Tras entrevistar a casi dos decenas de personas detenidas y recopilar pruebas confirmatorias y testimonios de profesionales de la abogacía y la salud y de otras personas, la organización pide que se lleve a cabo sin demora una investigación independiente de las violaciones de derechos humanos, cuya gravedad parece haberse incrementado desde que comenzaron las protestas masivas en junio.
“El mundo entero ha podido ver, retransmitida en directo, la respuesta de mano dura de control de multitudes de la policía de Hong Kong en las calles. Mucho menos visible es el sinfín de abusos que la policía inflige, fuera de la vista, a manifestantes”, ha afirmado Nicholas Bequelin, director regional para Asia Oriental de Amnistía Internacional.
“Las pruebas dejan poco margen de duda: con aparente sed de represalia, las fuerzas de seguridad de Hong Kong están aplicando un perturbador patrón de tácticas temerarias e ilegítimas contra participantes en las protestas, entre ellas la detención arbitraria y la comisión de actos violentos de represalia contra personas bajo custodia, algunos de los cuales constituyen tortura.”
Se detuvieron a más de 1.300 personas en el contexto de las protestas masivas contra las propuestas de reformas legislativas que habrían permitido la extradición a la China continental. Si bien la gran mayoría de las personas que se han manifestado lo han hecho de forma pacífica, ha habido violencia, que parece estar intensificándose junto al uso excesivo de la fuerza por la policía. La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional han solicitado permanecer en el anonimato, alegando el temor a sufrir represalias de las autoridades en un clima de impunidad.
Las entrevistas a personas detenidas y a profesionales de la abogacía que ha realizado Amnistía Internacional demuestran que en la mayoría de los casos la violencia policial se ejerció antes del arresto y en el momento de practicarlo. En varios casos, las personas detenidas que habían participado en las protestas también han sido brutalmente golpeadas bajo custodia y han sufrido otros malos tratos que constituyen tortura. En muchas ocasiones, al parecer el abuso se cometió a modo de “castigo” por contestar o mostrar una actitud poco colaboradora.
Un hombre detenido en una comisaría de policía tras ser detenido en una protesta en los Nuevos Territorios en agosto contó a Amnistía Internacional que después de que se negara a responder a una de las preguntas de admisión varios agentes lo llevaron a otra sala donde lo golpearon brutalmente y lo amenazaron con romperle las manos si intentaba protegerse.
“Sentí que me golpeaban en las piernas con algo muy duro. Entonces uno [de los agentes] me giró y me hincó las rodillas en el pecho. Me dolían los huesos y no podía respirar. Intenté gritar, pero no podía ni respirar ni hablar”, dijó.
Mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo, un agente de policía le abrió un ojo a la fuerza con los dedos y lo apuntó con un puntero láser preguntándole: “¿A ti no te gustaba apuntar con esto a la gente?”. Se trató, aparentemente, de una represalia por el uso de punteros láser de algunos manifestantes en las protestas. Más tarde fue hospitalizado durante varios días por una fractura ósea y hemorragias internas.
Amnistía Internacional entrevistó a otro hombre al que habían detenido también en agosto en Sham Shui Po. El agente que practicó la detención le pidió reiteradamente que desbloquease su teléfono para inspeccionarlo. Enfadado ante las negativas, el agente lo amenazó con aplicarle descargas eléctricas en los genitales. El hombre contó a Amnistía Internacional que “tenía miedo” de que el agente cumpliese sus amenazas, “porque corren tiempos tan disparatados que hay que contar con que todo pueda suceder”.
Bajo custodia en una sala común de la comisaría, ese mismo hombre presenció cómo unos agentes de policía obligaban a un niño a proyectar un puntero láser en su propio ojo durante unos 20 segundos. “Al parecer había usado el puntero láser en la comisaría”, rememoró el hombre. “Le dijeron: ‘Ya que tanto te gusta apuntarnos con el láser, ¿por qué no te lo haces a ti?’”
