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Para Fiscal General

Canadá: deben retirarse los cargos contra quienes defienden el derecho a la tierra

Canadá: deben retirarse los cargos contra quienes defienden el derecho a la tierra La Nación Indígena Wet’suwet’en está protegiendo sus tierras y cursos de agua ancestrales frente a la construcción de un gasoducto. Los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y sus simpatizantes que se oponen a la construcción del gasoducto están sufriendo vigilancia, acoso e intimidación a manos de la policía canadiense. La policía de Canadá ha detenido ilegalmente a miembros del pueblo wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra y a quienes los apoyan. Varias personas que defienden el derecho a la tierra han empezado a ser juzgadas o lo serán el 30 de octubre de 2023 y en enero de 2024. Las autoridades deben retirar los cargos de desacato penal contra las personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos indígenas y sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Nombre y cargo del destinatario

Fiscal General Niki Sharma

2135 East Hastings Street, Vancouver

British Columbia, Canadá

Correo-e: niki.sharma.mla@leg.bc.ca

 

Señor Niki Sharma:

 

Me dirijo a usted como simpatizante de la organización global de derechos humanos Amnistía Internacional. Los defensores y defensoras de la tierra y los jefes hereditarios wet’suwet’en nunca han dado su consentimiento al proyecto del gasoducto Coastal GasLink en su territorio ancestral y no cedido. Permitir que la construcción continúe sin su consentimiento libre, previo e informado vulnera su derecho a la libre determinación y a decidir qué desarrollo económico se lleva a cabo en su territorio tradicional, conforme se expone en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue consagrada en la legislación de la Columbia Británica cuando el gobierno provincial convirtió la Declaración en ley en noviembre de 2019.

 

El gasoducto ya ha causado destrucción ambiental y ha apartado al pueblo wet’suwet’en de su territorio ancestral. Impide a este pueblo realizar muchas de sus actividades tradicionales, como cazar y pescar, porque las obras han dañado el bosque.

 

La policía canadiense (Real Policía Montada del Canadá) ha detenido a decenas de defensores y defensoras de la tierra durante la aplicación de una orden judicial obtenida por la empresa del gasoducto. Los pueblos indígenas que emprenden acciones pacíficas para defender la tierra no deben ser criminalizados exclusivamente por ejercer sus derechos.

 

Ahora que se aproximan los juicios de varias de las personas que defienden la tierra (el 30 de octubre), es el momento de que usted emprenda acciones. Le insto a retirar inmediatamente los cargos que pesan contra las personas defensoras de la tierra criminalizadas que se oponen al gasoducto Coastal GasLink.

 

Atentamente, [NOMBRE]

 

Información complementaria

La decisión Delgamuukw-Gisday’wa de 1997 del Tribunal Supremo de Canadá afirma que los jefes hereditarios wet’suwet’en son las autoridades de la Nación, de acuerdo con la estructura de gobernanza del pueblo wet’suwet’en. Los cinco clanes de este pueblo indígena se oponen al gasoducto. Sin embargo, el proyecto se está llevando a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de la Nación, lo cual constituye una violación de la ‘anuc niwh’it’en (la ley de los wet\\\'suwet\\\'en), el derecho constitucional canadiense y las obligaciones contraídas por Canadá en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Coastal GasLink (CGL) es una empresa de construcción de gasoductos, filial de TC Energy Corporation. El gasoducto de CGL, que recorre 670 kilómetros, transportaría gas fracturado a la planta de procesamiento de gas natural licuado propuesta en Canadá.

En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictó una orden judicial provisional en favor de la empresa constructora del gasoducto que impedía a los defensores y las defensoras de la tierra bloquear la carretera principal que cruza el territorio wet’suwet’en para intentar paralizar la construcción del gasoducto. En febrero de 2019, los jefes hereditarios wet’suwet’en pidieron una orden de paralización de las obras del gasoducto. En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictó una orden judicial interlocutoria, que incluía disposiciones de ejecución. Actuando en virtud de esas órdenes judiciales, la Real Policía Montada del Canadá y su Grupo de Respuesta de la Industria de la Comunidad han vigilado, acosado e intimidado a los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en, incluidos los jefes hereditarios y la matriarcas. Además, la Real Policía Montada del Canadá y su Grupo de Respuesta de la Industria de la Comunidad han expulsado por la fuerza y detenido ilegalmente a defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y a personas que los apoyan, llevando a cabo redadas policiales militarizadas en sus territorios. Amnistía Internacional planteó estos motivos de preocupación a la empresa constructora del gasoducto mediante cartas enviadas el 12 de julio de 2022, el 17 de mayo de 2023 y el 17 de julio de 2023, y recibió respuestas genéricas que no abordaban estas denuncias. En junio de 2023, Amnistía Internacional se reunió con representantes de CGL y volvió a exponerles sus motivos de preocupación por estos abusos, pero siguió sin recibir respuesta a esos incidentes.

Durante cuatro operaciones policiales en gran escala emprendidas en enero de 2019, febrero de 2020, noviembre de 2021 y marzo de 2023 en respuesta a la defensa de la tierra realizada por el pueblo wet’suwet’en y quienes lo apoyan, más de 75 personas fueron detenidas y recluidas, entre ellas observadores jurídicos y miembros de los medios de comunicación. En julio y julio de 2022, el fiscal general de la Columbia Británica decidió procesar a 20 defensores y defensoras de la tierra por desacato penal, al parecer por desafiar la orden judicial interlocutoria que les impedía acercarse a las obras del gasoducto. En diciembre de 2022, cinco personas defensoras de la tierra se declararon culpables y fueron condenadas tres de ellas a una multa de 500 dólares y las otras dos a 25 horas de servicios comunitarios. Aunque la Corona dictó una suspensión de los procedimientos para varios observadores jurídicos, los demás defensores y defensoras de la tierra serán juzgados entre mayo de 2023 y enero de 2024. Entre 2019 y marzo de 2023 se han gastado casi 37 millones de dinero público en vigilar y controlar policialmente a los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en, sus vecinos indígenas, como los gitxsan, y sus aliados.

Desde 2009, los defensores y defensoras de la tierra wet\\\'suwet\\\'en han establecido en la tierra varios emplazamientos y estructuras para afirmar su jurisdicción sobre el territorio. Además, los wet’suwet’en han puesto en marcha un protocolo de consentimiento libre, previo e informado que exige que cualquier persona que visite el territorio pida permiso a los jefes hereditarios para entrar. CGL proporcionó documentación sobre el proceso de consulta con la Nación Wet’suwet’en sobre el proyecto del gasoducto pero, al examinar la documentación proporcionada, Amnistía Internacional determinó que el proceso de consulta no había cumplido las normas internacionales de derechos humanos y que, en última instancia, la Nación no había dado su consentimiento libre, previo e informado para que se siguiera adelante con el proyecto. Como parte de sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Canadá en diciembre de 2019 que suspendiera todos los permisos y aprobaciones para la construcción del gasoducto de CGL hasta que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado del pueblo wet’suwet’en, tras haber cumplido íntegra y adecuadamente con el deber de consultar. Amnistía Internacional ha enviado solicitudes formales de entrevista y preguntas a una serie de autoridades federales y provinciales canadienses. Aunque todas las autoridades declinaron reunirse con Amnistía Internacional, se recibieron respuestas escritas de la Real Policía Montada del Canadá, el primer ministro de la Columbia Británica y el regulador de energía de la Columbia Británica. Las respuestas eran declaraciones genéricas que no contestaban a las preguntas formuladas por la organización.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de octubre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Nación Wet’suwet’en (no aplicable)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/P


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