A pesar de los intentos de algunos países, como Argentina y Estados Unidos, de debilitar el texto y cuestionar principios básicos y ampliamente aceptados sobre género, se logró consensuar una importante declaración que debe traducirse en un mayor compromiso a nivel internacional para garantizar la igualdad y la prevención de la violencia basada en género.
“Ahora los gobiernos deben pasar de las palabras a la acción y garantizar que estos compromisos generen cambios reales para las mujeres y niñas que sufren violaciones de derechos y abusos en todo el mundo", declaró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Entre los avances más significativos, la declaración reitera el compromiso de eliminar la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la facilitada por el uso de la tecnología y reconoce la importancia de asegurar el acceso a servicios de apoyo, justicia y protección para víctimas y sobrevivientes. También destaca la importancia de incrementar la representación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisión. A su vez, reafirma el derecho a la salud y subraya la necesidad de cerrar la brecha digital de género.
Un avance en medio de un clima hostil
Este llamado a la acción llega en un contexto de crecientes amenazas contra los derechos de las mujeres y diversidades, en particular contra los derechos sexuales y reproductivos. En distintas partes del mundo, sectores conservadores buscan restringir el acceso a anticonceptivos, criminalizar el acceso al aborto, eliminar el acceso a la educación sexual integral y a los programas destinados a garantizar la salud de las personas trans.
Al mismo tiempo, las tasas de femicidios y violencia de género continúan en niveles alarmantes, mientras que los recortes presupuestarios y la falta de voluntad política de los gobiernos agravan la situación.
“Lograr esta declaración política en el contexto actual, donde los derechos de mujeres y diversidades están bajo ataque en distintas partes del mundo, es un logro que refleja la lucha incansable de activistas y defensoras de derechos humanos", señaló Fernanda Doz Costa, directora del Programa de Género, Justicia Racial y Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional. "Sin embargo, no podemos ignorar los intentos coordinados de algunos sectores por frenar o incluso hacer retroceder los avances conseguidos con tanto esfuerzo", señaló.
Amnistía Internacional Argentina participa de este proceso y está presente en la sede la ONU en Nueva York, con el compromiso de generar consciencia sobre la situación de mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI+ en nuestro país, para que todas las personas puedan vivir una vida libre de violencia. En este marco, y junto con la Alianza Argentina OSC—una coalición de organizaciones de la sociedad civil—organizó el evento "Milei’s Argentina from a Feminist Viewpoint" en el #69CSW. Allí, referentes feministas expusieron ante representantes internacionales sobre el grave retroceso en materia de derechos de las mujeres y la diversidad en Argentina.
"Somos parte de un momento histórico, en el que junto a organizaciones feministas de todo el mundo nos movilizamos para enfrentar las regresiones y los discursos de odio contra los derechos de las mujeres. La respuesta colectiva es clave, y lo sucedido en la #69CSW lo demuestra: Argentina intentó quebrar el consenso internacional en materia de igualdad de género, pero no lo logró. Esto marca un límite claro que subraya el fuerte apoyo global a los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, para construir una sociedad libre de violencia y discriminación.” expresó Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
En Argentina, los derechos sexuales y reproductivos enfrentan retrocesos. Los recortes presupuestarios y la falta de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, que ha renunciado a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país, agravan las desigualdades que enfrentan mujeres, niñas y personas gestantes, profundizando las brechas sociales. En un país en que cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres el Estado decidió dar marcha atrás con una política exitosa, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA) que contribuyó a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49%.
A ello se suma la falta de insumos esenciales para interrupciones voluntarias y legales del embarazo y la notable reducción de métodos anticonceptivos y preservativos que amenaza el derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de mujeres y personas gestantes. Todo esto ocurre en un contexto de discursos públicos regresivos y narrativas que buscan desconocer estos derechos, promovidas por sectores que no dudan en recurrir a la desinformación para justificar el avasallamiento de estos derechos conquistados. Además, Argentina ha dado un giro regresivo en su política exterior, abandonando su tradicional liderazgo en la defensa de los derechos humanos a nivel regional y global
En este contexto, Amnistía Internacional insta a los Estados a transformar sus compromisos en acciones concretas que garanticen el acceso pleno a los derechos humanos de mujeres, niñas y diversidades, para que puedan vivir en un mundo libre de violencia, con igualdad de oportunidades y sin discriminación. La organización también denuncia el preocupante aumento de la persecución y los discursos de odio contra activistas y defensoras de derechos humanos, y exige a los Estados medidas urgentes para proteger su seguridad y apoyar su labor fundamental en la lucha por los derechos de todas las personas.
Por último, reclama que los gobiernos garanticen el acceso irrestricto a la justicia y a servicios de salud integrales, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva.
Información complementaria
En el 69º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se conmemoró el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). Hace treinta años, 189 gobiernos se reunieron para adoptar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un hito en la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, los Estados miembros negocian y acuerdan cada cinco años una declaración política para expresar su compromiso renovado con el acuerdo global.