Amnistía Internacional también documentó una clara constante de uso innecesario y excesivo de la fuerza por los agentes de policía en el momento de arrestar a manifestantes. La policía antimotines y un escuadrón táctico especial comúnmente conocido como “los raptores” fueron los responsables de los episodios de violencia más graves. Casi todas las personas detenidas entrevistadas relataron haber sido golpeadas con porras y con los puños en el momento del arresto, incluso cuando no habían opuesto resistencia.
Una joven detenida en una protesta en Sheung Wan en julio describió, como muchos otros manifestantes, que había recibido un fuerte impacto con una porra policial por la espalda mientras se alejaba corriendo de una carga policial. Los agentes de policía la derribaron y, una vez en el suelo, la esposaron con abrazaderas de plástico y continuaron golpeándola.
De un modo similar, un hombre detenido en una protesta en Tsim Sha Tsui en agosto relató que se retiró y echó a correr cuando la policía empezó a cargar contra la concentración de manifestantes. Contó a Amnistía Internacional que “los raptores” lo atraparon y lo aporrearon en el cuello y los hombros desde atrás. Dijo lo siguiente:
“Me derribaron a golpes de inmediato. Tres de ellos se me subieron encima y me apretaron la cara con fuerza contra el suelo. Un segundo después, me estaban dando patadas en la cara… Los mismos tres agentes del escuadrón táctico especial continuaron ejerciendo presión sobre mi cuerpo. Empecé a tener dificultades para respirar y sentí un dolor intenso en la parte izquierda de la caja torácica… Me dijeron: ‘Cállate, deja de hacer ruido’”.
Según su historial médico, estuvo dos días hospitalizado y fue tratado de una costilla rota y otras lesiones. En más del 85% de los casos investigados por Amnistía Internacional (18 de 21), la persona detenida fue hospitalizada a consecuencia de los golpes recibidos, y en tres de ellos el ingreso hospitalario duro al menos cinco días.
“Una y otra vez, los agentes de policía infligieron violencia antes de los arrestos y mientras los practicaban, incluso cuando la persona había sido inmovilizada o retenida. Por tanto, el uso de la fuerza fue claramente excesivo, lo que infringe el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Nicholas Bequelin.
Amnistía Internacional también documentó varios casos de detención arbitraria e ilegítima, así como numerosos casos en los que la policía negó o retrasó el acceso de las personas detenidas a asistencia letrada y atención médica. Permitir el acceso oportuno de las personas bajo custodia a asistencia letrada, familiares y profesionales de la salud es una importante salvaguardia contra la tortura y otros malos tratos.
Las conclusiones llegan después de que un grupo de expertos de la ONU expresase su alarma ante la constante de ataques contra manifestantes y detenciones de manifestantes a manos de la policía de Hong Kong.
“Dada la generalización de los abusos que encontramos, está claro que la policía de Hong Kong ya no está en condiciones de investigar y reparar por sí misma la represión ilegítima generalizada de manifestantes. Amnistía Internacional pide urgentemente que se realice una investigación independiente e imparcial que desemboque en enjuiciamientos y ofrezca justicia y reparación, dada la escasa confianza en los mecanismos internos existentes, como la Comisión Independiente para las Denuncias contra la Policía”, afirmó Nicholas Bequelin.
INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANÁLISIS
Entre el 5 y el 12 de septiembre, una delegación de Amnistía Internacional entrevistó a 38 personas, de las cuales 21 habían sido detenidas en el contexto de las protestas, así como a profesionales de la abogacía que representan a personas arrestadas, profesionales de la salud que habían tratado a personas arrestadas y otro personal de primera intervención que trabajaba en la primera línea de las protestas. Amnistía Internacional examinó pruebas fotográficas y videográficas de muchos de los hechos concretos descritos en las entrevistas, además de imágenes de vídeo —incluidas retransmisiones en directo— de otras protestas y de actuaciones policiales en respuesta a ellas. La delegación también observó de primera mano una respuesta policial a menudo indiscriminada y temeraria contra manifestantes, transeúntes y profesionales de los medios de comunicación durante los incidentes de Mong Kok la noche del 7 de septiembre y de Causeway Bay la noche del 8 de septiembre.
