Amnistía Internacional promueve el respeto y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en ocasiones también denominados derechos ESC o DESC. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en muchos tratados de derechos humanos, pero ¿cuáles son y cómo se relacionan entre sí?

Los derechos económicos, sociales y culturales protegen cosas que son básicas para vivir: la comida, el agua, el saneamiento, la salud, la vivienda y la seguridad social. También incluyen cosas que son necesarias para vivir dignamente, como la educación, los derechos laborales y los derechos que se están viendo afectados por la crisis climática en curso. Todos los derechos ESC se pueden entrecruzar e influir mutuamente: por ejemplo, un mal saneamiento puede tener consecuencias negativas para la salud.

Todas las personas necesitan una vivienda segura donde vivir. Necesitamos alimentos para comer, agua para beber, lavar y cocinar, y un sistema de saneamiento que asegure el mantenimiento de nuestra salud. Cuando nos enfermamos, necesitamos atención sanitaria. Nuestros hijos e hijas necesitan educarse; los trabajadores y trabajadoras, un trato y un salario justos; y quienes no pueden trabajar necesitan un sistema de seguridad social que les permita superar circunstancias adversas y vivir dignamente.

La flagrante desigualdad económica y social es una realidad permanente en países de todos los niveles de desarrollo. Miles de millones de personas de todo el mundo viven sin muchos de estos derechos básicos. Incluso gobiernos ricos y poderosos han sido incapaces de cumplir con su obligación de poner fin al hambre y a las enfermedades prevenibles y de acabar con el analfabetismo y el sinhogarismo. Cuando las crisis se solapan (como sucede con la guerra y el cambio climático) aumenta la pobreza, la desigualdad y la discriminación en todo el mundo.

Los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de garantizar los derechos ESC, y Amnistía Internacional les exige que respeten, protejan y hagan realidad estos derechos.

Los derechos económicos, sociales y culturales son:

El derecho a la alimentación no es sólo el derecho a comer lo suficiente para no morir de hambre. Debería haber alimentos en cantidad suficiente, y de una calidad que satisfaga a cualquier persona que los ingiera, tanto en lo que respecta a su incidencia sobre la salud y las necesidades nutricionales como a su adecuación a una determinada cultura. También deberían ser asequibles y de acceso sostenible.

Sin embargo la realidad es que, aunque la cantidad de alimentos que se cultivan, producen y fabrican en el mundo bastaría para que nadie pasara hambre ni sufriera malnutrición, hay millones de personas que no pueden acceder diariamente a una alimentación adecuada y nutritriva debido a una deficiente actuación gubernamental y a múltiples crisis (conflictos, crisis climática…).

Son muchas las formas en que el derecho a la alimentación puede verse afectado por la actuación inadecuada de los gobiernos. La inseguridad alimentaria puede estar causada por subidas desorbitadas de precios, y las situaciones de crisis pueden bloquear la llegada de ayuda humanitaria (suministros de agua y comida), como sucedió por ejemplo en Etiopía.

El derecho al agua es fundamental para cualquier ser vivo: sin ella moriríamos. Necesitamos agua para beber, para lavarnos y para hacer posible el saneamiento, que a su vez también es un derecho. El agua es indispensable para el disfrute efectivo del resto de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. Además, es fundamental para la producción de alimentos.

Por su parte, el derecho al saneamiento hace posible que la gente acceda a un medioambiente limpio y saludable, mientras que su ausencia es un obstáculo para la realización de otros derechos, como el derecho a la salud y a la educación.

El agua debe estar disponible y ser accesible para todas las personas en cantidad suficiente y con una calidad adecuada para cada necesidad de uso. Sin embargo, los derechos al agua y al saneamiento se violan de muchas formas.

La contaminación puede hacer que agua sea peligrosa para su uso. La escasez de agua puede provocar sequías devastadoras. La crisis climática a menudo empeora todo esto, agravando la falta de agua accesible y no contaminada. También puede ocurrir que gobiernos y empresas controlen el suministro de agua de manera que la población no tiene un acceso adecuado a ella. Los defensores y defensoras de los derechos humanos incluso han recibido amenazas de muerte por defender este derecho.

El derecho a la salud está estrechamente relacionado con el resto de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto incluye lo que se denominan “determinantes sociales de la salud”, como por ejemplo un medioambiente saludable, vivir sin violencia ni discriminación, la alimentación, la vivienda, el saneamiento y la educación y la seguridad social.

El derecho a la salud no es el derecho a estar sano o sana, sino a garantizar el acceso de todas las personas a un sistema sanitario que les permita mantener y asegurar su salud. Los diferentes grupos de personas –mujeres, niños y las niñas, personas mayores, personas con discapacidad– tienen necesidades específicas, y los gobiernos deben asegurarse de que éstas se comprenden y se resuelven adecuadamente.

