El 24 de octubre de 2021, el periodista Bassem al Zaak fue secuestrado mientras retransmitía en directo —en calidad de periodista— una sentada organizada por un bloque político en Bagdad para protestar por los resultados de las elecciones parlamentarias. Su familia cree que los secuestradores pertenecen a las Unidades de Movilización Popular, una extensa y consolidada red de milicias que legalmente se consideran parte de las Fuerzas Armadas iraquíes. Más de dos años después, su suerte y paradero siguen siendo desconocidos. Las autoridades iraquíes deben revelar su suerte y paradero y hacer rendir cuentas en juicios justos a quienes sean declarados responsables de su desaparición forzada.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Primer Ministro

Prime Minister Mohammed Shia’ al-Sudani

Correo-e: humanrights.advisor@pmo.gov.iq

X (antes Twitter): @mohamedshia

 

Señor Ministro:

Me preocupa enormemente que la suerte y el paradero del periodista Bassem al Zaak sigan sin conocerse más de dos años después de su desaparición forzada. Las autoridades iraquíes no han avanzado en la investigación de su desaparición forzada y nadie ha rendido cuentas.

El 24 de octubre de 2021, Bassem al Zaak fue secuestrado en el distrito de Jadriya, Bagdad, por individuos presuntamente pertenecientes a las Unidades de Movilización Popular (PMU), una extensa red de milicias que legalmente se consideran parte de las Fuerzas Armadas iraquíes. En ese momento, el periodista retransmitía en directo una sentada organizada por el bloque político Marco de Coordinación para protestar por los resultados de las elecciones parlamentarias de 2021.

El poder judicial abrió una investigación sobre la desaparición el 27 de octubre de 2021, después de que la familia presentara una denuncia ante la policía, pero hasta la fecha no ha habido resultados. Su familia explicó a Amnistía Internacional que, en noviembre de 2021, la Unidad de Secuestros del Ministerio de la Defensa les confirmó que Bassem al Zaak había sido secuestrado por individuos de las PMU, pero dijo que, dado que las PMU son un organismo oficial del Estado, la Unidad de Secuestros no podía investigar más. En diciembre de 2022, el departamento jurídico del Ministerio del Interior distribuyó una carta a todos sus departamentos solicitando información sobre el periodista, pero todos ellos respondieron que no estaba bajo su custodia.

Bassem al Zaak había participado en las protestas antigubernamentales conocidas como protestas de Tishreen (octubre), de ámbito nacional, que comenzaron el 1 de octubre de 2019. Su desaparición forzada sigue una constante habitual en las desapariciones forzadas documentadas por Amnistía Internacional en el marco de la represión de las protestas masivas de Tishreen. Las fuerzas de seguridad, entre ellas la policía antidisturbios, fuerzas antiterroristas y miembros de las PMU, llevaron a cabo una siniestra campaña de homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas dirigida especialmente contra periodistas, manifestantes, activistas y profesionales del derecho.

Instamos al Señor Ministro a que ordene una investigación rápida, independiente e imparcial que revele la suerte y el paradero de Bassem al Zaak y haga rendir cuentas en juicios justos que cumplan las normas internacionales a quienes resulten responsables de su desaparición forzada. Las autoridades deben garantizar también que su familia está protegida contra represalias y extorsiones por exigir justicia.

Atentamente,

 

[NOMBRE]

 

Información complementaria

Durante las protestas multitudinarias que comenzaron en octubre de 2019, conocidas como las protestas de Tishreen [octubre], las fuerzas de seguridad y miembros de las las Unidades de Movilización Popular (PMU), —extensa red de milicias consideradas legalmente parte de las Fuerzas Armadas iraquíes— usaron fuerza letal contra manifestantes y llevaron a cabo una siniestra campaña de homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Ha habido muy pocos enjuiciamientos de miembros de las fuerzas de seguridad o de las PMU por su papel en los actos de violencia contra manifestantes y activistas. En un informe publicado en junio de 2022, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) sólo pudo identificar la declaración de culpabilidad de cuatro “elementos armados no identificados” desde mayo de 2021 y de seis miembros de las fuerzas de seguridad por tiroteos selectivos, homicidios y secuestros. El informe añadía: “La UNAMI/OACNUDH no pudo identificar ningún otro caso que avanzara más allá de la fase de investigación durante el periodo objeto del informe”.

Desde 2019, sucesivos gobiernos iraquíes han formado numerosos comités para investigar violaciones de derechos cometidas en el contexto de las protestas a nivel nacional y local, pero estos comités no han servido para que se conozca la verdad o se haga justicia.

El más notable fue el Comité de Investigación creado en virtud de la orden ejecutiva 293 del entonces primer ministro Mustafa al Kadhimi el 18 de octubre de 2020 con el objetivo de reunir pruebas, publicar un informe completo e identificar a los responsables de los delitos cometidos. En aplicación del decreto, el Comité tiene derecho de remitir casos al poder judicial; sin embargo, no hay transparencia sobre si esto ha llegado a producirse.

En una carta de la Oficina del primer ministro Shia al Sudani a Amnistía Internacional de 2 de abril de 2023, la Oficina dijo que “el primer ministro ordenó en noviembre de 2022 la activación de las labores del comité [de investigación] y el acercamiento a representantes de quienes habían participado en las protestas”. La Oficina del primer ministro expuso las medidas que había tomado el Comité de Investigación, entre las que figuraba haber analizado “más de 215 casos obtenidos del Tribunal de Investigación Central de Rusafa y revisado más de 5.375 documentos oficiales que incluían informes médicos, formularios de autopsias de víctimas e informes de peritos, y el Comité sigue examinando documentos recibidos de los tribunales de apelación”. El primer ministro también confirmó que se habían pagado en concepto de indemnización a las familias de las personas asesinadas la cuantía de diez millones de dinares iraquíes por cada víctima.

Sin embargo, las indemnizaciones no sustituyen el establecimiento de la verdad ni la comparecencia de los perpetradores ante la justicia, y casi tres años después de su creación, el Comité de Investigación no ha publicado ninguna conclusión.

Según el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, se calcula que en Irak han desaparecido entre 250.000 y 1 millón de personas desde 1968, lo que convierte al país en uno de los que más personas desaparecidas tiene en el mundo.

La desaparición forzada actualmente no es un delito en virtud de la legislación iraquí, y por tanto no puede ser enjuiciada como delito en sí misma. El 6 de agosto de 2023, el Consejo de Ministros iraquí envió un proyecto de Ley de Personas Desaparecidas al Parlamento. El objetivo declarado del proyecto es ayudar a las familias de las personas en paradero desconocido a averiguar la suerte de éstas y darles acceso a indemnizaciones, incluso mediante la creación de una comisión nacional para las personas desaparecidas. No obstante, este proyecto de ley no tipifica como delito la desaparición forzada ni prevé penas para los perpetradores. Como Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Irak tiene la obligación de tipificar como delito la desaparición forzada, investigarla, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparación a las víctimas.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de febrero de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Bassem al Zaak (masculino)

Publicado el 4 de enero de 2024