Uso excesivo de la fuerza en el momento del arresto
Amnistía Internacional documentó una constante clara de uso excesivo de la fuerza por los agentes de policía en el momento de arrestar a manifestantes. Por lo general, los peores abusos los cometieron la policía antimotines y los miembros del escuadrón táctico especial, comúnmente conocidos como “raptores”. Casi todas las personas detenidas entrevistadas relataron haber sido golpeadas con porras y con los puños en el momento del arresto, incluso cuando no oponían resistencia y, en muchos casos, cuando ya estaban inmovilizadas.
Una joven detenida en una protesta en Sheung Wan en julio describió, como muchos otros manifestantes, que la policía le había propinado un fuerte golpe con una porra policial por la espalda cuando se alejaba corriendo de una carga policial; los agentes de policía la derribaron y, una vez en el suelo, la esposaron con abrazaderas de plástico y continuaron golpeándola.
De un modo similar, un hombre detenido en una protesta en Tsim Sha Tsui en agosto relató que se retiró y echó a correr cuando la policía empezó a cargar contra la concentración de manifestantes. Contó a Amnistía Internacional que agentes del escuadrón táctico especial lo atraparon y lo aporrearon en el cuello y los hombros desde atrás. Recordó:
“Me derribaron a golpes de inmediato. Tres de ellos se me subieron encima y me apretaron la cara con fuerza contra el suelo. Un segundo después me estaban dando patadas en la cara. Todo lo que tenía en la cara, incluidas las gafas, salió volando. Los mismos tres agentes del escuadrón táctico especial continuaron ejerciendo presión sobre mi cuerpo. Empecé a tener dificultades para respirar y sentí un dolor intenso en la parte izquierda de la caja torácica… Me dijeron: ‘Cállate, deja de hacer ruido. Diste la cara; eres un héroe, ¿no?’”
Al final el hombre estuvo dos días ingresado en el hospital, con un diagnóstico de una costilla rota, entre otras lesiones, según consta en el historial médico al que tuvó acceso Amnistía Internacional.
Otras personas detenidas a las que entrevistó Amnistía Internacional tenían lesiones como múltiples fracturas en un brazo, fractura de un hueso de la cara, un diente roto o hemorragias en una o más heridas en la cabeza que habían requerido sutura. Un manifestante perdió el conocimiento en el momento del arresto mientras un transeúnte le gritaba a la policía que se calmase, según un vídeo examinado por Amnistía Internacional. Otro manifestante recibió un porrazo en el ojo mientras lo arrestaban, y luego, mientras se encontraba inmovilizado, otro agente de policía le aplicó un pulverizador de pimienta en el ojo lesionado. En la mayoría de los casos documentados, las personas arrestadas proporcionaron fotografías, imágenes de vídeo o documentación hospitalaria que corroboraba las lesiones denunciadas.
De las 21 personas arrestadas a las que se entrevistó, 18 ingresaron en el hospital por lesiones o enfermedades relacionadas con el arresto y la detención. (Amnistía Internacional no recopiló datos sobre la tasa general de hospitalizaciones, e investigó específicamente los incidentes de abuso policial, por lo que no extrae conclusiones sobre la tasa general de lesiones graves entre las personas arrestadas). La mayoría de las personas permanecieron ingresadas en el hospital uno o dos días. Cinco de ellas estuvieron hospitalizadas tres días o más, y de ellas tres lo estuvieron durante al menos cinco días. Distintos miembros del personal médico describieron por separado a Amnistía Internacional que habían tratado muchas de las lesiones que las personas arrestadas habían descrito en las entrevistas.
