“Tres años después, la total ausencia de medidas concretas para abordar la catástrofe de derechos humanos en Afganistán es un motivo de vergüenza para el mundo.”
Samira Hamidi, responsable de campañas para Asia Meridional en Amnistía Internacional
Las consultas se llevaron a cabo con personas en 21 provincias de todo Afganistán, y con personas exiliadas en 10 países: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, España, Suiza, Italia, Canadá y Pakistán.
Derechos de las mujeres y las niñas
Más de 20 defensoras de los derechos humanos afganas que viven en 21 provincias de Afganistán contaron a Amnistía Internacional que han perdido capacidad de acción en todos los aspectos de su vida. Las mujeres con las que hablamos trabajaban anteriormente en campos diversos, como el derecho, la política, el periodismo, la educación y el deporte. Después de tres años de gobierno talibán, todas ellas repetían la sensación de no ser “nadie”, y no tener apenas oportunidades de empleo o de contribuir económica o culturalmente.
Razia, defensora de los derechos humanos de la provincia afgana de Kunduz, declaró: “a las mujeres que han perdido su capacidad de acción, su empleo y su situación económica les dicen que se lo merecen, y que el regreso de los talibanes es un paso positivo para hacer callar a quienes predicaban el adulterio en nombre de los derechos humanos y los derechos de las mujeres”.
Los talibanes han rechazado las acusaciones de persecución de género alegando que cumplen con la sharia (ley islámica) y con la “cultura afgana”. Todos los decretos restrictivos y represivos introducidos al principio de su mandato, teóricamente como medidas temporales para garantizar la seguridad de las personas, especialmente las mujeres y niñas, continúan en vigor al cabo de tres años.
“Nos dijeron que los talibanes han cambiado. Nos dijeron que no estropeáramos los esfuerzos por lograr la paz. Nos dijeron que el mundo nos apoyaría. [Sin embargo,] Hoy día vivimos nuestra desgracia solas”, ha dicho Nazifa, profesora de la provincia afgana de Mazar-e-sharif.
Justicia y rendición de cuentas
El sistema de justicia oficial y legal de Afganistán se colapsó tras el regreso de los talibanes al poder y, en noviembre de 2022, el líder supremo talibán emitió una orden de obligado cumplimiento de aplicar plenamente la sharia (ley islámica) en el país.
“Los talibanes anunciaron que no es necesaria la participación de abogados durante los juicios. No creen en los sistemas de justicia, pero basan casi todos sus actos en su interpretación de la sharia guiándose por eruditos religiosos de las madrasas (las escuelas islámicas) que carecen de educación jurídica formal”, ha manifestado Ahmad Ahmadi, exabogado que ahora vive en el exilio en Europa.
Diversas personas que representan a la sociedad civil hablaron del regreso de los castigos corporales a Afganistán, incluidas la flagelación pública, la ejecución pública, la amputación de miembros, la lapidación y otras formas de malos tratos y tortura que violan el derecho internacional. La ausencia de juicios justos, o de acceso a recurso legal, sigue sin denunciarse.
Reducción del espacio de la sociedad civil
Afganistán tiene una sociedad civil cada vez más reducida en la que las personas que defienden los derechos humanos, las mujeres que se manifiestan, las organizaciones de base y las personas que ejercen el periodismo o el activismo político son consideradas enemigas por los talibanes. Quienes protestan sufren desaparición forzada, detención arbitraria, encarcelamiento, tortura y otros malos tratos. Muchas de estas personas se han visto obligadas a huir del país, dejando atrás familias y empleos, por temor a las represalias. Centenares de ellas permanecen atrapadas en Irán, Pakistán y Turquía, donde sufren dificultades legales y económicas e incluso están expuestas a la deportación forzada.
La comunidad de derechos humanos afgana contó que sufre exclusión, no sólo por parte de los talibanes, sino también de la comunidad internacional. “Nuestros miembros que se encuentran en Afganistán no reciben invitaciones para unirse a debates importantes porque se considera ‘demasiado arriesgado’. A quienes estamos en el exilio nos excluyen porque no vivimos en Afganistán y por tanto se considera que nuestra situación no es ‘legítima’”, ha contado Tabasoom Noori, activista de los derechos de las mujeres que vive exiliada en Estados Unidos.
Apoyo de la comunidad internacional
Los defensores y defensoras de los derechos humanos que hablaron con Amnistía Internacional pensaban que la gravedad de la crisis de derechos humanos en Afganistán se ve socavada en parte por la retórica y la propaganda de los talibanes que afirman que el país es ahora “más seguro”, con una economía creciente en la que se trata a la ciudadanía con respeto y dignidad conforme a la sharia y a la cultura islámica.
En realidad, los talibanes han creado un entorno de temor y control absoluto. “El mismo grupo cuyos miembros se hacían estallar en pedazos y mataban a civiles y fuerzas de seguridad ya no hace esas cosas (porque está en el poder), así que, por supuesto, [Afganistán] será más seguro”, ha declarado Zarifa, defensora de los derechos de las mujeres que vive en el exilio en Estados Unidos.
“Después de tres años, la frustración en la comunidad afgana es palpable. Tras innumerables declaraciones y reuniones, el mundo sigue expresando su pesar mientras los talibanes siguen violando los derechos humanos y deshaciendo 20 años de duro trabajo en todas las esferas de la vida pública y privada.”
“Es necesario que todos los actores que trabajan sobre Afganistán se coordinen y encuentren plataformas seguras y creativas para debatir y dialogar con el fin de encontrar soluciones efectivas a largo plazo. Esto también podrá ser posible cuando estos actores dispongan de vías, recursos y conocimientos para hacerlo. La comunidad internacional debe comprometerse a apoyar estas medidas, respetar la multitud de voces de la comunidad y abstenerse de establecer con los talibanes una relación sin principios que sólo resulte ser perjudicial para los esfuerzos colectivos. Es el momento de coordinar las acciones”, ha manifestado Samira Hamidi.
