Desde septiembre de 2023, las autoridades egipcias han llevado a cabo detenciones masivas de personas refugiadas sudanesas por entrar o permanecer en el país de forma irregular. Las personas arrestadas han permanecido retenidas en condiciones crueles e inhumanas durante periodos que oscilan entre unos pocos días y seis semanas, para luego ser deportadas forzosamente a Sudán sin evaluación individualizada del riesgo a su regreso ni oportunidad de solicitar asilo o impugnar la decisión de deportación. Decenas de miles de personas sudanesas indocumentadas siguen en riesgo de ser detenidas arbitrariamente y devueltas a la fuerza tan sólo por su situación migratoria.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Ministro del Interior 

Minister of Interior 

Ministry of Interior; 25, El Sheikh Rihan Street; Bab al-Louk, Cairo, Egipto

Fax: +202 2794 5529; Correo-e: center@iscmi.gov.eg; E.HumanRightsSector@moi.gov.eg; center@moi.gov.eg 

X (antes Twitter): @moiegy

Señor ministro:

 

Me preocupan gravemente las detenciones arbitrarias y retenciones de personas sudanesas en Egipto debidas únicamente a su situación migratoria, así como su devolución forzosa a Sudán, donde se libra un conflicto armado interno desde abril de 2023. Estas deportaciones ilegítimas se están produciendo sin llevar a cabo evaluaciones de riesgo individualizadas ni posibilidad de solicitar asilo. Decenas de miles de personas refugiadas sudanesas indocumentadas, incluidas las que aguardan una cita con el ACNUR, corren también el riesgo de ser detenidas arbitrariamente y devueltas por la fuerza a Sudán. 

 

Desde septiembre de 2023, la policía egipcia y la guardia de fronteras han efectuado detenciones masivas de personas refugiadas sudanesas sobre la base de su situación migratoria; el ACNUR informó de la deportación de al menos 3.000 personas tan sólo en ese mes. La policía, principalmente con ropas de civil, ha realizado controles de identidad masivos dirigidos a la población negra en El Cairo y Giza y detenido a quienes no disponían de documento de identidad o permiso de residencia en vigor. En la gobernación de Asuán, las personas refugiadas sudanesas se exponen a sufrir detenciones mientras se desplazan en autobús o suben a él, en las calles de la ciudad de Asuán y sus alrededores, en las zonas fronterizas con Sudán y en los hospitales públicos cuando reciben tratamiento por heridas producidas en accidentes de tráfico en el trayecto de Sudán a Egipto. Las personas detenidas permanecen retenidas en comisarías, campamentos de la policía antidisturbios y otras instalaciones improvisadas, como almacenes y establos en terrenos militares de toda la gobernación, durante periodos que oscilan entre unos pocos días y seis semanas, para luego ser deportadas forzosamente. Además, se enfrentan a condiciones de detención crueles e inhumanas —como el hacinamiento y la falta de saneamiento y de alimentos suficientes— y se les niega el acceso a la asistencia sanitaria.

 

Las detenciones y expulsiones masivas se producen después de que el 29 de agosto de 2023 el Primer Ministro emitiera un decreto en el que exigía que toda la población extranjera en Egipto regularizara su situación a través de patrocinadores egipcios y del pago de multas. Además, suceden en medio de un aumento de los discursos racistas y xenófobos en las redes sociales y tradicionales, así como de las declaraciones de altos funcionarios sobre la carga económica que supone para Egipto acoger a personas refugiadas.

 

Lo insto a que detenga de inmediato todas las expulsiones colectivas a Sudán y respete el principio de no devolución (non-refoulement) no trasladando a nadie a un lugar como Sudán, donde existe riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos. También lo insto a que ponga fin a las detenciones arbitrarias y reclusiones de ciudadanos sudaneses basados únicamente en su situación migratoria y a que libere inmediatamente a todas las personas sometidas a detención arbitraria. Hasta el momento de su liberación, debe garantizar que sus condiciones de reclusión se ciñen a las normas internacionales relativas al trato de personas reclusas y que éstas tengan acceso a su familia, a asistencia letrada y a la atención médica que puedan necesitar.