La policía había tenido motivos razonables para detener a algunos manifestantes, entre ellos arrojar ladrillos, botellas y cócteles molotov a la policía; dañar bienes, y, en al menos unos pocos casos, agredir a un agente de policía. Pero en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos la policía sólo puede hacer uso de la fuerza cuando es absolutamente necesario y proporcionado para lograr el objetivo legítimo que se persigue. La fuerza debe emplearse únicamente para detener la violencia, reduciendo al mínimo los daños y lesiones y respetando el derecho a la vida.
En los casos descritos anteriormente, los agentes de policía causaron lesiones físicas antes del arresto, en el momento del arresto y después de él. En muchos casos, el uso de la fuerza antes del arresto y en el momento del arresto constituyó uso excesivo de la fuerza, lo que viola el derecho internacional de los derechos humanos. Golpear y aplicar con pulverizadores de pimienta a personas que ya se encuentran bajo custodia constituye tortura y otros malos tratos. Las personas arrestadas, los abogados, el personal médico y otras personas que habían presenciado las protestas coincidieron en afirmar que el grado de violencia policial empeoró de forma constante desde el comienzo de las protestas masivas en junio, deterioro que también confirma el examen de las pruebas videográficas.
Casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo custodia
La mayoría de las personas arrestadas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmaron que, tras la paliza inicial previa al arresto y durante el periodo de detención la policía no infligió más violencia física contra ellas ni contra ninguna de las personas con las que se hallaban recluidas. En unos pocos casos, no obstante, los abusos policiales continuaron bajo custodia, en lugares como vehículos policiales, comisarías de policía y otras instalaciones de retención. Varios de esos casos constituyen tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante, absolutamente prohibidos por el derecho internacional.
Un hombre que estaba bajo custodia en una comisaría de policía tras ser arrestado en una protesta en los Nuevos Territorios en agosto contó a Amnistía Internacional que después de que se negara a responder a una de las preguntas de admisión varios agentes lo llevaron a otra sala donde lo golpearon brutalmente y lo amenazaron con romperle las manos si intentaba protegerse mientras recibía los golpes. Recordó:
Sentí que me golpeaban en las piernas con algo muy duro. Entonces uno me giró y me hincó las rodillas en el pecho. Me dolían los huesos y no podía respirar. Intenté gritar, pero no podía ni respirar ni hablar.
Mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo, un agente de policía le abrió un ojo a la fuerza con los dedos y lo apuntó con un puntero láser preguntándole: “¿A ti no te gustaba apuntar con esto a la gente?”. Más tarde fue hospitalizado durante varios días por una fractura ósea y hemorragias internas.
Amnistía Internacional entrevistó a otro hombre al que habían arrestado también en agosto en Sham Shui Po. El agente que practicó la detención le pidió reiteradamente que desbloquease su teléfono para inspeccionarlo. Enfadado ante las negativas, el agente lo amenazó con aplicarle descargas eléctricas en los genitales. El hombre contó a Amnistía Internacional que “tenía miedo” de que el agente cumpliese sus amenazas, “porque corren tiempos tan disparatados que hay que contar con que todo pueda suceder”.
Bajo custodia en una sala común de la comisaría, ese mismo hombre presenció cómo unos agentes de policía obligaban a un niño a proyectar un puntero láser en su propio ojo durante unos 20 segundos. “Al parecer había usado el puntero láser en la comisaría”, rememoró el hombre. “Le dijeron: ‘Ya que tanto te gusta apuntarnos con el láser, ¿por qué no te lo haces a ti?’”
Dos personas describieron sendos incidentes en los que las esposaron con abrazaderas de plástico y las arrestaron en la calle en un grupo pequeño. Contaron que habían inhalado gas lacrimógeno durante un periodo prolongado porque los agentes de policía que las arrestaron les quitaron las máscaras en el momento del arresto mientras otros agentes cercanos continuaban disparando gas lacrimógeno indiscriminadamente contra otros manifestantes. En otro caso, un hombre detenido dijo que pidió ir al hospital por una lesión sufrida en el momento del arresto. Un agente de policía lo había agarrado con fuerza por el sitio que el hombre había indicado que le dolía, mientras le decía: “¿Es aquí donde te duele?”.
