Al menos 14 personas corren grave peligro de ser ejecutadas en Irán en relación con las protestas efectuadas en todo el país, incluso por actos que no implican “homicidio intencional”, lo cual viola las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional. Las autoridades han vulnerado los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a varias de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como flagelaciones, descargas eléctricas, amenazas de muerte, violaciones y otras formas de violencia sexual. Desde diciembre de 2022, han ejecutado arbitrariamente al menos a cuatro hombres jóvenes en relación con las protestas, tras celebrarse juicios similares manifiestamente injustos.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente de la Magistratura, Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei, c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa enormemente el hecho de que decenas de personas corren peligro de que se les aplique la pena capital tras la celebración de juicios manifiestamente injustos que incluyen cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en relación con las protestas efectuadas en todo el país. Al menos 14 de ellas están actualmente condenadas a muerte y en grave peligro de ser ejecutadas.

Se trata de Arshia Takdastan, Javad Rouhi, Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Majid Kazemi, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Boroughani, Mehdi Bahman, Mehdi Mohammadifard, Mohammad Ghobadlou, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi y Shoeib Mir Baluchzehi Rigi. Al menos otras cinco personas —Sahand Nourmohammad-Zadeh, Hamid Ghare-Hasanlou, Hossein Mohammadi, Reza Arya (Aria) y Mahan Sadrat (Sedarat) Madani— se enfrentan a una repetición de su juicio con petición de pena capital después de que el Tribunal Supremo anulara sus sentencias condenatorias y condenas a muerte y devolviera sus casos a los juzgados de instrucción.

Amnistía Internacional tiene conocimiento de que se ha juzgado como mínimo a otras tres —Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharegholou— por cargos que conllevan pena de muerte. En el momento de redactarse este informe, no había información disponible públicamente sobre el fallo judicial. Se está investigando a decenas de otras personas por delitos capitales asociados a las protestas.

Estas personas se han visto sometidas a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o Tribunales de lo Penal en diversas ciudades del país. Se han violado, entre otros, el derecho a acceder a una defensa adecuada y a abogados de su elección, la presunción de inocencia, el derecho a permanecer en silencio y el derecho a una vista justa y pública.

Amnistía Internacional ha documentado torturas y otros malos tratos infligidos a 10 de las personas antes citadas. Los métodos de tortura documentados incluyen palizas, flagelaciones, descargas eléctricas, suspensión cabeza abajo, violación y otras formas de violencia sexual. Las autoridades han utilizado confesiones forzadas mediante tortura, algunas de las cuales se retransmitieron a través de los medios de comunicación estatales antes de los juicios, como prueba para dictar sentencias condenatorias.

Le pido que sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte derivadas de las protestas, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. Lo insto a dejar en libertad a cualquier persona detenida por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Lo insto a proporcionar a las personas detenidas acceso a sus familias y a abogados de su elección, a protegerlas de la tortura y otros malos tratos, a investigar las denuncias de tortura y a que los responsables sean sometidos a un juicio justo. Por último, lo insto a que garantice que pueden acceder observadores independientes a los juicios de casos de pena capital y, más ampliamente, a que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Atentamente,

 

 

Información complementaria

En los juicios por delitos capitales asociados a las protestas en todo el país no se ha observado en absoluto un procedimiento judicial significativo. Las autoridades han utilizado confesiones forzadas mediante tortura y otras pruebas obtenidas violando el derecho y las normas internacionales con el propósito de dictar actas de acusación formal y sentencias condenatorias. Han impedido a los acusados acceder a asistencia letrada durante la fase de investigación y también han imposibilitado que abogados designados de forma independiente representaran a sus clientes en el juicio y accedieran a sus expedientes. Asimismo, han violado reiteradamente el derecho a la presunción de inocencia, y los medios de comunicación estatales han difundido confesiones forzadas de varias personas, antes de que se celebrara su juicio. Las autoridades han acelerado las causas con petición de pena capital de algunas personas, a las que han declarado culpables tan sólo unos días después de que comenzara su juicio. Se ha condenado a muerte al menos a siete personas por delitos tales como vandalismo, agresión e incendio provocado, en violación del derecho internacional, que prohíbe aplicar la pena capital por delitos que no impliquen homicidio intencional.

Amnistía Internacional ha documentado torturas y otros malos tratos infligidos para forzar confesiones a 10 de las personas antes citadas. Se trata de: Hamid Ghare-Hasanlou, Mohammad Ghobadlou, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, Ebrahim Narouie, Mansour Dahmardeh, Kambiz Kharout, Javad Rouhi, Mehdi Mohammadifard y Arshia Takdastan. Entre los métodos de tortura notificados constan palizas, descargas eléctricas, flagelación, violación y otras formas de violencia sexual, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, amenazas de muerte y exposición a frío extremo.

