Juan Requesens, representante venezolano en la Asamblea Nacional, permanece en prisión preventiva desde que fue detenido arbitrariamente el 7 de agosto de 2018. 14 meses después estaba previsto que su audiencia judicial se celebrase el lunes 25 de noviembre de 2019, pero entonces se aplazó al 2 de diciembre, y luego al 4 de diciembre. Es previsible que se produzcan nuevos aplazamientos. El sistema de justicia de Venezuela incumple constantemente con demoras indebidas los plazos procesales y el derecho a un juicio justo. Los jueces aplazan habitualmente las audiencias sin que haya una excusa válida, por ejemplo, cuando los oficiales se niegan a trasladar a los acusados para la audiencia o cuando los fiscales no se presentan ante el tribunal. Pedimos que Juan Requesens tenga un juicio justo sin demoras indebidas.

Juan Requesens fue detenido arbitrariamente el 7 de agosto de 2018, después de haber realizado, como representante en la Asamblea Nacional, una enérgica declaración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue detenido en su casa sin orden judicial, en plena noche, junto con su hermana Rafaela Requesens, que fue puesta en libertad unas horas después. El proceso para levantar su inmunidad parlamentaria no respetó los plazos pertinentes y fue arbitrario e irregular.

Las autoridades del gobierno de Maduro publicaron un vídeo en el que Requesens supuestamente admitía su participación en algunos hechos presuntamente vinculados a un ataque con dron lanzado contra Nicolás Maduro el 5 de agosto de 2018. Este vídeo se grabó cuando Requesens estaba recluido en régimen de incomunicación y aislamiento. Según el abogado de Requesens, éste no recuerda haberlo grabado y, por su aspecto en el vídeo, su familia sospecha que estaba bajo los efectos de algún tipo de droga que provocó sus declaraciones y su presunta confesión.

Este vídeo no se ha incorporado al expediente judicial. Sin embargo, Requesens ha sido procesado como si se tratara de una confesión real, y se alega que el discurso que pronunció el día de su detención podría haber instigado a otros a cometer un delito. Su audiencia preliminar se aplazó cuatro veces y la acusación de la fiscalía duró ocho meses, mientras que la defensa sólo tuvo unos minutos para presentar argumentos.

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos han formado parte de la política de represión de Maduro desde el inicio de su presidencia. Las ONG locales han denunciado más de 15.000 detenciones arbitrarias en los últimos años. Las condiciones de reclusión son a menudo inhumanas, y las denuncias de tortura para obtener confesiones son habituales en estos casos.

 

Publicado el 4 de diciembre de 2019