LA VIDA DE UNA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN PELIGRO
El 6 de julio, unos desconocidos entraron en la casa de Danelly Estupiñan, forzando su puerta de seguridad, mientras ella estaba ausente. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que unos hombres no identificados habían ofrecido dinero para que la mataran. El Proceso Comunitario Negro y otras organizaciones alertaron a la Fiscalía General tanto del ataque como de la información sobre el peligro para la vida de Danelly, y le pidieron que actuara de inmediato. Instamos a las autoridades nacionales a investigar de forma rápida y completa todos estos incidentes relativos a la seguridad, con el fin de identificar a los agresores e impedir que sigan amenazando la integridad física y psicológica de Danelly.
Danelly Estupiñan forma parte de Proceso Comunitario Negro (PCN) en Colombia, una organización que trabaja para defender los derechos de la población afrodescendiente del país. Desde 2015 fue beneficiaria de medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y durante 2018 formó parte del Programa Vasco de Protección Temporal para defensoras y defensores de los derechos humanos en situación de riesgo. Danelly organiza talleres sobre derechos humanos y protección colectiva en diferentes comunidades de Buenaventura, y lleva a cabo acciones de campaña e incidencia para proteger a las comunidades afrocolombianas afectadas por el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en su territorio.
La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia es crítica. En enero de 2019, Front Line Defenders informó de que, en 2018, Colombia fue el país más peligroso de las Américas para las personas que defienden los derechos humanos. Según la organización Somos Defensores, entre enero y marzo de 2019 hubo 234 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos: de ellos, 207 fueron amenazas y 25 fueron homicidios. Esa misma organización informó de que, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, hubo 336 homicidios y siete desapariciones forzadas de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.
En particular, entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno) y el 31 de julio de 2018, Somos Defensores informó de 253 homicidios y cuatro desapariciones forzadas. El análisis de datos proporcionado por la organización SISMA Mujer mostró que, desde 2016, hubó un acusado incremento del número de homicidios de defensoras de los derechos humanos y lideresas sociales: un 13,3 % desde enero de 2016 hasta julio de 2017, y un 14,3% desde enero de 2017 hasta julio de 2018. Los grupos de defensores y defensoras de los derechos humanos que más ataques reciben son: líderes comunitarios, defensores y defensoras del territorio (en su mayoría indígenas y afrodescendientes), y líderes que reclaman el derecho a la tierra. Al mismo tiempo, continúan las amenazas contra quienes defienden los derechos humanos, y apenas se progresa en las investigaciones penales relacionadas con ellas. La violencia contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos sigue siendo uno de los grandes problemas a la hora de lograr una implementación efectiva del Acuerdo de Paz.
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