El 9 de enero de 2024, la Asamblea Nacional retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela. Este proyecto de ley pasó una primera votación el 24 de enero de 2023 y su aprobación final puede ser inminente. De aprobarse, todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias. Urgimos enfáticamente a la Asamblea Nacional a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley y cese todos los ataques a la sociedad civil.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO 

 

Jorge Rodriguez 

Esqs. Monjas a San Francisco, 

Hemiciclo. Palacio Federal Legislativo, 

Carmelitas, Av Sur 2, 

Caracas, Distrito Capital, 

Venezuela

Twitter: @jorgepsuv

CC: @volker_turk

 

Estimado Jorge Rodríguez,

Es de suma preocupación que la Asamblea Nacional de Venezuela haya reiniciado el tratamiento del proyecto de ley contra las ONG que operan en el país, el denominado ‘Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines’. 

Este proyecto de ley es un intento más de controlar, limitar y posiblemente perseguir penalmente a las organizaciones no gubernamentales que hacen una contribución imprescindible a la sociedad venezolana, lo cual es especialmente grave en el contexto de unas posibles elecciones presidenciales en este año 2024. 

El texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y representa un vergonzoso esfuerzo por limitar su vital labor de apoyo a las personas más vulnerables en el país. 

Reiteramos de manera contundente nuestro llamado a que ponga fin de inmediato a este proyecto de ley en la Asamblea Nacional y a que garantice que se detengan todos los esfuerzos para atacar, controlar, enjuiciar o censurar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas en Venezuela, en particular de las y los más necesitados.

Atentamente,

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 

El actual proyecto de ley, titulado “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, es otro intento de restringir y controlar a la sociedad civil en Venezuela. La ley impondría controles estrictos que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes, y registro de movimientos financieros. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales. El 24 de enero de 2023, el proyecto de ley fue sometido a primera discusión y votación en la Asamblea Nacional. La votación fue aprobada y el proyecto de ley continuará su tramitación legislativa a menos que las autoridades detengan su tratamiento.

Los intentos anteriores de controlar y atacar a la sociedad civil en Venezuela incluyen la Providencia Administrativa No. 001-2021 de 2021 y la llamada “Ley de Cooperación Internacional” de 2022. Amnistía Internacional condenó públicamente ambas iniciativas, emitiendo la acción urgente 46/21 en respuesta a la primera, y una carta abierta dirigida a Nicolás Maduro firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la segunda. La Providencia Administrativa No. 001 fue modificada cuando el gobierno venezolano publicó nuevas normas que derogaron los elementos más preocupantes de la norma anterior, incluyendo el requisito de revelar las y los beneficiarios de las ONG, el plazo de un mes para registrar la información estipulada y la posibilidad de enjuiciamiento penal en caso de incumplimiento. La “Ley de Cooperación Internacional” finalmente nunca fue discutida y votada en la Asamblea Nacional.

Las personas defensoras de derechos humanos corren un riesgo constante de hostigamiento, ataques y detención. El defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, continúa detenido y procesado por defender los derechos humanos. Pedimos su libertad inmediata e incondicional.

El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, perseguido y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo huir a un número sin precedentes de personas en busca de seguridad y protección. A diciembre de 2022, más de 7.1 millones habían huido del país.

Desde 2020, tres informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado minuciosamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta a la política de represión del gobierno, y concluyó que estas graves violaciones a los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de marzo de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: ONGs venezolanas (ella/ellas)

Publicado el 23 de enero de 2024