A propósito del procesamiento de miembros de la comunidad Qom La Primavera

 

Ante los recientes procesamientos dictados contra el líder indígena (qarashe) Félix Díaz y otros tres miembros de la comunidad toba qom de La Primavera, Amnistía Internacional advierte que el sistema de justicia no debe ser utilizado para perseguir a quienes defienden sus legítimos derechos.

Miguel Kisinakai, Clemente Sanagachi y Eugenio Fernández fueron procesados junto a Félix Díaz el último jueves por el juez Gabriel Garzón, de la ciudad de Clorinda, Formosa, por los presuntos delitos de robo de armas y atentado a la autoridad. La causa se refiere a hechos ocurridos en la mañana del 23 de noviembre de 2010, en el corte de ruta que los indígenas realizaban en defensa de sus tierras ancestrales. Por la tarde de ese día se produjo la represión que derivó en la muerte de un indígena y un policía y dejó además varios heridos y algunas casas de miembros de la comunidad calcinadas.

En Argentina, los pueblos indígenas son objeto de discriminación y violencia, como ha sido relevado por el Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en ocasión de su visita al país. En su informe de 2012 el Relator exhortó al Estado a revisar la respuesta penal estatal que criminaliza actos vinculados a protestas de pueblos originarios para resistir desalojos y reivindicar sus legítimos derechos, y a buscar soluciones que permitan la compatibilidad entre los fines de orden público y el respeto a las normas internacionales de derechos humanos. Las acciones públicas y las protestas pacíficas son especialmente importantes y muchas veces el último recurso para comunidades marginadas que tienen escaso o nulo acceso a mecanismos formales de participación para expresar sus inquietudes y reivindicar sus derechos fundamentales.

La apertura de causas judiciales y la presentación de cargos criminales constituyen muchas veces una herramienta para perseguir a quienes luchan para defender sus derechos, con el objetivo de que desistan de sus reclamos. Amnistía Internacional recuerda que el uso de la herramienta penal para amedrentar, amenazar, intimidar y acallar los reclamos de los pueblos originarios es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y podría comprometer la responsabilidad del Estado nacional.

El origen de la mayoría de los conflictos está en la falta de reconocimiento por parte del Estado del derecho al territorio indígena, amparado por la Constitución Nacional argentina y por el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado argentino –a través de sus instancias nacional y provinciales- debe cesar de criminalizar a quienes defienden sus legítimos derechos y, en cambio, debe cumplir con su obligación de regularizar la posesión y propiedad de las tierras que las comunidades indígenas han ocupado por generaciones y que constituyen el eje de su cosmovisión cultural.