Entre el 29 de julio y el 7 de agosto de 2024, más de dos mil personas han sido detenidas por protestar o ser consideradas críticas al gobierno. La mayoría de las detenciones son de personas jóvenes, incluidas al menos 105 entre 13 y 17 años. Al menos 16 personas que viven con discapacidades como invidencia o discapacidad auditiva permanecen detenidas. Persisten las denuncias creíbles de incomunicación y negación de asistencia legal, con alto riesgo de malos tratos y tortura. Exigimos que las autoridades liberen a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos y pedimos al fiscal general proteger a las personas en situación de vulnerabilidad por edad, vivir con alguna discapacidad, o condiciones de salud graves o crónicas.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

Edificio Sede Principal del Ministerio Público,

Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, 

Caracas, Venezuela

Email: ministeriopublico@mp.gob.ve  

Señor Fiscal General de la República,

 

Los anuncios oficiales de la detención de más de dos mil personas por ejercer sus derechos a la reunión pacífica, libertad de expresión, y participación política son deplorables. Entre estas personas, hay más de 100 adolescentes, de edades entre los 13 y 17 años, y al menos 16 personas con alguna discapacidad, que han sido víctimas de esta ola de represión. La protesta debe protegerse, no castigarse.

 

Preocupa en extremo que prácticamente ninguna de estas personas, incluidas adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad como mujeres jóvenes embarazadas, sufran la falta total de garantías del debido proceso, como la incomunicación con sus familiares, la negación de defensa de su representación legal de confianza, y traslados injustificados a prisiones de máxima seguridad. Es alarmante saber de los riesgos reales que enfrentan estos miles de personas de sufrir malos tratos o incluso tortura.

 

Las detenciones, torturas, muertes, uso excesivo de la fuerza, practicadas arbitrariamente y con impunidad son características de una política de represión que existe hace años, cuyo objetivo es silenciar la disidencia, incluida la protesta. Es importante recordar que tanto la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han establecido que los crímenes cometidos en Venezuela parecen constituir crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben.

 

Por todo lo anterior, le exigimos que proteja a quienes ejercen el derecho a la reunión pacífica, que libere de inmediato a todas las personas detenidas por protestar, y proteja a aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad por su edad, vivir con alguna discapacidad, o condiciones de salud graves o crónicas.

 

Atentamente,

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda desde hace al menos diez años. En este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja, que han llevado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero.

El 28 de julio, Venezuela vio una participación masiva en las elecciones presidenciales, a pesar de un contexto preelectoral caracterizado por la persecución, la censura y un discurso amenazante. Al finalizar la votación, las autoridades electorales anunciaron a Nicolás Maduro como el ganador. Sin embargo, la oposición denunció que tal resultado no se sustentaba con las actas formales que recabaron durante la elección. La autoridad electoral no ha publicado resultados oficiales, tal y como lo establecen las leyes venezolanas. Desde entonces, estallaron manifestaciones masivas en todo el país en apoyo de la oposición. En respuesta, las autoridades estatales desplegaron su política de represión a gran escala, que incluye: uso de fuerza letal y menos letal, que ha tenido como resultado al menos 17 personas fallecidas, la mayoría jóvenes, incluyendo dos adolescentes; detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos; posible tortura de figuras clave de la oposición; allanamientos ilegales de viviendas con uso excesivo de la fuerza; movilización de grupos armados pro-gobierno (colectivos) y fuerzas de seguridad no uniformadas; y un discurso fuertemente estigmatizador contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Los acontecimientos en el país son muy dinámicos y volátiles, con cifras de violaciones de derechos humanos que aumentan cada día y anuncios públicos de actores nacionales y extranjeros que se emiten constantemente.

Además de las detenciones masivas de manifestantes, entre el 29 de julio y el 7 de agosto, Amnistía Internacional ha observado con preocupación un dramático repunte de la política represiva del gobierno, que incluye:

• Al menos 17 personas fallecidas por el uso de fuerza letal y menos letal.


• Denuncias creíbles de órdenes de arresto emitidas contra figuras del liderazgo opositor, incluido el candidato presidencial y la líder política de la oposición.


• Denuncias de actos de tortura cometidos contra, al menos, una figura de alto nivel de la oposición, con el supuesto propósito de obtener una confesión autoinculpatoria.


• Decenas de allanamientos ilegales de viviendas con uso de la fuerza para hostigar, intimidar y detener a activistas y manifestantes.


• Reportes creíbles sobre el despliegue generalizado de fuerzas de seguridad no uniformadas y grupos armados utilizando fuerza letal y fuerza menos letal excesiva.


• Estigmatización reiterada y constante por parte de altos funcionarios gubernamentales y autoridades vinculadas al gobierno contra líderes de la oposición, activistas, defensores de derechos humanos, manifestantes y OSC. Varias personas defensoras de derechos humanos han sido detenidas, incluidas Edni López, Kennedy Tejeda, Edward Ocariz, y otras cuya identidad se mantiene protegida por razones de seguridad.

Los acontecimientos que se están desarrollando en la actualidad encajan dentro de los patrones existentes de crímenes de lesa humanidad, pero a una escala muy preocupante que amerita una respuesta internacional. En este sentido, la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia para investigar a los autores de posibles detenciones, torturas, violencia de género y persecución cometidas en el contexto de las elecciones. Todas las autoridades responsables de estos crímenes, incluida la cadena de mando, pueden y deben ser juzgadas en tribunales imparciales e independientes, con plenas garantías de un juicio justo.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español o Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 27 de septiembre de 2024. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas detenidas por protestar (ellas y ellos)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: www.amnesty.org/es/documents/amr53/8390/2024/es/  

Publicado el 12 de agosto de 2024