Una sentencia del Tribunal Superior de Reino Unido, según la cual las demandas presentadas contra Shell por dos comunidades del delta del Níger devastadas por vertidos de petróleo no pueden ser vistas en Reino Unido, podría privarles de justicia y permitir que las multinacionales de Reino Unido cometan con impunidad abusos en otros países.

El Tribunal Superior ha fallado hoy que no se pueden exigir responsabilidades a Royal Dutch Shell por las acciones de su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd., a pesar de que la empresa se ha beneficiado de decenios de abusos y destrucción del medio ambiente en el delta del Níger. Se prevé que las comunidades apelarán.

Las comunidades de Ogale y Bille se han visto afectadas por múltiples vertidos de Shell, que han puesto en peligro su salud y el agua que consumen. La ONU constató que la contaminación de las aguas subterráneas en Ogale era más de 450 veces superior al límite legal; cuando el equipo de investigación de Amnistía regresó cuatro años después, Shell no había limpiado aún la contaminación. Esta sentencia podría significar que las comunidades nunca recibirán una indemnización significativa, y que los vertidos de petróleo no se limpiarán de manera adecuada.

Esta sentencia sienta un precedente especialmente peligroso. En caso de mantenerse, los tribunales de Reino Unido habrán dado vía libre a las empresas multinacionales radicadas en Reino Unido para cometer abusos contra los derechos humanos en otros países. Las comunidades pobres y los países en desarrollo pagarán las consecuencias. Se trata de un recordatorio profundamente deprimente de la impunidad que disfrutan las empresas poderosas, y de un golpe a otras comunidades del delta del Níger que siguen esperando justicia.

Esperamos y deseamos que el tribunal de apelación anule este fallo para mostrar que el sistema de justicia de Reino Unido proporcionará reparación a las comunidades empobrecidas que sufren graves abusos causados por empresas de Reino Unido.

Dos comunidades nigerianas emprendieron sendas acciones judiciales contra Royal Dutch Shell y su filial nigeriana en 2016. La primera demanda se presentó en nombre de 2.335 personas del reino de Bille, una comunidad pesquera cuyo entorno se ha visto asolado por los vertidos de petróleo en los últimos cinco años.

La segunda demanda se presentó en nombre de la comunidad de Ogale, en Ogoniland, integrada por unas 40.000 personas. Durante varios años se han producido reiterados vertidos de petróleo de oleoductos de Shell en Ogoniland que continúan sin ser limpiados.

Los datos presentados ante el tribunal y la experiencia acumulada por Amnistía Internacional durante años de trabajo en esta cuestión indican que Royal Dutch Shell, una empresa anglo-neerlandesa, tiene una considerable participación directa en su filial nigeriana. Sin embargo, Shell cuestionó la competencia del tribunal de Reino Unido, alegando que el caso afectaba a demandantes nigerianos y a una empresa nigeriana.

El juez ha desestimado hoy las reclamaciones contra Royal Dutch Shell y su filial nigeriana, pero ha concedido permiso a las comunidades para que presenten un recurso.

El fallo del juez contrasta ostensiblemente con el modus operandi de las multinacionales como Shell en el mundo globalizado de nuestros días. Con excesiva frecuencia se ocultan detrás de la ficción jurídica de que sus filiales operan con total independencia de ellas. Si se permite que las multinacionales obtengan beneficios de sus empresas en todo el mundo sin rendir cuentas cuando cometen abusos contra los derechos humanos, pueden cometerse abusos, y así sucederá.

Por lo general, las comunidades afectadas por los vertidos de petróleo en Nigeria se ven obligadas a negociar directamente con la empresa y se encuentran en enorme desventaja, lo que indefectiblemente significa que son engañadas. Para las comunidades rurales, presentar una demanda ante los tribunales nigerianos es sumamente difícil porque sólo los tribunales federales puede ocuparse de los casos relacionados con el petróleo, y pocos abogados están dispuestos a enfrentarse a las grandes compañías petroleras. Los contados casos que llegan a los tribunales languidecen durante años sin resolver en el sistema de justicia nigeriano.

En enero de 2015, una firma de abogados de Reino Unido logró un acuerdo histórico por el que Shell pagaría 55 millones de libras esterlinas a la comunidad de Bodo, en el delta del Níger, tras presentarse el caso ante un tribunal de Reino Unido. Shell había ofrecido inicialmente una indemnización de sólo 4.000 libras. En el marco de estos procedimientos judiciales, Shell se vio obligada a admitir que había restado importancia —durante años— a la magnitud de los vertidos de petróleo. Sólo el proceso judicial en Reino Unido pudo esclarecer este punto.

Es escandaloso que Shell intente negar que es responsable de su filial, de la que posee el 100%. Shell se ha beneficiado de decenios de abusos contra los derechos humanos y daños medioambientales en el delta del Níger, y tanto Royal Dutch Shell como Shell Nigeria deben rendir cuentas ante la justicia.

Información complementaria

En 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) documentó los terribles daños medioambientales y la contaminación por petróleo en Ogoniland. Su estudio afirmaba que la salud pública estaba gravemente amenazada por los vertidos de petróleo y decía que la recuperación medioambiental de la zona podía resultar el ejercicio de limpieza de petróleo de mayor alcance y a más largo plazo que se haya acometido nunca en el mundo.

En ese momento, Shell afirmó que aceptaba las conclusiones y recomendaciones del informe del PNUMA. Sin embargo, una investigación realizada por Amnistía Internacional en 2015 reveló la manifiesta falsedad de las afirmaciones de Shell cuando sostenía que había limpiado zonas gravemente contaminadas. El equipo de investigación observó la persistencia de contaminación en cuatro lugares donde el PNUMA la había encontrado con anterioridad, entre ellos Okuluebu, en Ogale, uno de los lugares incluidos en la demanda judicial. El regulador del gobierno nigeriano certificó la limpieza de la zona en 2012, pero el equipo de investigación vio manchas de petróleo negro que cubrían el terreno y observaron un fuerte olor a petróleo.