Los abogados y abogadas a los que entrevistó Amnistía Internacional relataron la situación de un modo similar, diciendo que aunque a la mayoría de las personas a las que defendían que habían sido arrestadas en las protestas no las habían maltratado físicamente tras el arresto, había excepciones. Dos abogados mencionaron sendos clientes —personas distintas a las mencionadas supra—, a los que los agentes de policía habían propinado una paliza tan fuerte que habían tenido que permanecer varios días hospitalizados.
En varios casos, como en el primero de los descritos supra, parece que los agentes de policía infligieron malos tratos bajo custodia a modo de castigo por contestar o por considerar que la persona estaba mostrando una actitud especialmente poco colaboradora.
Registros corporales
En un incidente documentado por Amnistía Internacional, una agente de policía obligó a una mujer a desnudarse y someterse a un registro corporal completo después de que ésta le contestara. La agente se burló de ella y la menospreció.
La gran mayoría de las personas a las que entrevistó Amnistía Internacional no habían tenido que someterse a registros corporales comparables en la misma etapa de la detención, y varias personas que ejercen la abogacía penal en Hong Kong describieron que ese tipo de registro corporal sin ropa era incompatible con el procedimiento. La mujer obligada a someterse al registro corporal se sintió denigrada y, semanas después, continuaba sufriendo angustia.
Los registros corporales afectan al derecho a la intimidad y a la dignidad inherente al ser humano y, por tanto, no deben ser realizados a la ligera por agentes encargados de hacer cumplir la ley. La policía sólo debe llevar a cabo registros corporales de forma profesional, y los debe realizar una persona del mismo sexo y de la forma menos intrusiva posible, a fin de limitar en el mayor grado posible el carácter intrínsecamente humillante del registro.
Retraso en el acceso a atención médica
Pese a que algunas de las personas arrestadas sufrieron lesiones graves, a menudo la policía les negó el acceso rápido a atención médica. Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional relataron que la policía retrasó la solicitud o el suministro de una ambulancia hasta cinco o diez horas después de la lesión y de que la persona hubiese formulado la primera petición de ir al hospital.
En general, las personas arrestadas describieron que los agentes de policía les habían dicho que antes de ir al hospital debían someterse al procedimiento de detención, lo que incluía la toma de huellas digitales, fotografías y declaración. Parece que la policía utilizaba la necesidad de atención médica para presionar a las personas detenidas a declarar sin la presencia de un abogado, como ilustran los siguientes casos.
Un hombre detenido en una protesta en Causeway Bay en agosto recordó estar sangrando por la nariz y la boca, a consecuencia de los golpes recibidos en el momento del arresto, mientras se encontraba bajo custodia policial en un centro de detención. Contó a Amnistía Internacional: “Estaba escupiendo sangre constantemente. Me dijeron: ‘Si me ayudas a tomarte declaración rápidamente, puedes ir [al hospital]’. … Cuatro o cinco horas después, una vez que les había ayudado a hacer el trabajo, me llevaron”. Pasó dos días ingresado en el hospital.
Otro hombre, que acabó pasando más de una semana en el hospital por diversas lesiones en la cara y el cuerpo sufridas en el momento del arresto, estuvo alrededor de siete u ocho horas bajo custodia en una comisaría antes de ser trasladado a un hospital. En su caso, también tuvo que hacer una declaración a la policía antes. Dijo que la policía no le dejaba limpiarse la sangre y la suciedad que tenía en las nalgas a consecuencia de que varios agentes lo hubieran arrastrado por el pavimento en el momento del arresto mientras otro agente lo golpeaba con una porra.
El más atroz de los casos de este tipo documentados por Amnistía Internacional es el de un hombre que sufrió varias fracturas en el brazo en el momento de ser arrestado en agosto. El hombre pidió inmediatamente que lo llevaran al hospital, pero la policía tardó más de cinco horas en llevarlo. Antes lo trasladó a un centro de detención, desplazamiento que duró más de una hora, y tramitó su detención.
