Las autoridades huzíes han condenado a muerte a Hamid Haydara, preso de conciencia yemení de 52 años, por presuntamente colaborar con Israel y falsificar documentos oficiales.

Las autoridades huzíes deben anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a Hamid Haydara, preso de conciencia a quien se ha juzgado por sus convicciones profundas y actividades pacíficas como miembro de la comunidad bahaí.

Esta condena es resultado de un proceso fundamentalmente defectuoso que incluyó cargos falsos, un juicio injusto y denuncias creíbles de que Hamid Haydara fue sometido a tortura y malos tratos bajo custodia. También forma parte de una campaña de represión general de personas críticas, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí que está haciendo que familias enteras vivan temiendo por su propia seguridad y la de sus seres queridos.

La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Hay que revocar inmediatamente la condena a muerte impuesta a Hamid Haydara, que debe quedar en libertad inmediata e incondicional y recibir una reparación completa.

Las autoridades huzíes deben poner fin a su persecución de la comunidad bahaí y respetar el derecho a la libertad de culto, un derecho consagrado tanto en la Constitución del propio país como en el derecho internacional.

Información complementaria:

Hamid Kamal Muhammad bin Haydara está detenido en Saná desde diciembre de 2013.

En la actualidad, los huzíes mantienen a cinco personas bahaís bajo custodia en Yemen, algunas de las cuales han sido objeto de desaparición forzada.

Amnistía Internacional y la ONG yemení Organización Mwatana de Derechos Humanos emitieron una declaración pública y escribieron a las autoridades pertinentes de Saná en marzo de 2017 para exponer su gran preocupación por el fundamento de la reclusión prolongada de Hamid Haydara, así como por las actuaciones judiciales gravemente defectuosas de su caso, que incluyen prisión preventiva prolongada, demoras injustificadas en su juicio, denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, falta de acceso a tratamiento médico adecuado y falta de acceso a un abogado durante los interrogatorios. No se ha recibido aún ninguna respuesta a estas cartas.