A pesar de esto, aún son muchos los casos de desigualdad en el ámbito de la salud, donde algunas personas no pueden acceder a la atención sanitaria tan fácilmente como otras. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se produjo una desigualdad generalizada en la vacunación, al restringir la industria farmacéutica el acceso a vacunas vitales a los países de bajos ingresos. La desigualdad en el ámbito de la salud también puede tener otras causas, como la escasez de medicamentos, que se produce cuando los gobiernos no se han preparado debidamente para hacer frente a las necesidades de atención sanitaria asegurando el suministro, o el cobro de elevados honorarios por la atención y las medicinas que hacen inasequible el acceso a ellas.

Asimismo, los gobiernos pueden incumplir su obligación de salvaguardar el derecho a la salud con una mala gestión de las crisis de salud pública, algo que también se vió durante la pandemia.

Todas las personas tenemos derecho a una vivienda adecuada, un lugar seguro al que llamar hogar. Esta vivienda, en la que debemos poder vivir legalmente, debe tener acceso a servicios e infraestructuras básicos, como agua y saneamiento. Además, debe ser asequible y adecuada para protegerte a ti y a tu familia de las inclemencias del tiempo, las enfermedades y la contaminación.

No debería haber ninguna persona sin hogar. De acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el sinhogarismo es una violación extrema del derecho a una vivienta adecuada (entre otros).

Desgraciadamente, este derecho se viola de muchas otras maneras, por ejemplo, desplazando a la población en los conflictos, y con prácticas como el desalojo forzoso —el caso de los miembros de la comunidad indígena masái— y la actuación de empresas, por ejemplo, las empresas mineras en la República Democrática del Congo.

Todas las personas tenemos derecho a la educación. La educación es vital para la realización del ser humano y el desarrollo personal, y también nos permite acceder a otros derechos y disfrutar mejor de ellos, como el derecho al trabajo, a una vivienda adecuada y a un nivel de vida digno.

El derecho a la educación incluye la educación permanente a todos los niveles (primaria, secundaria y terciaria), en marcos formales o informales. La educación primaria es obligatoria y todas las personas deben recibirla gratuitamente. Por lo que respecta a los otros niveles, los gobiernos deben intentar que sea también gratuita, y seguir garantizando que esté disponible y sea asequible para todas las personas.

Los gobiernos deben dar prioridad y destinar partidas presupuestarias a la enseñanza pública gratuita, asequible y de calidad, utilizando y maximizando sus recursos para financiar escuelas públicas a las que se pueda acceder físicamente y cuya calidad sea adecuada.

Cuando esto no sucede, puede ser causa de grandes desigualdades, como halló Amnistía Internacional en su trabajo de investigación en Sudáfrica.

Todas las personas tienen derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es tu derecho a acceder a las prestaciones que te ayudan a disfrutar de un nivel de vida adecuado, aunque no tengas dinero suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Hay muchas situaciones en las que tú u otras personas pueden carecer de ingresos suficientes para salir adelante sin algo de ayuda extra, como en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, maternidad/paternidad, lesión, fallecimiento de un ser querido y ancianidad.

Su objetivo específico es reducir la pobreza y garantizar que todo el mundo puede acceder a su derecho a llevar una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a no sufrir exclusión social.

Incluso en países de bajos ingresos donde los recursos son limitados, los gobiernos deben garantizar al menos la existencia y el funcionamiento de un sistema de seguridad social que proporcione apoyo básico esencial a todas las personas que lo necesiten. Sin embargo, hay muchos lugares en el mundo donde los gobiernos no proporcionan esto a su población.

Todas las personas tenemos derecho al trabajo, que incluye tanto el derecho al trabajo en sí como a una serie de derechos en el trabajo (en ocasiones llamados también “derechos laborales”). Estos derechos protegen a todos los trabajadores y las trabajadoras, sean del sector formal o del informal, migrantes, temporales o por cuenta propia.

Aunque el derecho al trabajo no es el derecho a un puesto de trabajo, es el derecho a unas oportunidades y condiciones que pueden proporcionarte un trabajo digno, que te permita a ti y a tu familia conseguir un nivel de vida adecuado.

Los gobiernos deben proporcionar servicios de apoyo para ayudar a la gente a acceder a oportunidades de empleo, y también buscar maneras de aumentar el número y la variedad de oportunidades disponibles. Las oportunidades de empleo deben estar disponibles para todas las personas sin discriminación. Los trabajadores y las trabajadoras también deben poder crear sindicatos, afiliarse a ellos y participar en acciones colectivas.

Sin embargo, la violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es una práctica generalizada. Millones de personas son obligadas a trabajar contra su voluntad, o trabajan en condiciones degradantes e injustas, como sucede en algunos almacenes deAmazon. Otras, debido a la falta de oportunidades, no tienen más remedio que trabajar en la economía bajo demanda, lo que suele implicar muchas horas, contratos precarios e inestabilidad salarial.

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes suelen ser quienes sufren mayor explotación, y pueden ser manipulados por empleadores sin escrúpulos para que realicen tareas difíciles y peligrosas sin protección. Esto puede desembocar en situaciones que denominamos trabajo forzoso, una forma de esclavitud moderna.

