Se encuentra en debate en el Senado de la Nación un proyecto de ley que busca eliminar la moratoria previsional. De aprobarse, impactará directamente sobre los derechos de las personas mayores, especialmente de las mujeres y los trabajadores informales. Pedimos que se realice un escrutinio sustantivo con perspectiva de derechos humanos y que se rechace cualquier alternativa que perjudique la igualdad de acceso a las jubilaciones y la vida digna de las personas mayores.

El 30 de abril la Cámara Baja de la Nación dio su aprobación preliminar a la propuesta de Ley de Bases que, entre varias reformas económicas y fiscales, introduce cambios en el sistema previsional argentino. La propuesta se debate ahora en el Senado. Si se aprueba, se convertirá en ley.

 

El anteproyecto establece: i) la supresión de la moratoria previsional y ii) incorpora una nueva figura, la Jubilación Proporcional para quienes tengan 65 años, pero no cumplan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación mínima. De aprobarse, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán jubilarse a los 60 ó 65 años, teniendo que optar por alternativas que no cubren el coste de las necesidades básicas. Esta modificación también tendrá un efecto significativo en el acceso a la jubilación de miles de personas. Según datos oficiales, 8 de cada 10 de las personas que se registraron para jubilarse en 2023 lo hicieron a través de un plan de moratoria.

 

Las moratorias previsionales son políticas públicas para garantizar el acceso a la jubilación de las personas que no tienen 30 años cotizados. Su objetivo es reparar situaciones de desigualdad frente a trayectorias laborales informales en un país en el que más del 47% del mercado laboral se realiza sin aportes ni registro. Las moratorias permiten que una persona que no ha recibido o no ha podido hacer aportes a lo largo de su vida acceda a una jubilación mientras realiza un pago mensual para cancelar la deuda previsional.

 

Si se deroga la moratoria previsional, quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse sólo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. En marzo, el monto de la PUAM se fijó en $107.000/$107 dólares, y la jubilación mínima en $134.000 (dólares 134), montos alejados del ingreso necesario para evitar la pobreza según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticos y Censos) que es de$250.000/$250 dólares. Quienes cobran la jubilación mínima están muy por debajo de la línea de pobreza. El proyecto propone que la mayoría de los futuros jubilados, tanto hombres como mujeres, reciban aún menos.

 

Si bien la ley impactará en todos aquellos que no cuenten con aportes suficientes por informalidad y/o trayectorias personales específicas, tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres ya que tienen mayores tasas de informalidad que los hombres. Según la Dirección Nacional de Género y Estadística: en 2022 casi 4 de cada 10 mujeres trabajaban en el sector informal en actividades relacionadas con el cuidado (trabajo doméstico, servicios sociales y de salud). Las mujeres dedican 6,5 horas al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3,7 horas, por lo que los hombres trabajan más horas remuneradas que las mujeres. Al mismo tiempo, el porcentaje de mujeres que realizan este tipo de tareas es del 91,7%; superior al 75,1% registrado para los hombres.

 

Esta desigualdad histórica se manifiesta en el acceso a la jubilación: según datos oficiales, sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse (entre 55 y 59 años) tiene más de 20 años de aportes. En la misma línea, cuando se promulgó la actual moratoria previsional, el 90% de las mujeres que iniciaron el trámite para acceder a la jubilación declararon haber prestado servicios de cuidado no remunerados y no registrados durante muchos años.

 

Aunque el proyecto de ley no modifica formalmente la edad mínima de jubilación de las mujeres, que actualmente es de 60 años, en la práctica sí lo hace, ya que la mayoría de ellas tendrá que esperar hasta los 65 años para acceder a la prestación proporcional de jubilación o a la ya existente Prestación Universal de Vejez (PUAM). Hay 246.000 mujeres de entre 60 y 65 años en esa situación.

