Tras la decisión adoptada el 12 de enero por la Corte Suprema de Columbia Británica, que declaró culpables de desacato a las personas wet’suwet’en defensoras de la tierra y a otros defensores y defensoras indígenas de la tierra, France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de la sección francófona de Amnistía Internacional Canadá, ha afirmado: “Una investigación reciente realizada por Amnistía Internacional concluyó que las personas defensoras de las tierras Sleydo’ (Molly Wickham), Shaylynn Sampson y Corey (Jayochee) Jocko han sido enjuiciadas por proteger pacíficamente el territorio wet’suwet’en contra la construcción del gasoducto de Coastal GasLink (CGL). Amnistía Internacional está consternada por la decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica. La organización ha documentado problemas con estos casos desde el día de la detención arbitraria de estas personas hasta la actualidad. Para empezar, no deberían haberse emprendido estas actuaciones judiciales, puesto que la defensa pacífica de las tierras ancestrales no cedidas no debe tratarse como un delito. La Corona no debe oponerse a las demandas por abuso procesal que están presentando las personas defensoras de la tierra”.

“La investigación realizada por Amnistía Internacional reveló numerosas violaciones a los derechos de las personas wet’suwet’en defensoras de la tierra y de quienes las apoyaban, ocurridas durante redadas policiales, arrestos y detenciones en gran escala”, ha manifestado Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección anglófona de Amnistía Internacional Canadá. “Durante las redadas, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por su sigla en inglés) actuó de forma desproporcionada, desplegando agentes armados con fusiles de francotirador, unidades caninas y helicópteros para detener a quienes defienden la tierra de forma pacífica. Mientras estuvieron detenidas, las personas indígenas defensoras de la tierra recibieron un trato más duro que otras personas también detenidas pero que no eran indígenas —por ejemplo, estuvieron esposadas y tuvieron que comparecer ante un juez en ropa interior—. Las autoridades canadienses están dando un trato doblemente injusto a Sleydo’ (Molly Wickham), Shaylynn Sampson y Corey (Jayochee) Jocko: primero, al permitir el avance de la construcción del gasoducto sin haber obtenido antes su consentimiento informado y otorgado libremente; y ahora, al enjuiciarlos por ejercer de manera pacífica su derecho a proteger sus tierras. Las autoridades canadienses están castigando a las personas indígenas que defienden la tierra en lugar de exigir que rindan cuentas los responsables de violar sus derechos humanos”.

“Los pueblos indígenas son los administradores de los ecosistemas naturales que mitigan los efectos del cambio climático. Enjuiciarlas por proteger esos ecosistemas es destructivo y contraproducente”, ha manifestado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En una época en la que las personas indígenas defensoras de la tierra en las Américas se enfrentan a peligros sin precedentes por defender sus territorios contra proyectos de extracción, Canadá debería protegerlos en vez de perseguirlos”.

 

 



 

Información complementaria

La nación Wet’suwet’en no ha dado su consentimiento para la construcción del gasoducto de Coastal GasLink (CGL). Las personas wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra y quienes las apoyan protegen las tierras y cursos de agua ancestrales de la nación frente a la construcción del gasoducto.

El 11 de diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicó el informe‘Removed from our land for defending it’: Criminalization, Intimidation and Harassment of Wet’suwet’en Land Defenders, en el que se analizan las violaciones a los derechos humanos de las personas de la nación Wet’suwet’en y quienes las apoyan, cometidas por las autoridades de Canadá y de Columbia Británica, CGL Pipeline Ltd. y TC Energy —las empresas que están construyendo el gasoducto— y Forsythe Security, una empresa de seguridad privada contratada por CGL Pipeline Ltd.

La investigación de Amnistía Internacional permitió constatar que el proceso de consulta con respecto al gasoducto de CGL no cumplió con los criterios establecidos por el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos, infringiendo con ello el derecho colectivo de la nación Wet’suwet’en a la consulta con el fin de obtener su consentimiento informado previo y otorgado libremente.

En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo de Columbia Británica concedió a CGL una orden judicial interlocutoria que prohibía a las personas defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en y a quienes las apoyan bloquear la carretera del servicio forestal de Morice para intentar detener la construcción del gasoducto en el territorio wet’suwet’en. La orden judicial contiene disposiciones de ejecución en virtud de las cuales las personas defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en pueden ser arrestadas por aproximarse a los lugares de construcción del gasoducto y por bloquear la carretera, aun cuando estos lugares están ubicados en territorio no cedido de la nación Wet’suwet’en. La investigación de Amnistía Internacional permitió determinar que el condicionado de la orden judicial es excesivamente amplio en cuanto a su alcance y su efecto, y que la orden restringe de forma indebida los derechos de la nación Wet’suwet’en al autogobierno y al control de sus territorios, así como sus derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Además, la orden judicial ha permitido a CGL avanzar en la construcción del gasoducto sin la consulta adecuada y sin el consentimiento informado previo y otorgado libremente por la nación Wet’suwet’en.

Amnistía Internacional ha observado que, al actuar en virtud de la orden judicial, la RCMP intimida, acosa, vigila y detiene de forma ilegítima a las personas wet’suwet’en defensoras de la tierra y a quienes las apoyan. En noviembre de 2021, la RCMP detuvo a decenas de personas defensoras de la tierra durante la aplicación de la orden judicial, entre otras, a Sleydo’ (Molly Wickham), Shaylynn Sampson y Corey (Jayochee) Jocko. Asimismo, la investigación de Amnistía Internacional permitió determinar que la naturaleza de las tácticas empleadas por la RCMP durante estas operaciones policiales en gran escala no fueron proporcionadas y violaron los derechos de las personas defensoras de la tierra. La investigación también concluyó que se detuvo de forma arbitraria a las personas wet’suwet’en defensoras de la tierra y a quienes las apoyan por defender el territorio de la nación Wet’suwet’en y ejercer sus derechos indígenas y su derecho a la libertad de reunión pacífica.

Sleydo’ (Molly Wickham), Shaylynn Sampson y Corey (Jayochee) Jocko fueron acusados de desacato penal por presunta violación del condicionado de la orden judicial. Fueron a juicio el 8 de enero de 2024. El 12 de enero, la Corte Suprema de Columbia Británica los declaró culpables de desacato penal. El juicio sigue abierto mientras la Corte Suprema estudia las demandas por abuso procesal presentadas por las tres personas defensoras de la tierra, quienes alegan que se violaron sus derechos humanos durante las redadas de la RCMP, los arrestos y las detenciones.