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Para Presidente de la Magistratura de Irán

Irán: ejecución inminente de hombre torturado en relación con protestas

Irán: ejecución inminente de hombre torturado en relación con protestas Reza Rasaei, hombre de etnia kurda y perteneciente a la minoría religiosa yaresaní, corre el riesgo de ejecución inminente, en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad”. Ha agotado todas las vías de apelación y podría ser ejecutado en cualquier momento. Fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto que se basó en sus “confesiones”, forzadas bajo tortura y otros malos tratos, entre los que figuraron golpes, choques eléctricos, asfixia, y violencia sexual.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

 

Reza (Gholamreza) Rasaei, de 34 años, perteneciente a las oprimidas minoría étnica kurda y minoría religiosa yaresaní de Irán, se encuentra en peligro de ejecución inminente en relación con las protestas “Mujer Vida Libertad” que tuvieron lugar en todo el país entre septiembre y diciembre de 2022. Ha agotado todos los recursos legales disponibles para detener su ejecución y se ha dado la orden de que su condena a muerte se lleve a término, por lo que podría ser ejecutado en cualquier momento. El 7 de octubre de 2023, el Tribunal Penal 1 de la provincia de Kermanshah lo condenó a muerte en relación con el homicidio del comandante de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Sahneh, provincia de Kermanshah, durante una protesta acontecida el 18 de noviembre de 2022. La Sección 17 del Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 16 de diciembre de 2023 y la Sección 1 del Tribunal Supremo rechazó su solicitud de revisión judicial el 16 de enero de 2024. Ambas Secciones del Tribunal Supremo hicieron caso omiso de las pruebas exculpatorias, entre ellas testimonios de testigos clave y escritos presentados por su abogado en relación con las deficiencias de la investigación y la omisión de pruebas forenses y de otro tipo. Estos escritos también destacaban que un testigo clave se había retractado de sus declaraciones iniciales, en las que implicaba a Reza Rasaei en la muerte del comandante, y que había declarado posteriormente que las había realizado bajo tortura y otros malos tratos. Reza Rasaei ha negado reiteradamente su implicación en la muerte del oficial de seguridad y ha declarado, especialmente durante el juicio, que sus “confesiones” forzadas se hicieron bajo tortura y otros malos tratos, cuando se lo mantuvo recluido en régimen de aislamiento sin acceso a un abogado. Las autoridades han conculcado el derecho de Reza Rasaei a un juicio justo, incluido el acceso a un abogado desde el momento de la detención, a impugnar de forma significativa la legalidad de su detención, a no autoinculparse y a ser juzgado por un tribunal independiente, competente e imparcial, y a una revisión significativa de su causa por una instancia judicial superior.

 

Reza Rasaei fue detenido en noviembre de 2022. Fue objeto de desaparición forzada durante los primeros cuatro meses de su reclusión. De acuerdo con una fuente informada, durante ese tiempo, y para obligarlo a “confesar”, agentes de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria lo interrogaron y lo sometieron a tortura y otros malos tratos, como aplicarle choques eléctricos, asfixiarlo colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, suspenderlo en vilo por un largo tiempo, propinarle palizas brutales y someterlo a violencia sexual. Las autoridades le han negado el acceso a atención médica adecuada, entre otros, para la fractura de dedos de las manos y los pies, y otras lesiones derivadas de las torturas que sufrió. No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura.

 

Lo insto a que detenga de inmediato cualquier plan para llevar a cabo la ejecución de Reza (Gholamreza) Rasaei, a que anule su sentencia y condena a muerte y a que lo ponga en libertad, puesto que el hecho de que se hayan conculcado de manera flagrante sus derechos a un juicio justo hace su detención arbitraria. Si es acusado de algún delito común reconocible internacionalmente, debe ser juzgado de nuevo con todas las garantías procesales, sin que se recurra a la pena de muerte y sin que se admitan “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Hasta que sea puesto en libertad, lo insto a concederle acceso regular a su familia, a abogados de su elección y a atención médica adecuada; a protegerlo de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, a investigar sus denuncias de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, lo exhorto a conceder a observadores independientes acceso a los juicios de causas punibles con la pena capital relacionados con manifestaciones de protesta y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

 

Atentamente,

 

