juicios, como prueba para dictar sentencias condenatorias. Amnistía Internacional ha documentado la tortura y otros malos tratos infligidos a cuatro de las cinco personas condenadas a muerte consistentes en palizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual y negación deliberada de atención médica.

 

Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte derivadas de las protestas; que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos sin recurrir a la pena de muerte. Solicito que ponga en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Lo insto a que proporcione a todas las personas privadas de libertad acceso a sus familiares y a asistencia letrada de su elección, a que las proteja de nuevas torturas y otros malos tratos, y a que investigue las denuncias de tortura, a fin de que los responsables comparezcan ante la justicia en juicios justos. Por último, le pido que conceda a observadores independientes acceso a los juicios de casos de pena capital y a las personas condenadas en relación con las protestas y, en términos más generales, que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

 

Atentamente,

Información complementaria

En los juicios por delitos capitales asociados a las protestas en todo el país no se ha observado en absoluto un procedimiento judicial significativo. Las autoridades han prohibido a las personas afectadas acceder a asistencia letrada durante la fase de instrucción y también han prohibido que profesionales de la abogacía nombrados de forma independiente asistieran a las vistas y accedieran a los expedientes de sus clientes. Además, han acelerado las causas que conllevan la pena capital y los tribunales se basan en confesiones forzadas obtenidas mediante tortura para dictar sentencias condenatorias.

Amnistía Internacional ha documentado torturas y otros malos tratos a cuatro de las cinco personas condenadas a muerte para obtener confesiones forzadas. Según fuentes informadas, durante los interrogatorios, las autoridades sometieron a Reza (Gholamreza) Rasaei a descargas eléctricas, a asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y a palizas brutales. En octubre de 2023, un tribunal penal de la provincia de Kermanshah lo declaró culpable de “asesinato” y lo condenó a muerte, admitiendo como “prueba” sus confesiones forzadas obtenidas mediante la tortura. Por otra parte, una fuente fidedigna informó a Amnistía Internacional de que las autoridades golpearon repetidamente a Mohammad Ghobadlou, cuya sentencia condenatoria por “corrupción en la tierra” y condena a muerte confirmó el Tribunal Supremo en diciembre de 2022. Además, se le retuvo la medicación para el trastorno bipolar. En abril de 2023, la justicia iraní anunció que un Tribunal Revolucionario de Ahvaz (provincia de Juzestán) había condenado a muerte a Mojahed (Abbas) Kourkouri por “enemistad con Dios”, “corrupción en la tierra” y “rebelión armada contra el Estado”. Su juicio, manifiestamente injusto, se vio empañado por confesiones forzadas obtenidas mediante tortura mientras estaba sometido a desaparición forzada. Según fuentes informadas, Mansour Dahmardehestuvo recluido en circunstancias constitutivas de desaparición forzada, fue sometido a violencia sexual y palizas que le causaron la rotura de la nariz y varios dientes, y tuvo que ser hospitalizado. Según fuentes fidedignas, sus condenas a muerte se basaron en confesiones forzadas obtenidas mediante tortura de haber lanzado piedras y prendido fuego a un neumático durante las protestas.

De las cinco personas condenadas a muerte, Mansoureh Dahmardeh y Manouchehr Mehman Navaz lo fueron por delitos como lanzar piedras e incendio provocado, en violación del derecho internacional, que prohíbe imponer la pena capital por delitos que no impliquen homicidio intencional. Un Tribunal Revolucionario de Teherán declaró culpable y condenó a muerte a Manouchehr Mehman Navaz, que había sido acusado de prender fuego a un edificio oficial durante unas protestas “con intención de hacer frente al Estado islámico”. El Tribunal resolvió, tras un juicio manifiestamente injusto, que este hecho constituía “enemistad con Dios”; la condena a muerte le fue impuesta apenas dos semanas después de que comenzara su juicio, el 29 de octubre de 2022.

Además de las personas mencionadas, Amnistía Internacional ha confirmado los nombres de al menos otras 12 —Farzad (Farzin) Tahazadeh, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Shahram Marouf-Moula, Pouria Javaheri, Mohsen Ahmadpour, Rasul Badaghi, Vahid Abbasi, Reza Arabpour, Sadegh Ghasemi e Ismail Mousavi Nazari— que se encuentran detenidas y están acusadas, inculpadas o procesadas por delitos castigados con la pena capital.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a ocho personas en relación con las protestas tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. El 23 de noviembre de 2023, las autoridades  ejecutaron a Milad Zohrevand, diez días después de que el Tribunal Supremo confirmara su sentencia condenatoria y su condena a muerte por “asesinato” en relación con la muerte de un agente de la Guardia Revolucionaria durante las protestas. Según activistas de derechos humanos residentes fuera de Irán, tras su detención en relación con una protesta en Malayer (provincia de Hamadán), se le negó el acceso a asistencia letrada. En agosto de 2023, Javad Rouhi, cuya sentencias condenatorias y condenas a muerte fueron anuladas por el Tribunal Supremo y remitidas al tribunal inferior para ser juzgado de nuevo, murió bajo custodia en circunstancias sospechosas. Las autoridades iraníes se negaron a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre las causas y circunstancias de su muerte bajo custodia.

Las autoridades iraníes se han embarcado recientemente en otra alarmante oleada de ejecuciones que han acabado con la vida de al menos a 115 personas solamente en noviembre: casi el doble de las ejecuciones llevadas a cabo en noviembre de 2022. Según cifras recabadas por el Centro Abdorrahman Boroumand, el 15 de noviembre las autoridades llevaron a cabo al menos 14 ejecuciones en un solo día. Entre las personas ejecutadas arbitrariamente en noviembre de 2023 figuran Hamidreza Azari, que tenía 17 años en el momento de la ejecución; dos hombres kurdos suníes: Ayoub Karimi y Ghassem Abasteh, y  Kamran Rezaei, ejecutado en relación con las protestas de ámbito nacional de noviembre de 2019, según activistas de derechos humanos residentes en el extranjero. Esta oleada se produce en un contexto de intensificación del uso de la pena de muerte por las autoridades iraníes como herramienta de represión política para afligir y aterrorizar a la población en Irán, e imponer el silencio y el sometimiento mediante la fuerza bruta. En 2023, las autoridades han ejecutado a varias personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito; además, las ejecuciones relacionadas con drogas casi se han duplicado en comparación con 2022 y la oprimida minoría baluchi sigue siendo objeto de ejecuciones de forma desproporcionada.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de febrero de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Ghobadlou, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Reza (Gholamreza) Rasaei, Mahan Sadrat (Sedarat) Madani, Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou (género masculino todos)

Publicado el 5 de enero de 2024