 

Además, Argentina afronta una crisis económica y social desde hace varios años. En diciembre de 2023, la tasa de pobreza era de casi el 42% y el desempleo rozaba el 6%. Los cambios propuestos en el sistema previsional se producen en un contexto en el que Argentina ha recurrido al FMI, a través del mayor préstamo jamás concedido por la institución financiera internacional. El FMI ha incluido entre las condicionalidades para Argentina el logro de un «déficit cero». Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, este objetivo se ha reflejado en la adopción de fuertes medidas de ajuste fiscal y austeridad. En su último informe sobre el país, el FMI ha señalado el coste adicional para el PIB de la moratoria previsional, al tiempo que ha pedido que se proteja a los más vulnerables. En un contexto de años de pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, es preocupante que las medidas del Gobierno no aporten una solución urgente para garantizar unas condiciones de vida dignas a las personas mayores.

 

La caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por el actual gobierno. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional durante el primer bimestre de 2024 (pesos argentinos $ 3.869.000 millones) fue del 43% ($ 1.682.000 millones) explicada por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones, que fue del 33% respecto del primer bimestre de 2023.

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Honorables Senadores y Senadoras,

Les escribo para expresarles mi profunda preocupación por el proyecto de Ley de Bases que busca eliminar la moratoria previsional, ya que podría impactar severamente en el acceso a la jubilación de millones de personas en Argentina. De aprobarse, el 90% de las mujeres y el 70% de los hombres no podrán jubilarse a los 60 o 65 años, debiendo optar por alternativas que no cubren el costo de las necesidades básicas. Según datos oficiales, 8 de cada 10 personas que iniciaron los trámites jubilatorios en 2023 lo hicieron a través de la moratoria previsional.

La moratoria previsional permite a las personas que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley, acceder al 100% de la jubilación con una deducción mensual del monto que adeudan al sistema previsional.

La posible eliminación de la moratoria previsional dejaría a una gran parte de la población en una situación crítica, considerando que la tasa de informalidad laboral supera el 47%. Las personas que trabajan en la educación, la construcción y las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado, entre otros, se verán seriamente afectadas ya que no han recibido aportes previsionales por parte de los empleadores durante su vida laboral o no han podido realizarlos.

Según el derecho internacional, aún en tiempos de crisis económica los Estados deben demostrar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos a su disposición para cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo evaluaciones sólidas para garantizar que las políticas públicas adoptadas no son regresivas y no tienen un efecto desproporcionado sobre los grupos más vulnerables. Además, los Estados deben adoptar medidas deliberadas y específicas para salvaguardar los derechos de las personas que sufren discriminación y marginación, incluidas las personas mayores.

Por lo tanto, lo insto a desistir de la eliminación de las moratorias previsionales por los riesgos que representa para la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para las personas mayores y a asegurar que cualquier reforma previsional cumpla con las obligaciones internacionales de Argentina en la materia.

Atentamente,

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Enviar a:

Senador Martín Lousteau: martin.lousteau@senado.gob.ar

Senador José Miguel Angel Mayans: mayans@senado.gob.ar

Senador Luis Alfredo Juez: fpro@senado.gob.ar

Senador Bartolomé Abdala: bartolome.abdala@senado.gob.ar

Senadora Juliana Di Tullio: juliana.ditullio@senado.gob.ar

Senador Eduardo Alejandro Vischi: bloqueUCR@senado.gob.ar

                                               Senador Juan Carlos Romero: juan.romero@senado.gob.ar  

Senador José María Carambia: jose.carambia@senado.gob.ar

Senador Carlos Mauricio Espinola: carlos.espinola@senado.gob.ar

Senadora Carmen Lucila Crexell: lucila.crexell@senado.gob.ar

Senador Carlos Omar Arce: carlos.arce@senado.gob.ar

Senadora Mónica Esther Silva: monica.silva@senado.gob.ar

 

Por favor, remita también un correo electrónico a Amnistía Internacional Argentina para hacer un seguimiento de los correos enviados y poder compartirlo con otras autoridades a: contacto@amnistia.org.ar

 

Publicado el 22 de mayo de 2024