En el momento del arresto, los agentes de policía le esposaron las manos a la espalda con abrazaderas de plástico. “Fue extremadamente doloroso”, recordó. “Les dije que tenía el brazo roto, pero ni se inmutaron.” Lo mantuvieron varias horas esposado con abrazaderas de plástico, mientras se quejaba de un intenso dolor. Dos profesionales médicos contaron a Amnistía Internacional que la naturaleza de la lesión era sumamente grave y poco común, y que sólo podía ser consecuencia de una paliza fuerte e intensa.
Negar o retrasar irrazonablemente la atención médica rápida y adecuada a una persona que está enferma o gravemente lesionada es una clara vulneración del derecho a la salud de esa persona. En algunos casos, la propia negación de atención médica puede constituir tortura u otros malos tratos, especialmente si con el retraso o la negación se persigue obtener una declaración o una confesión de la persona detenida lesionada.
En unos pocos casos documentados por Amnistía Internacional, los agentes de policía enviaron al hospital a personas arrestadas que estaban lesionadas o enfermas antes de trasladarlas al lugar de detención y tramitar su ingreso en él, lo que demuestra que la policía puede hacerlo si lo desea. Como en el caso de otros abusos, el retraso en el acceso a la atención médica parece estar empeorando a medida que la policía se frustra y recurre cada vez más a la violencia.
Por último, muchas personas arrestadas que habían participado en las protestas describieron que los agentes de policía se habían negado a dejarlas a solas con el personal médico cuando hablaban sobre el dolor que tenían y lo que había ocurrido. Varias de ellas contaron a Amnistía Internacional que, a causa de la falta de privacidad, habían mentido al personal médico sobre la causa de las lesiones —atribuyendo lesiones graves a caídas en lugar de a palizas de la policía, por ejemplo— porque temían que hablar de los abusos policiales en presencia de agentes tuviese repercusiones.
Retraso en el acceso a asistencia letrada
En los casos de arresto vinculados a las protestas, la policía suele retrasar o negar el acceso a asistencia letrada. De manera similar al caso del acceso a atención médica, los retrasos tienen a extenderse desde varias horas hasta la mitad del día, pese a las solicitudes reiteradas de las personas arrestadas de ver o llamar a un abogado —y las solicitudes reiteradas de la asistencia letrada en los lugares de detención de acceder a las personas arrestadas—.
Casi todas las personas arrestadas que habían participado en las protestas contaron a Amnistía Internacional que habían solicitado contactar con un abogado desde el momento mismo del arresto. Dijeron que la policía ignoraba las solicitudes y les decía que esperaran o que se lo facilitarían más adelante, tras el procedimiento inicial de detención. A veces, los agentes de policía ponían otras excusas. Por ejemplo, varias personas recluidas el 11 y 12 de agosto en el centro de detención de San Uk Lang, cerca de la frontera con la China continental, relataron por separado que los agentes de policía les decían que no podía contactar con un abogado porque no había red telefónica.
Un hombre detenido en la comisaría de policía de North Point tras ser arrestado en una protesta en agosto dijo que había formulado numerosas peticiones de llamar a un abogado. Según contó, un agente de policía le había dicho que la línea telefónica estaba ocupada, aunque él mismo vería el teléfono y que no había nadie usándolo. Al final no pudo ver a un abogado hasta aproximadamente 12 horas después del arresto —ocho horas después de que se solicitase por teléfono, y después de que la policía le tomara declaración e hiciese un registro de su casa—.
Los abogados entrevistados por Amnistía Internacional también describieron en términos similares el retraso en el acceso a las personas detenidas. Dijeron que los retrasos son totalmente diferentes al modo de funcionamiento normal del sistema de justicia penal de Hong Kong cuando se detiene a personas por delitos, incluso violentos. Varios creían que el objetivo de la policía era retrasar el acceso a asistencia letrada hasta haberle tomado declaración a la persona arrestada y que los agentes de policía estaban empleando distintas estrategias para lograrlo.