 

Atentamente,

Información complementaria

A fecha de 14 de marzo de 2024, según los datos del gobierno egipcio obtenidos por el ACNUR, desde que comenzó el conflicto en abril de 2023 habían cruzado a Egipto aproximadamente 500.000 personas de nacionalidad sudanesa, de las cuales cerca de la mitad permanecían indocumentadas. En mayo de 2023, el ACNUR pidió a los Estados que suspendieran las devoluciones de ciudadanos y apátridas residentes habituales en Sudán y que permitieran acceder a sus territorios a la población civil que huía de Sudán, incluida la que carecía de pasaporte y de otra documentación de identidad. Sin embargo, ese mismo mes, las autoridades egipcias comenzaron a imponer restricciones adicionales a la entrada de las personas de nacionalidad sudanesa que huían del conflicto, incluida la exigencia de que todas ellas obtuvieran un visado de entrada. Además, las autoridades revirtieron prácticas anteriores que permitían la entrada de personas de nacionalidad sudanesa con pasaporte caducado o documentos de viaje temporales e introdujeron como requisito adicional la autorización de seguridad para los varones de entre 16 y 50 años que entraran en Egipto a través del aeropuerto internacional de El Cairo. Estas medidas dejaron a quienes huían del conflicto activo sin más opciones que cruzar la frontera entre Egipto y Sudán de forma irregular.

Se desconoce el número exacto de personas sudanesas detenidas en Egipto y deportadas desde que estalló el conflicto en Sudán, ya que las autoridades egipcias no facilitan estadísticas y no han reconocido públicamente la política de expulsiones. Entre abril y septiembre de 2023, el ACNUR registró más de 5.000 expulsiones de Egipto a Sudán debido a documentación legal caducada o falta de condición de residencia. En noviembre de 2023, se comunicó que se había deportado de Egipto a unas 1.600 personas sudanesas, incluidas personas refugiadas registradas. Amnistía Internacional ha documentado con detalle las penurias de 27 personas refugiadas sudanesas detenidas junto con otras 260 personas entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Entre enero y marzo de 2024, 26 de las 27 fueron objeto de una expulsión colectiva que afectó a unos 800 personas refugiadas sudanesas más.

El Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional ha revisado fotografías y vídeos de centros de detención improvisados de la guardia de fronteras, tomados por personas que estuvieron retenidas en ellos, y ha utilizado imágenes por satélite para verificar los detalles de dos centros utilizados, uno en Abu Simbel y otro cerca de la localidad de Wadi Al Karur, ambos en la gobernación de Asuán. Dichas personas refirieron a Amnistía Internacional condiciones de reclusión crueles e inhumanas que violaban la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Resulta alarmante que se detuviera a personas que recibían tratamiento en hospitales públicos y se las trasladara a centros de detención sin que hubiera concluido su tratamiento y en contra de la opinión médica, y que se las obligara a dormir en el suelo tras una intervención quirúrgica. En estos terrenos militares se retuvo a madres junto con sus hijos e hijas. Según el derecho internacional, todas las personas, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a no ser sometidas a detención arbitraria y a no ser detenidas únicamente por motivos relacionados con la migración sin oportunidad de impugnar la legitimidad de su detención; por otra parte, nunca debe detenerse a menores debido a su situación migratoria, ya que nunca favorece sus intereses.

En marzo de 2024, la Unión Europea y Egipto acordaron convertir su relación en una asociación estratégica e integral, por la que la UE se comprometía a proporcionar a Egipto un paquete de apoyo financiero y de inversión por un total de 7.400 millones de euros para el periodo 2024-2027. El paquete incluía 5.000 millones de euros en préstamos como ayuda macrofinanciera, 1.800 millones de euros para apoyar las inversiones privadas y 600 millones de euros en subvenciones, incluidos 200 millones para la gestión de la migración. Según la declaración conjunta, la UE proporcionará ayuda financiera para programas relacionados con la migración, entre ellos la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el refuerzo de la gestión fronteriza y la garantía de un retorno y una reintegración dignos y sostenibles, además de seguir apoyando las actividades de Egipto para acoger a las personas refugiadas. La declaración también hacía hincapié en que ambas partes se comprometían a proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sin dar más detalles sobre salvaguardas de los derechos humanos ni parámetros de referencia concretos.

Egipto es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África de 1969 y está sujeto al principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe a los Estados trasladar a nadie, en modo alguno, a un lugar donde corra el riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de los derechos humanos. Las devoluciones forzosas sin garantías procesales infringen el principio de no devolución.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de agosto de 2024.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Publicado el 25 de junio de 2024