Fuentes fidedignas informaron a Amnistía Internacional de que Arshia Takdastan, Mehdi Mohammadifard y Javad Rouhi, condenados a muerte en diciembre de 2022, habían sido sometidos a torturas terribles y otros malos tratos. A Mehdi Mohammadifard lo golpearon, lo colgaron cabeza abajo y lo violaron, tras lo que tuvo que ser hospitalizado por lesiones anales y hemorragia rectal. Arshia Takdastan fue sometido a palizas y amenazas de muerte a punta de pistola, que le provocaron la fractura de un dedo del pie y pérdidas de memoria. Javad Rouhi fue objeto de palizas y flagelaciones estando atado a un poste, recibió descargas eléctricas, estuvo expuesto a temperaturas gélidas, soportó amenazas de muerte a punta de pistola y fue agredido sexualmente con hielo en los testículos durante dos días. Como consecuencia de estas torturas, sufrió lesiones en hombros y músculos, incontinencia urinaria, complicaciones digestivas y dificultades de movilidad y del habla. Sigue experimentando dolor intenso en la espalda y las caderas, y entumecimiento en la pierna derecha.

Fuentes fidedignas informaron a Amnistía Internacional de que las autoridades torturaron repetidamente a Hamid Ghare-Hasanlou —actualmente pendiente de que se repita el juicio con petición de pena capital— y que, como consecuencia, tuvo que ser hospitalizado por fractura de costillas, dificultad respiratoria y hemorragia interna en el pulmón, que requirió tres operaciones quirúrgicas. Durante el juicio inicial en diciembre de 2022, Hamid Ghare-Hasanlou mostró al juez las heridas que le había provocado la tortura, pero sus denuncias no se han investigado.

Una fuente fidedigna informó a Amnistía Internacional de que las autoridades golpearon repetidamente a Mohammad Ghobadlou, cuya sentencia condenatoria por “corrupción en la tierra” y condena a muerte confirmó el Tribunal Supremo en diciembre de 2022. También se le retiró la medicación contra el trastorno bipolar. Un informe forense confirma que sufrió contusiones y heridas bajo custodia.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a cuatro personas en relación con las protestas tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. Desde el inicio del levantamiento popular en septiembre de 2022, las autoridades han detenido y acusado a miles de personas, por lo que preocupa que pueda imponerse la pena de muerte a muchas otras.

Además de las personas mencionadas, Amnistía Internacional ha confirmado los nombres de otras nueve —Toomaj Salehi, Farzad (Farzin) Tahazadeh, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoost, Taher (Hajar) Hamidi, Shahram Marouf-Moula, Pouria Javaheri y Heshmatollah Tabarzad— que se encuentran detenidas y están acusadas de delitos castigados con la pena capital, mientras que otras organizaciones han informado de decenas más. Se han presentado cargos con petición de pena capital contra dos de ellas, en relación con actos pacíficos amparados por el derecho internacional.

El activista político Heshmatollah Tabarzadi se enfrenta a 20 cargos, entre ellos el de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), en relación con su activismo pacífico y sus críticas a la respuesta dada por las autoridades a las protestas en entrevistas para los medios de comunicación. El rapero Toomaj Salehi está acusado, entre otras cosas, de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) únicamente en razón del carácter crítico de su música y sus publicaciones en redes sociales, en las que denuncia prácticas injustas de las autoridades y pide libertad y derechos humanos para la población de Irán. Fuentes fidedignas han informado a Amnistía Internacional de que al menos seis de las nueve personas —Toomaj Salehi, Farhad Tahazadeh, Karwan Shahiparvaneh, Reza Eslamdoust, Shahram Marouf-Moula y Heshmatollah Tabarzadi— han sido objeto de tortura y otros malos tratos.

 

 

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 3 de abril de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Arshia Takdastan, Javad Rouhi, Ebrahim Narouie, Kambiz Kharout, Majid Kazemi, Manouchehr Mehman Navaz, Mansour Dahmardeh, Mohammad Boroughani, Mehdi Bahman, Mehdi Mohammadifard, Mohammad Ghobadlou, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi, Shoeib Mir Baluchzehi Rigi, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Hamid Ghare-Hasanlou, Hossein Mohammadi, Reza Arya (Aria), Mahan Sadrat (Sedarat) Madani, Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou, Mohsen Rezazadeh Gharegholou (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/6309/2022/es/

Publicado el 9 de febrero de 2023