Varios abogados dijeron que se pasaban horas conduciendo por Hong Kong intentando averiguar el lugar al que habían llevado a las personas arrestadas, porque con frecuencia no las detenían en la comisaría más cercana. La policía está desbordada por la escala de las protestas y, muchas noches, el número de personas detenidas en determinados lugares supera la capacidad de reclusión de una comisaría. Pero, si bien esta situación podría justificar la reclusión de personas en otros lugares, y no en la comisaría más cercana al arresto, los abogados dijeron que el problema radicaba en que a veces la policía no facilitaba información sobre el paradero de la persona detenida, incluso cuando el abogado llamaba o acudía a la comisaría.
Asimismo, dos abogados dijeron que a finales de julio y agosto la policía había declarado una comisaría de policía como “área de operaciones” o “comisaría bajo defensa”. Según ellos, la designación solía durar tres horas y significaba que nadie —incluida la asistencia letrada— podía acceder a ella, incluso cuando en su interior había personas detenidas. Aunque podría haber circunstancias que justificasen la restricción del acceso público a una comisaría de policía —muchas protestas de agosto y septiembre tuvieron lugar delante de comisarías y en ellas algunos manifestantes cometieron actos violentos—, dicha restricción no debe usarse como una táctica para negar el derecho a asistencia letrada. La policía podría, por ejemplo, continuar garantizando el acceso a asistencia letrada durante esos periodos; trasladar a las personas arrestadas a otras comisarías que no estén sometidas a restricciones e informar a la asistencia letrada, o dejar de formular preguntas a la persona detenida una vez que esta solicita asistencia letrada, sin importar el tiempo que se prolongue la declaración del estado de “comisaría bajo defensa”.
El acceso a asistencia letrada es una importante salvaguardia de muchos derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y la garantía de que los derechos de la persona detenida se respetan bajo custodia, incluido el derecho de acceso a atención médica cuando se necesita así como a protección frente a la obtención de confesiones mediante coacción y tortura y otros malos tratos. La negación de este derecho equivale a reclusión en régimen de incomunicación y constituye en sí misma una forma de malos tratos. La asistencia letrada y la familia de las personas detenidas tienen derecho a que se les notifique prontamente dónde se encuentra recluida la persona detenida, y la asistencia letrada y el personal médico independiente deben tener acceso sin restricciones a las personas bajo custodia.
Actuación policial en reuniones públicas y detención arbitraria
La gran mayoría de las personas que participaron en las protestas de Hong Kong actuaron de forma pacífica, y la policía debe hallar formas de facilitar la reunión pública a quienes quieren hacerlo pacíficamente, y al mismo tiempo frenar a quienes realizan actos violentos. La policía de Hong Kong puede tener una base legítima y legal para arrestar a las personas que están cometiendo actos violentos contra otras, entre ellas agentes de policía, o que están dañando o destruyendo bienes. Ninguna persona debe ser detenida únicamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión En los casos en que haya base para arrestar a personas que participan en actos violentos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo deben usar la fuerza en la medida en que sea necesario, y hacerlo de manera razonable y proporcionada.
A menudo, residentes locales y transeúntes curiosos que ni habían participado en las protestas ni habían cometido ningún acto violento quedaron atrapados por la respuesta policial en determinadas zonas. En las protestas del 7 y 8 de septiembre a las que Amnistía Internacional acudió como observadora, la vida proseguía con normalidad a menos de una manzana de una zona con fuerte presencia policial en respuesta a las protestas. Cerca de la “primera línea” había casi 100 periodistas, técnicos de primeros auxilios y otras personas que se autoidentificaban como personal de primera intervención, todos ellos con distintivos chalecos amarillos reflectantes. A menudo superaban holgadamente en número a los manifestantes que interactuaban con la policía. En varios casos, no había manifestantes, aparentemente, solo policía y los observadores identificados como tales. Cuando la policía abandonó la escena, se reanudó la vida normal de forma inmediata.
