El juicio contra siete activistas acusados de traición por asistir a unas sesiones de formación en Maldivas aún no comenzó, a causa de la falta de preparación de las autoridades. Los activistas se presentaron ante el tribunal en tres ocasiones, y la próxima vista judicial está programada para el 1 de agosto. Los activistas fueron puestos entre el 7 y el 10 de junio en libertad con fianza de 1.000 dólares zimbabuenses cada uno, y con la condición de presentarse en la comisaría de policía todos los días.

 

Estos siete activistas asistieron, del 15 al 17 de mayo de 2019, a unas sesiones de formación organizadas en Maldivas por el Centro de Acción y Estrategias No Violentas (CANVAS). El taller al que asistieron se centraba en la participación, labores de incidencia y comunicaciones cívicas. A su regreso a Zimbabue, en fechas diferentes, fueron detenidos: George Makoni, Tatenda Mombeyarara, Gamuchirai Mukura y Nyasha Mpahlo fueron detenidos a su llegada al aeropuerto de Harare el 20 de mayo; Farirai Gumbonzvanda fue detenida a su llegada al país al día siguiente; y Sitabile Dewa y Rita Nyamupinga fueron detenidas a su llegada al aeropuerto de Harare el 27 de mayo.

Cinco de los activistas quedaron en libertad con fianza el 7 de junio, mientras que las otras dos (Sitabile y Rita) consiguieron la libertad bajo fianza el 10 de junio. Todos fueron puestos en libertad con fianza de 1.000 dólares zimbabuenses cada uno, y con la condición de presentarse en la comisaría de policía todos los días. Desde entonces, los activistas presentaron ante el tribunal el 12, 19 y 25 de julio. El juicio no comenzó porque las autoridades aún están reuniendo pruebas. Los abogados de los activistas también están intentando que el caso se remita al Tribunal Constitucional, dado que la policía los detuvo en espera de llevar a cabo investigaciones. Asimismo, están tratando de recurrir las deplorables condiciones en las que estuvieron recluidos los activistas.

La represión contra la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los líderes de oposición continúa. El parlamentario de oposición Job Sikhala también fue detenido y acusado de traición tras el discurso que pronunció ante simpatizantes del partido MDC en una concentración en Bikita Masvingo el 6 de julio. Fue detenido en Harare y, el día que se suponía que debía comparecer ante el tribunal, la policía le vendó los ojos y lo trasladó a Gutu sin que su abogado lo supiera. Más tarde quedó en libertad bajo fianza de 5.000 dólares zimbabuenses. El secretario general de la Asamblea de Jóvenes del MDC, Gift Ostallos Siziba, fue detenido y acusado de incitación a cometer actos de violencia pública.

Las tensiones fueron en aumento en el país debido a los problemas económicos causados por una mala política económica y por las medidas de austeridad. En enero, las protestas por la subida del precio del combustible se saldaron con la muerte de 16 personas a manos de las fuerzas de seguridad, y cientos de personas fueron detenidas. Hasta el momento, nadie rindió cuentas por ello. La detención de los activistas de la sociedad civil y los líderes de la oposición es un intento del gobierno de reprimir cualquier forma de disidencia o protesta pacífica por parte de los habitantes de Zimbabue que sufrieron las duras consecuencias de la política económica del gobierno. El gobierno lanzó además, amenazas contra cualquier persona que tenga previstos actos de protesta. En respuesta a la protesta antigubernamental organizada en Londres por la diáspora zimbabuense contra la visita del ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Comerciales, el gobierno declaró que el “cetro de la violencia durante las protestas vividas en Zimbabue que obligaron a los servicios de seguridad a actuar asomó su fea cabeza en tierras extranjeras [...]”, y justificó con ello la intervención de las fuerzas de seguridad.

 

 

Publicado el 31 de julio de 2019