Hoy, Amnistía Internacional Estados Unidos ha hecho público un informe que documenta violaciones de derechos humanos generalizadas y atroces cometidas por la policía contra manifestantes, personal sanitario, periodistas y miembros de equipos de observación judicial que en mayo y junio de 2020 se congregaron para protestar contra los homicidios ilegítimos de personas negras a manos de la policía y pedir una reforma sistémica. El informe, titulado The World is Watching: Mass Violations by US Police of Black Lives Matter Protesters’ Rights, se basa en el mapeo interactivo de Amnistía de la violencia contra manifestantes y en nuevos hallazgos sobre el uso de medios letales por la policía. Es el análisis de derechos humanos más completo hasta la fecha de la violencia policial contra manifestantes.
La investigación consistió en más de 50 entrevistas realizadas por AI EE. UU. durante varias semanas de junio de 2020 que ponen de relieve las experiencias de varias personas en el contexto de las protestas que desencadenó el homicidio de George Floyd. También ofrece recomendaciones para que los organismos de aplicación de la ley locales, estatales y federales, las autoridades del gobierno y el Congreso apliquen las buenas prácticas de AI EE. UU. para la actuación policial en las protestas; se exijan cuentas a los organismos de aplicación de la ley por violaciones de derechos humanos contra manifestantes, periodistas, personal sanitario y miembros de equipos de observación judicial; y se promulguen leyes y políticas para garantizar el derecho a protestar pacíficamente.
“El uso innecesario y a veces excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes exhibe precisamente el racismo y la impunidad sistémicos por los que estos habían salido a la calle a protestar. La investigación muestra que personas que ejercían simplemente su derecho humano a protestar pacíficamente se encontraron con una violencia tal que perdieron la vista, sobrevivieron a palizas brutales y sufrieron convulsiones y heridas graves”, dijo Ernest Coverson, director de la campaña No más violencia con armas de fuego en Amnistía Internacional Estados Unidos.
“La administración Trump está redoblando actualmente su represión al estilo militar contra quienes protestan, con la atroz defensa del fiscal general William Barr del uso de tropas federales en Portland y amenazas de desplegar más agentes a otras ciudades. Los actos del presidente Trump representan un callejón sin salida hacia el autoritarismo y deben cesar inmediatamente. Necesitamos que se cambie de abajo arriba el enfoque del país hacia la actuación policial en las protestas en los ámbitos local, estatal y federal”, afirmó Justin Mazzola, investigador de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Uso innecesario de la fuerza
Los organismos de aplicación de la ley hicieron uso reiterado de la fuerza física, de sustancias químicas irritantes como el gas lacrimógeno y los aerosoles de pimienta, y proyectiles de impacto cinético como táctica de primer recurso contra manifestantes pacíficos y no como respuesta a ningún tipo de amenaza o violencia reales. También se cometieron violaciones de los derechos de las personas durante arrestos y detenciones. El uso de gas lacrimógeno durante la pandemia de COVID-19 es especialmente irresponsable. Mientras los y las manifestantes salían a la calle con mascarillas y tratando de mantener la debida distancia física debido al virus, la policía disparaba gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta, aumentando el riesgo de problemas respiratorios y la liberación de partículas en suspensión que podían propagar el virus.
Entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020, AI EE. UU. documentó al menos seis incidentes en los que la policía usó porras y 13 de uso de proyectiles de impacto cinético como granadas de esponja y balas de goma en 13 ciudades de Estados Unidos. Lo que es más: AI EE. UU. encontró numerosos casos de uso innecesario de gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta como primer recurso para dispersar grandes grupos de manifestantes pacíficos: 89 casos de uso específico de gas lacrimógeno en ciudades de 34 estados y 21 incidentes de uso ilegítimo de aerosoles de pimienta en 15 estados y en el Distrito de Columbia. Estas tácticas innecesarias y excesivas fueron empleadas también por los organismos de aplicación de la ley contra personal médico, miembros de equipos de observación judicial y representantes de medios de comunicación.