En los casos en que se cometieron actos violentos o se causaron daños a bienes, la policía respondió con un uso de la fuerza a veces excesivo e indiscriminado. Por ejemplo, el personal de investigación de Amnistía vio con sus propios ojos cómo la policía utilizaba pulverizadores de pimienta y disparaba “bolas de pimienta” a periodistas que llevaban distintivos de acreditación y granadas de gas lacrimógeno a calles casi vacías en las que no había manifestantes. Las nubes de gas lacrimógeno se desplazaron a áreas con una alta densidad de peatones. Incluso cuando el gas lacrimógeno se lanza contra manifestantes entre quienes pueda haber personas que estén cometiendo actos violentos, esas tácticas son indiscriminadas y con frecuencia afectan a personas que no guardan relación con las protestas. En otro caso observado, la policía dio la voz de alarma indicando que iba a disparar gas lacrimógeno cuando ya había lanzado las granadas de ese gas.
El uso de estas armas menos letales indiscriminadas puede ser contraproducente si el objetivo es dispersar una multitud o reducir la violencia. Según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la ONU, se hará una cuidadosa evaluación de la distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas. Las autoridades deben tener presente este principio cuando decidan qué equipo debe emplearse en las reuniones públicas que pueda afectar a todas las personas de una zona, incluso cuando la finalidad sea dispersarlas. La policía también tiene la responsabilidad de dialogar y comunicarse con quienes se manifiestan, con el objetivo de facilitar las reuniones pacíficas y de reducir al mínimo el uso de la fuerza.
Amnistía Internacional entrevistó a dos jóvenes que habían sido detenidas arbitrariamente en diferentes incidentes en agosto cuando habían salido a buscar alimentos. En otro incidente en agosto, un joven que se encontraba en la calle con su novia entró en un baño público y, cuando salió, la policía antimotines se encontraba cerca. Asustado, echó a correr y la policía lo arrestó y lo golpeó. Dijo que tuvo la sensación de que en la comisaría de policía lo habían tratado mejor que a otras personas detenidas porque llevaba ropa blanca, y no la vestimenta negra integral que muchos manifestantes llevaban a raíz de que se produjeran varios suicidios y otras muertes durante el movimiento de protesta.
La mayoría de las personas detenidas a las que entrevistó Amnistía Internacional no sabía cuál había sido la acción que estaban realizando que había sido considerada sospechosa o delictiva en el momento del arresto.
La detención arbitraria está prohibida en todas las circunstancias. La detención es arbitraria cuando se priva a una persona de libertad sin un fundamento jurídico claro; cuando se detiene a una persona únicamente por el ejercicio pacífico de ciertos derechos humanos, como la libertad de expresión o asociación; o en casos de violaciones suficientemente graves del derecho a un juicio justo.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen tener poderes discrecionales para decidir si intervienen o no cuando se cometen infracciones leves. Esta discrecionalidad debe aplicarse con cautela en la actuación policial en reuniones públicas. Si la policía actúa frente a determinados delitos menores, o detiene arbitrariamente a personas que no están cometiendo delitos, puede provocar una reacción de las personas implicadas o de todas las personas que se manifiestan y, en última instancia, contribuir a generar una reacción incontrolable de los manifestantes que se intensifique rápidamente. Por tanto, el enfoque más apropiado puede ser abstenerse de actuar inmediatamente contra quien comete el delito, posiblemente, a la vez que se toman medidas que permitan el enjuiciamiento posterior de los delitos. Al mismo tiempo, algunos delitos menores, como quemar contenedores de basura, pueden generar agitación entre los participantes y provocar un comportamiento similar o más grave en otras personas. Encontrar el justo equilibrio entre la aplicación de la ley y la prevención de la alteración del orden público constituye un importante desafío para la policía.
