Este lunes 6 de mayo iniciará el segundo juicio en contra de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra Rivas. El Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos del caso, la acusan de haber revelado información reservada cuando aún fungía como jefa de la FECI. Se trata del segundo juicio que enfrenta en menos de 18 meses. Las organizaciones firmantes condenamos la continuación del hostigamiento penal hacia la exfiscal como represalia por su trabajo anti-corrupción. Exigimos que se respeten las garantías del debido proceso en este juicio, el cual estaremos observando.
Virginia Laparra es una exfiscal ejemplar y Doctora en Derecho que está enfrentando dos procesos penales infundados como consecuencia del ejercicio de su función como fiscal, al haber defendido la justicia y denunciado la corrupción. En noviembre de 2022 fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Su labor fiscal ha sido ampliamente reconocida, entre otros, mediante el otorgamiento del premio a la excelencia laboral por parte del presidente de Guatemala Bernardo Arévalo en marzo de 2024; del premio Quetzal por la democracia y los derechos humanos, y la medalla Ixoqib ‘Tz’i – Mujeres de justicia.
El 16 de diciembre de 2022, tras un primer proceso penal con varias irregularidades y que no garantizó sus derechos, un tribunal de la Ciudad de Guatemala sentenció a Virginia Laparra a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad. La condena aún no está firme. Por ello, la exfiscal estuvo casi dos años en prisión hasta que se dictó una medida de arresto domiciliario el 3 de enero de 2024. Su detención fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Varios otros expertos de las Naciones Unidas y de la OEA también han denunciado el carácter político de la persecución penal y violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
En este nuevo juicio se enfrenta a la posibilidad de ser condenada a 5 y hasta 8 años de prisión. Lamentablemente, en las primeras etapas del proceso, ya se han observado acciones arbitrarias, demoras injustificadas y violaciones a sus derechos de defensa y a un juicio justo.
Estos dos casos, que derivan de denuncias interpuestas por un juez de Quetzaltenango entre 2018 y 2019 a quien la ex fiscal Laparra iniciara procedimientos en su contra por señalamientos de corrupción, son claras muestras de la manipulación del sistema de justicia para garantizar la impunidad de los responsables en casos de corrupción a gran escala.
Las organizaciones firmantes condenamos la continuación del hostigamiento penal hacia la exfiscal como represalia por su trabajo anti-corrupción. Exigimos que se respeten las garantías del debido proceso en este juicio, el cual estaremos observando.
Exhortamos al Ministerio Público y al Organismo Judicial a que garanticen el derecho de Virginia Laparra a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, con todas las garantías del debido proceso, incluyendo una audiencia pública, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, instamos al Ministerio Público y al Organismo Judicial a poner fin a la criminalización de las y los operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, comunidades indígenas y periodistas solamente por su lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
Organizaciones firmantes
- Abogados sin Fronteras Canadá
- Amnistía Internacional
- CIVICUS, Alianza Global de la Sociedad Civil
- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Be Just
- Latin America Working Group (LAWG)
- Oficina para Mesoamérica de Protection International
- Programa ACTuando Juntas Jotay
- American Jewish World Service
- Impunity Watch
- Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
- International Service for Human RIGHTS (ISHR)
