CONTINÚA EL RIESGO PARA PERSONAS QUE DEFIENDEN LA TIERRA EN RÍO BLANCO
El 16 de julio, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) informó de nuevos ataques que afectaban al menos a 25 familias de la comunidad de Río Blanco, Intibucá, Honduras, cuyas cosechas de alimentos fueron destruidas intencionadamente junto al lugar donde Rosalina Domínguez, sus cuatro hijos y otros dos miembros de la comunidad de Río Blanco habían sido amenazados los pasados 30 de abril y 1 de mayo de 2019. Instamos a la ministra de Derechos Humanos a que garantice de inmediato la seguridad de los miembros de Río Blanco y COPINH, y a que siga investigando cualquier ataque contra ellos.
La comunidad indígena lenca de Río Blanco, Intibucá, Honduras, se estuvo manifestando contra un proyecto hidroeléctrico emprendido en las tierras en las que la comunidad lleva siglos viviendo y para el que alegan que no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada. La comunidad pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). COPINH lleva más de 20 años luchando por conseguir un mejor nivel de vida para su comunidad en Río Blanco. Desde 2011, los miembros de COPINH estuvieron haciendo campaña por su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Llevan años sufriendo amenazas y acoso en relación con su trabajo.
Berta Cáceres, líder y cofundadora de COPINH, fue muerta a tiros el 3 de marzo en su casa de la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá. El 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una nueva medida cautelar en favor de todos los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres, a causa del riesgo que corren por su labor de defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, y por su situación de mayor vulnerabilidad tras el asesinato de Berta Cáceres.
El 30 de abril y el 1 de mayo de 2019, Rosalina Domínguez, coordinadora económica del consejo indígena de Río Blanco, sus cuatro hijos (de entre 16 y 30 años) y otros dos miembros de la comunidad fueron amenazados verbalmente de muerte cuando se dirigían al trabajo por un grupo de al menos siete personas, una de ellas armada. COPINH denunció el ataque a la policía y al Ministerio Público y pidió al Sistema Nacional de Protección de Honduras que protegiera a Rosalina Domínguez. Las investigaciones sobre estos ataques continúan pendientes. El Sistema de Protección para defensores y defensoras de los derechos humanos también debe aplicar las medidas de seguridad ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar 112/16) para garantizar que los miembros de COPINH pueden llevar a cabo sus actividades de defensa de los derechos humanos sin sufrir violencia ni acoso.
En los tres últimos años, Amnistía Internacional alertó sobre numerosas amenazas de muerte y de otro tipo, actos de intimidación, acoso y homicidios contra activistas en Honduras, uno de los países más mortales del mundo para quienes defienden los derechos humanos.
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