Amnistía Internacional exige la rendición de cuentas rápida e imparcial de todos los implicados y la adopción urgente de medidas de reparación para las familias y de no repetición por parte del Estado brasileño
Tras seis inaceptables años de lucha por la justicia, las familias de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco y de su chófer Anderson Gomes, la sociedad civil brasileña y toda la comunidad internacional han recibido esta mañana (24) la noticia de la detención preventiva de tres presuntos autores intelectuales del crimen: Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, su hermano, Chiquinho Brazão, diputado federal, y Rivaldo Barbosa, jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro en el momento de los homicidios.
Amnistía Internacional ha seguido el caso desde el primer minuto y considera que las detenciones de hoy representan un importante paso adelante, pero no significan justicia. Es alarmante que el proceso de investigación haya identificado hasta ahora a tres ex agentes de seguridad pública (dos policías militares y un bombero) como autores materiales del crimen, y a otros tres agentes públicos como autores intelectuales.
La información ya recabada por las autoridades sugiere que el crimen podría estar vinculado a los intereses de expansión de las milicias en Río. En este sentido, es importante recordar que el surgimiento y expansión de grupos paramilitares es el resultado, entre otros factores, de la omisión, tolerancia o aquiescencia de las autoridades estatales, así como de la impunidad y de la falta de respuesta contundente de las autoridades estatales a las desviaciones en sus estructuras. La responsabilidad estatal en el surgimiento y expansión de grupos paramilitares ha sido objeto de decisiones emblemáticas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual, constatando la existencia de diversos casos de vinculación entre grupos paramilitares y agentes de seguridad pública, ha establecido como deberes estatales internacionales básicos los siguientes
a) el deber de prevenir violaciones de derechos;
b) el deber de investigar diligentemente
c) el deber de exigir responsabilidades por las violaciones;
d) el deber de reparar a las víctimas.
Las autoridades brasileñas han incumplido todos estos deberes en relación con los asesinatos de Marielle y Anderson.
Este grave crimen se preparó con todo detalle. Varios actores han participado y, tras los asesinatos, hemos visto innumerables fallas e intentos de obstruir la investigación durante los últimos seis años, muchos de ellos llevados a cabo por funcionarios públicos. Todos deben rendir cuentas.
También es deber del Estado brasileño garantizar reparaciones a las familias de las víctimas y medidas de no repetición, para evitar que se hechos como este tornen a pasar. Brasil sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos humanos. Según el informe de Global Witness, entre 2018 y 2022, el país pasó del 4º al 2º puesto en el ranking de países que más asesinan a defensores de derechos humanos y ambientalistas. Entre 2019 y 2022, una media de 3 defensores han sido asesinados cada mes en el país. El 14 de marzo de 2024, Amnistía Internacional publicó el documento “Cartas sobre la Mesa”, que sistematiza los 6 principales errores cometidos por las autoridades brasileñas, por acción u omisión, en el esclarecimiento del crimen, así como 6 recomendaciones urgentes dirigidas a medidas de no repetición. Entre ellas, la adopción de mecanismos eficientes de control externo de la actividad policial y de combate a la corrupción, la participación de un mecanismo de expertos internacionales independientes en la investigación, así como la reformulación e implementación efectiva de programas de protección a defensores de derechos humanos, comunicadores y ambientalistas.
Hemos reiterado continuamente que cada día de impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Brasil. Aunque Élcio de Queiroz y Ronnie Lessa han sido detenidos en prisión preventiva en 2019, sólo hoy, al final del primer trimestre de 2024, las investigaciones coordinadas en colaboración entre las instituciones federales, el Ministerio Público de Río de Janeiro, la Policía Federal y la Policía Criminal Federal, han podido dirigir a la sociedad hacia una posible conclusión sobre quienes han sido los autores intelectuales de los asesinatos.
Amnistía Internacional renueva su petición pública de justicia. Instamos a las autoridades brasileñas a que garanticen que todos los responsables de la planificación y ejecución del crimen, así como todos los responsables de cualquier desviación y obstrucción de las investigaciones, son llevados ante la justicia en juicios justos que cumplan las normas internacionales. El legado de Marielle sólo podrá prosperar si Brasil se convierte en un espacio seguro para todos aquellos que defienden los derechos humanos.
