Zimbabue: nuevo proyecto de ley en un ataque para la sociedad civil
El 1 de marzo, el gobierno de Zimbabue publicó oficialmente el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024, destinado, al parecer, a “combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo y garantizar que las organizaciones no gubernamentales no llevan a cabo actividades de captación de apoyos de índole política”. Tras la negativa del presidente a sancionar con su firma el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 y la posterior caducidad de este proyecto de ley en agosto de 2023, existía la esperanza de que el presidente hubiera tenido en cuenta las contribuciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil en 2023. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley refleja que la mayoría de los asuntos planteados no se han abordado y que el texto sigue conteniendo disposiciones que afectarán negativamente al espacio de la sociedad civil y amenazarán los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la permanencia y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Presidente del Parlamento
Speaker of Parliament
Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda
Parliament of Zimbabwe
Kwame Nkrumah & 3rd Street
Box CY 298 Causeway, Harare, Zimbabue
Correo-e: clerk@parlzim.gov.zw
X: @ParliamentZim
Estimado Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda:
El 1 de marzo, el gobierno de Zimbabue publicó oficialmente el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024, que se presentó inmediatamente al Parlamento para su primera lectura. En consecuencia, le escribo para expresarle mi preocupación por este proyecto de ley y por las consecuencias que tendrá para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los derechos a la libertad de expresión y asociación en Zimbabue.
Si entra en vigor, el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas impondrá graves restricciones al importante trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en Zimbabue. El proyecto de ley violará los derechos humanos de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, puesto que todas las ONG —incluidas las que han estado desarrollando su actividad como fondos fiduciarios y como universitas (entidades constituidas con arreglo al derecho común)— estarán obligadas a registrarse como organizaciones voluntarias privadas, y las ONG a las que se les deniegue el registro no podrán continuar con sus actividades.
El proyecto de ley también otorga competencias importantes al ministro y el secretario parlamentario, que podrían usarse para interferir en la independencia y el funcionamiento de las ONG. El ministro puede apartar a miembros de los comités y la junta ejecutivos de las ONG y sustituirlos por administradores interinos con el poder de tomar decisiones importantes que puedan afectar al funcionamiento y la existencia de las organizaciones. El secretario parlamentario, bajo la dirección del ministro, también está autorizado para ordenar la rescisión de los contratos de trabajo del personal de la ONG, lo que viola la legislación laboral del país. El proyecto también introduce sanciones de carácter civil y penal que se pueden imponer contra miembros de la junta, responsables o miembros del personal. Estas sanciones desalentarán a la gente de relacionarse con las ONG por temor a que alguna de las disposiciones imprecisas de esta ley pueda usarse en su contra.
Por tanto, insto al Parlamento a anular con urgencia las disposiciones del Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024 que violan los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, y a garantizar que se eliminan o modifican estas disposiciones, cumpliendo con las obligaciones y compromisos constitucionales e internacionales contraídos por el país en materia de derechos humanos. Lo insto a garantizar que se llevan a cabo consultas públicas legítimas para tener en cuenta la opinión de la gente. Asimismo, lo insto a implicar a las ONG y garantizar que se tienen en cuenta sus opiniones y comentarios en el proceso, sobre todo porque van a ser las principales afectadas por el proyecto de ley en caso de ser aprobado.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
En 2018, Zimbabue fue incluido en el programa de vigilancia del Grupo de Acción Financiera, tras observarse lagunas en su política y su marco jurídico. En 2022, el país fue retirado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, aunque el gobierno continúa tratando de que el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas entre en vigor.
El 31 de agosto de 2001, el gobierno de Zimbabue aprobó en Consejo de Ministros enmiendas a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, propuestas por el Ministerio de Justicia, Asuntos Jurídicos y Parlamentarios. Los cambios propuestos se recibieron con escepticismo generalizado dado el actual contexto y las experiencias históricas del país. La interpretación de las disposiciones del proyecto de ley propuesto sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 debe hacerse en el actual contexto en el que se propone. En general, las disputas postelectorales, el desplome de la economía y las dificultades económicas generalizadas producto de unas políticas económicas y unas medidas de austeridad deficientes han agravado las tensiones en el país. Las ONG han sido falsamente acusadas de injerencia en los asuntos políticos y de agitar a la población para que vote contra el partido gobernante.
El Proyecto de Ley de reforma de Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 aglutinaba a todas las organizaciones de la sociedad civil inscritas con arreglo a diferentes leyes bajo una sola, y en sus cláusulas se nota el intento de controlar y suprimir a la sociedad civil consideraba “antigubernamental”. El objetivo era limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y vulnerar los derechos civiles y políticos que les garantiza la constitución. El proyecto de ley contiene disposiciones demasiado amplias e imprecisas en las que se prohíbe apoyar u oponerse a un partido o candidato político, pero sin definir claramente qué se entiende por apoyar u oponerse a un partido político. La sociedad civil ha presentado información oral y por escrito, incluido el “Análisis Conjunto de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas”, en el que manifestaban sus motivos de preocupación al Comité Jurídico del Parlamento y el Comité Parlamentario sobre Servicios Públicos. El 11 de abril de 2022, la sociedad civil mantuvo una reunión consultiva con el ministro de Justicia, que se refirió a la posibilidad de que el Parlamento accediera a introducir varias enmiendas. Las modificaciones propuestas que el ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social presentó al Parlamento son más represivas que las primeras, e incluyen disposiciones que presentan nuevas penas y sanciones, de carácter penal y civil excesivamente punitivas para las Organizaciones Voluntarias Privadas infractoras, así como la responsabilidad civil individual de sus fideicomisarios/as, empleados/as y directivos/as y de cualquier persona que participe en el control de una Organización Voluntaria Privada, incluidos miembros del público.
En febrero de 2023, el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 fue aprobado tanto por la Asamblea Legislativa como por el Senado, y remitido al presidente para que lo sancionara con su firma. En marzo de 2023, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron en contacto con el presidente Emmerson Mnangagwa y le señalaron que el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas contenía disposiciones que no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución y que obstaculizaría la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Además, indicaron que Zimbabue tiene un régimen normativo adecuado que podría utilizarse para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil no son utilizadas para financiar el terrorismo y blanquear capitales. El presidente no firmó el proyecto de ley y lo devolvió al Parlamento con reservas.
En agosto de 2023, el proyecto de ley de 2021 caducó al disolverse el Parlamento ante las elecciones de 2023. En octubre de 2023, fue incluido en la lista de proyectos de ley cuando el presidente anunció la agenda legislativa. El Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024 fue publicado en marzo de 2024 y presentado de inmediato en el Parlamento para su primera votación. Continúa siendo un texto represivo que no ha tomado en cuenta ninguno de los motivos de preocupación planteados por las organizaciones de la sociedad civil ni las aportaciones de la opinión pública durante las sesiones parlamentarias públicas del anterior Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021.
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