En respuesta a las informaciones según las cuales se ha comunicado a la madre de Alekséi Navalny que el cuerpo de su hijo sólo se entregará para un entierro secreto, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Se trata de un flagrante intento de las autoridades rusas de causar un sufrimiento adicional a una madre afligida negándole la posibilidad de enterrar a su hijo con dignidad y de conformidad con sus propios deseos en cuanto a celebrar un funeral público o privado. Aparentemente, están ocultando lo que le han hecho con el pretexto de tener que llevar a cabo un examen forense de su cuerpo.

“Que no quepa ninguna duda. La muerte de Alekséi Navalny fue causada por las autoridades rusas. Antes o después conoceremos toda la verdad, y todos los responsables deberán comparecer ante la justicia. Pero en su intento de ocultar pruebas de sus crímenes, las autoridades rusas están infligiendo de hecho malos tratos y sufrimiento adicional a la familia y los seres queridos de Navalny.

“Al negar a la madre de Navalny el derecho a recibir el cuerpo de su hijo y organizar el funeral que la familia decida, la cobardía del Kremlin salta a la vista. No es más que una endeble estratagema para impedir que las personas partidarias de Navalny presenten sus respetos y ejerzan su derecho a la disidencia pacífica contra un régimen que ha demostrado el despiadado trato que dispensa a las voces críticas.

“Pedimos a las autoridades rusas que entreguen inmediatamente el cuerpo de Alekséi Navalny a la familia y permitan el acceso para una investigación independiente sobre la causa de su muerte, con la participación de su familia. También reclamamos que todas las personas detenidas únicamente por llorar su pérdida o por protestar pacíficamente sean puestas en libertad de inmediato.”

Información complementaria

Alekséi Navalny fue encarcelado por cargos falsos en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento casi mortal con un agente neurotóxico de uso militar que sufrió en 2020 en Rusia. Una vez en prisión, se presentaron en su contra cargos falsos adicionales y la pena de prisión que se le había impuesto se amplió a 19 años. Fue enviado a una colonia penitenciaria rusa del régimen más estricto cerca del círculo polar Ártico, donde se le negó sistemáticamente tratamiento médico adecuado y se le encerró en celdas de castigo en 27 ocasiones durante periodos prolongados, hasta un total de más de 300 días, por presuntas infracciones disciplinarias, como llevar un botón desabrochado. Sus condiciones de reclusión constituían una violación de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El 16 de febrero, el Servicio Penitenciario Federal de Rusia (FSIN) informó de que Alekséi Navalny se había sentido mal después de un paseo en el patio de la prisión y había perdido el conocimiento poco después. A pesar de que el FSIN afirma que recibió atención inmediata de profesionales médicos en la colonia penitenciaria y de la llegada de una ambulancia con su dotación de personal, todos los intentos de reanimación presuntamente fracasaron y se certificó la muerte de Navalni. La declaración del FSIN concluía con el anuncio de que se estaban determinando las causas de la muerte.

De acuerdo con el Protocolo de Minnesota de la ONU sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, los Estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de todas las muertes bajo custodia. Entre otros aspectos clave, las autoridades deben garantizar una autopsia independiente, transparente y realizada por expertos forenses imparciales, que permita el examen de observadores internacionales y de la familia de Navalny.

Además, en virtud de las normas internacionales de derechos humanos relativas al derecho a la vida, las muertes bajo custodia crean una presunción de responsabilidad del Estado que sólo puede refutarse mediante una investigación adecuada.