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A pesar de todo lo anterior, la realidad de millones de personas es que los gobiernos con frecuencia no respetan ni defienden algunos o la totalidad de estos derechos. Y aquí es donde entra el derecho a un recurso efectivo. Cuando hablamos de tener derecho a un recurso efectivo, queremos decir que toda persona debe poder recurrir ante los tribunales cuando se han violado sus derechos.

Este recurso debe ser accesible, vinculante, efectivo y capaz de garantizar que se haga justicia. Debe proporcionar una reparación adecuada a la víctima y evitar nuevas violaciones de derechos.

Aunque el derecho a un recurso efectivo garantiza que se pueda reclamar una reparación al Estado directamente, la cooperación y la asistencia internacionales son fundamentales para defenderlo y hacerlo cumplir. Los Estados deben colaborar para garantizar que la gente pueda reclamar justicia como parte de sus obligaciones extraterritoriales. Esto implica que las obligaciones en materia de derechos humanos no terminan en las fronteras de los Estados cuando sus acciones afectan a las vidas de personas que viven en otros.

El derecho a un recurso efectivo es aplicable a todos los derechos, por ejemplo, cuando una persona ha sido torturada o, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, ha sido desalojada a la fuerza de su vivienda. También es de aplicación cuando una empresa ha violado sus derechos, como sucedió en Qatar.

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La política económica ejerce una influencia enorme en los DESC. La aplicación de medidas de “austeridad” por parte de los gobiernos puede tener efectos muy adversos sobre los derechos humanos.

Hablamos de austeridad cuando los gobiernos aplican medidas para tratar de que la deuda pública disminuya, normalmente recortando el gasto. Esto afecta a los derechos de la población, porque suele significar la eliminación o reducción de la financiación de servicios que son esenciales para garantizar que puede acceder a sus derechos. En la práctica puede suponer que aumente el tiempo de espera para recibir atención médica vital, o que ya no se garantice la prestación de servicios como la recogida de basuras, con el consiguiente empeoramiento del saneamiento. También puede ser que se reduzcan las prestaciones de la seguridad social, lo cual incrementaría la pobreza y el hambre.

Antes de aplicar medidas de austeridad, los gobiernos deberían analizar la repercusión que éstas tendrán en los derechos humanos y considerar medidas alternativas, como negociar una reducción de la deuda con sus acreedores, llevar a cabo una reforma fiscal para conseguir un sistema más justo, o desviar fondos de otras áreas hacia servicios más esenciales, como la educación y la atención sanitaria.

La humanidad se enfrenta hoy a una situación sin precedentes de crisis graves que se acumulan, se entrecruzan, se alimentan y se agravan mutuamente.

Por ejemplo, la actual crisis climática podría significar el desplazamiento de personas de tierras que ya no pueden cultivar, y esto las pondría en peligro de sufrir una situación inadecuada de vivienda y acceso a los alimentos, así como al agua y al saneamiento. Si el gobierno está aplicando medidas de austeridad, puede que no haya suficiente financiación para ayudarlas adecuadamente.

Y a la inversa: la crisis mundial del aumento del coste de la vida podría suponer que los Estados no fueran capaces de abordar los efectos del cambio climático, de manera que, por ejemplo, si una escuela resulta destruida por la climatología adversa, puede que no haya dinero para reconstruirla, y los niños y niñas se queden sin educación.

Estas crisis que se entrecruzan aumentan la pobreza, la desigualdad y la discriminación en todo el mundo.

Amnistía Internacional defiende la plena realización de los DESC para garantizar que todo el mundo puede llevar una vida digna, sin discriminación y sin pobreza.

Nuestra campaña Protejamos la Protesta pide a los gobiernos que permitan a la ciudadanía ejercer su derecho a protestar, ya sea contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad de las condiciones laborales, la desigualdad en la atención sanitaria, la falta de educación o cualesquiera de las áreas donde no puede acceder a los DESC.

Ayudamos a los trabajadores y las trabajadoras a defender sus derechos, denunciando condiciones y prácticas laborales ilegales que violan su derecho al trabajo.

Luchamos para que mejore el acceso de los niños y las niñas a una escolarización adecuada, y para que todo el mundo tenga una vivienda segura y saludable, en la que haya suficiente agua y comida.

Pedimos a los gobiernos que garanticen que nadie cae en la pobreza a pesar de obstáculos como la crisis económica, cumpliendo con su obligación de proporcionar seguridad social.

Y realizamos una intensa labor de cabildeo para asegurar que, cuando se violan derechos, quienes lo hacen responden ante la justicia.

El horizonte mundial se presenta lleno de retos. El cambio climático y el aumento del coste de la vida son dos crisis que han agravado muchas de las dificultades que la gente arrostra para acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, es esencial que esos derechos se respeten, se protejan y se garanticen a todo el mundo sin discriminación, pues son inseparables de lo que significa vivir una vida plena, y no dejaremos de luchar por ellos.