Información complementaria

Reza Rasaei fue detenido el 24 de noviembre de 2022, seis días después de asistir a la conmemoración anual del fallecimiento de un líder espiritual de la confesión yaresaní el 18 de noviembre de 2022 en Sahneh. La ceremonia conmemorativa se convirtió en una protesta en la que las personas reclamaban verdad y justicia para Kian Pirfalak, a quien dos días antes las fuerzas de seguridad habían matado ilegítimamente en Izeh, provincia de Khuzestan, en el contexto de las protestas “Mujer Vida Libertad”. Durante la protesta celebrada en Sahneh, un agente de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades acusaron a Reza Rasaei, entre otras personas presentes en la conmemoración, de haber apuñalado al oficial de seguridad, lo que él negó en repetidas ocasiones. Según una fuente informada, tras su arresto, Reza Rasaei fue transferido a un centro de detención operado por la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Sahneh, en donde agentes lo sometieron a palizas brutales, choques eléctricos y asfixia colocándole una bolsa de plástico en la cabeza. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, los agentes también lo suspendieron del techo con las manos y piernas atadas a la espalda durante periodos prolongados y lo sometieron a violencia sexual, desnudándolo frente a otros detenidos y poniéndole hielo en sus genitales mientras se hallaba colgado del techo. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Dizel Abad, en la provincia de Kermanshah.

Los agentes de la Guardia Revolucionaria presionaron intensamente a varios de los abogados elegidos por la familia de Reza Rasaei para que dejaran de representarlo. Sólo pudo contratar a un abogado de su elección y reunirse con él después de finalizada la etapa de investigación; aproximadamente cuatro meses después de ser detenido, fue transferido a la prisión de Dizel Abad. El juicio de Reza Rasaei ante la Sección Segunda del Tribunal Penal 1 de Kermanshah se celebró en tres sesiones y la audiencia final tuvo lugar el 21 de septiembre de 2023. Cuando Reza Rasaei le dijo al juez durante el juicio que sus “confesiones” forzadas las había realizado bajo tortura y otros malos tratos en el curso de los interrogatorios en los primeros cuatro meses de su reclusión, el juez que presidía el tribunal se limitó a pedirle que mostrara los hematomas causados por la tortura, aun cuando el juicio se estaba celebrando más de seis meses después de que los interrogatorios hubieran terminado y cuando ya no había hematomas visibles. El juez no ordenó que se investigaran sus denuncias de tortura ni pidió que se le hiciera un examen forense. Tanto durante la apelación como durante la solicitud de revisión judicial, los tribunales hicieron caso omiso de pruebas clave, incluidos los escritos del abogado defensor de Reza Rasaei, en los que se detallaba la naturaleza deficiente e incompleta de las investigaciones, destacando, entre otros aspectos, motivos de preocupación respecto al dictamen del médico forense sobre la cantidad de armas que se usaron en el homicidio del agente. Por otra parte, en los escritos del abogado se resaltaba que el único testigo del juicio que durante los interrogatorios afirmó que había visto a Reza Rasaei apuñalar de frente al agente se retractó posteriormente de sus declaraciones iniciales y dijo que las había realizado bajo tortura y otros malos tratos.

Entre septiembre y diciembre de 2022 tuvo lugar en todo Irán un levantamiento popular sin precedentes contra el régimen de la República Islámica a raíz de la muerte bajo custodia de Jina/Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de su detención arbitraria por la “policía de la moral” iraní. Las autoridades dispararon de forma generalizada e ilegítima munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos, y sometieron a palizas brutales a quienes protestaban. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas, y otros miles resultaron heridos. Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente al menos a nueve personas en relación con este levantamiento tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. Las autoridades han ejecutado por lo menos a otras cuatro personas en relación con las protestas en todo el país desde 2018, y están usando cada vez más la pena de muerte para atormentar y aterrorizar a la población de Irán e imponer el silencio y la sumisión mediante la fuerza bruta.

En Irán, las minorías étnicas y religiosas sufren una arraigada discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades iraníes limitan el acceso de las minorías étnicas a la educación, al empleo y a cargos políticos. Las minorías religiosas —como la yaresaní— sufren discriminación en la legislación y en la práctica, que afecta a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Persa e inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 26 de junio de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Reza (Gholamreza) Rasaei (masculino)


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