Danielle Meehan, enfermera de cuidados intensivos que trató a la estudiante de 26 años Aubreanna Inda después de que ésta fuera alcanzada en el pecho por una granada paralizante en Seattle: En un momento determinado, Aubreanna Inda le dijo: “Creo que me estoy muriendo”. Danielle Meehan explicó: “Se quedó sin pulso tres o cuatro veces después de que mis colegas y yo empezásemos a tratarla. La reanimamos cada vez con [reanimación cardiopulmonar]”.
Lizzie Horne, estudiante rabínica y manifestante, contó que las autoridades los rociaron con aerosoles de pimienta y gas lacrimógeno a ella y a un gran grupo de manifestantes que estaban atrapados en un terraplén de una autovía en Filadelfia: “De repente, empezaron a rociar a la multitud con aerosoles de pimienta [...] luego empezaron con el gas lacrimógeno. Alguien que estaba justo delante, al que un bote de gas lacrimógeno había golpeado en la cabeza, comenzó a retroceder rápidamente. Estábamos intentando ayudarlo, enjuagándole los ojos, y entonces se desmayó y comenzó a sufrir convulsiones”.
Elena Thoman, de 17 años, a quien la policía lanzó gas lacrimógeno en Denver, contó al equipo de investigación de AI EE. UU.: “Al principio es como la sensación que tienes cuando cortas cebolla y luego se intensifica hasta que te quema la piel [...] Tenía mucha piel al aire y estuvo quemándome durante una hora. Me hizo toser mucho; tuve que quitarme la mascarilla porque tenía gas lacrimógeno en ella [...] así que aunque está la COVID, tuve que quitarme la mascarilla”.
Ed Ou, fotoperiodista de NBC News, después de que él y otros periodistas fueran atacados por agentes de policía en Mineápolis: “Tuvieron tiempo suficiente para agitar el aerosol de pimienta y usarlo a pesar de que otras personas y yo gritamos: ‘¡prensa, prensa!’ todo el tiempo”. El grupo fue acorralado en una calle sin salida sin posibilidad de huir mientras los agentes los golpeaban con porras y usaban contra ellos granadas, gas lacrimógeno y aerosoles de pimienta. Ed sangraba por la cabeza. A pesar de que pidió reiteradamente ayuda, varios agentes de la ley pasaron a su lado sin brindarle asistencia. Ed Ou fue tratado en un hospital cercano, donde le dieron cuatro puntos de sutura en la herida de la cabeza. “He pasado literalmente la mayor parte de mi carrera profesional en lugares donde ser periodista era algo que tenía que ocultar y algo que no contaba a todo el mundo. Y este es el único lugar donde debería poder proclamar esto es lo que hago”.
Jack*, observador judicial golpeado por la policía en Chicago: “Tres o cuatro agentes más que estaban detrás de mí me izaron sobre una barrera de cemento y me lanzaron por una rampa para sillas de ruedas. Caí de espaldas y perdí mi gorro. Estaba buscándolo cuando otros tres o cuatro agentes empezaron a pegarme con porras. Otro manifestante trató de detener a la policía y empezaron a pegarle. Mientras tanto, la gente gritaba ‘observador judicial’. Me agaché tratando de protegerme y diciéndoles: ‘No me estoy resistiendo, no me estoy resistiendo’”.
* Pseudónimo para proteger el anonimato del entrevistado.
Recomendaciones sobre la actuación policial durante las protestas
AI EE. UU. pide al Congreso que apruebe la Ley Protección para nuestros Manifestantes de 2020 (HR 7315). La organización pide también que todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley revisen sus políticas y prácticas sobre la actuación policial en las protestas y cumplan las normas internacionales de derechos humanos, incluidos el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principios rectores en los que se basan todas las operaciones antes, durante y después de las manifestaciones.
El Departamento de Justicia y los fiscales generales de cada estado deberán investigar de forma efectiva, imparcial y sin demora todas las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de agentes de policía durante reuniones públicas, incluido el uso ilegítimo de la fuerza; y hacer que todos los que sean hallados responsables, mandos incluidos, rindan cuentas en procedimientos penales o disciplinarios, en su caso: y ofrecer a las víctimas pleno acceso a la reparación.
