El activista egipcio Moaz al Sharqawy corre peligro de encarcelamiento prolongado injusto únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. El 11 de mayo, las fuerzas de seguridad lo arrestaron en su casa, en El Cairo, y lo sometieron a desaparición forzada durante 23 días, periodo durante el cual lo golpearon mientras tenía los ojos vendados y lo interrogaron sin la presencia de asistencia letrada. El 3 de junio, compareció ante la fiscalía, que ordenó su detención mientras se investigan los cargos falsos de ingresar en un grupo terrorista y financiarlo. Permanece recluido en la tristemente célebre prisión de Badr 3 —donde las condiciones de reclusión vulneran la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos— y se le niega el acceso regular a familiares y representación letrada.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Fiscal General de Egipto

Public Prosecutor Hamada al Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al Rehab

Cairo, República Árabe de Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptianPPO

Señor Fiscal General:

Le escribo para manifestar mi profunda preocupación por la reclusión arbitraria del activista Moaz al Sharqawy, perseguido únicamente por ejercer de manera pacífica sus derechos humanos. Amnistía Internacional ha tenido noticia de que las fuerzas de seguridad lo arrestaron en su casa, en el Cairo, el 11 de mayo, y de que posteriormente lo sometieron a desaparición forzada durante 23 días. Durante ese periodo, lo interrogaron sin la presencia de asistencia letrada y lo golpearon mientras tenía los ojos vendados, lo que constituye tortura y otros malos tratos. Sus desolados familiares y sus abogados acudieron a las comisarías de policía locales, a la administración penitenciaria general y a la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado (SSSP) para preguntar por su paradero, y presentaron una denuncia ante la Fiscalía el 12 de mayo. Pese a ello, las autoridades se negaron a facilitar cualquier información sobre su suerte o paradero a sus familiares y abogados o a reconocer la detención hasta que compareció ante la SSSP el 3 de junio. Tras interrogarlo sobre sus contactos y finanzas, la Fiscalía ordenó la detención de Moaz al Sharqawy mientras se investigan los cargos falsos de ingresar en un grupo terrorista y financiarlo, en la causa 540/2023.

Moaz al Sharqawy permanece recluido en la prisión de Badr 3, en un clima de creciente preocupación por su seguridad y bienestar dada la bien documentada constante de tortura y otros malos tratos en dicha prisión, y la habitual negación de visitas a sus familiares y abogados, y de acceso a atención médica adecuada. Según fuentes bien informadas, la salud mental de Moaz al Sharqawy se deterioró gravemente tras su reclusión arbitraria anterior, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, cuando quedó en libertad provisional en espera de la conclusión de las investigaciones. En mayo de 2022, un Tribunal (de excepción) de Seguridad del Estado lo declaró culpable y le impuso una pena de 10 años de cárcel y 5 años de libertad condicional bajo vigilancia policial en un juicio colectivo de motivación política y manifiestamente injusto, en el que también se juzgó al excandidato presidencial Abdel Moneim Aboul Fotouh y al político Mohamed al Kassas. Moaz al Sharqawy no estuvo presente en su juicio y vivió escondido hasta su declaración de culpabilidad, lo que ha afectado aún más a su salud mental.

Lo insto a dejar en libertad de manera inmediata a Moaz al Sharqawy, a anular su injusta sentencia condenatoria y pena, y a que se retiren todos los cargos contra él, pues obedecen únicamente al ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Hasta que quede en libertad, se le debe garantizar acceso inmediato a su familia, abogados y a cualquier atención médica que pueda necesitar, y se le debe proteger frente a más actos de tortura y otros malos tratos. También debe llevarse a cabo una investigación efectiva e imparcial sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos.

Atentamente, [Nombre]

 

Información adicional

 

Moaz al Sharqawy es un activista egipcio y ex vicepresidente del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Tanta, en la gobernación de Gharbia, cuyo trabajo se centraba en defender el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica del alumnado dentro de las universidades, en hacer campaña en favor de estudiantes injustamente encarcelados, y en pedir rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos de estudiantes cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Según fuentes bien informadas, Moaz al Sharqawy fue detenido por primera vez en septiembre de 2019 y sometido a desaparición forzada durante 24 días por la Agencia de Seguridad Nacional, periodo durante el cual le infligieron tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” y lo interrogaron sin la presencia de su abogado. En una comunicación a las autoridades egipcias fechada el 9 de agosto de 2022, varias personas expertas independientes de la ONU expresaron preocupación por que “el agente encargado de la investigación lo insultó, golpeó y le ató las piernas a una silla metálica y lo electrocutó varias veces. Le preguntó por su activismo como líder sindical estudiantil y su participación en manifestaciones de estudiantes, lo obligó a permanecer de pie frente a un aparato de aire acondicionado y lo amenazó de muerte”. Posteriormente, Moaz Al-Sharqawy fue trasladado a la prisión de investigación de Tora, donde permaneció recluido hasta marzo de 2020 en prisión preventiva, a la espera de los resultados de las investigaciones sobre cargos falsos relacionados con el terrorismo.

 

Tras quedar en libertad vigilada y a la espera de los resultados de las investigaciones, Moaz al Sharqawy continuó abogando por los derechos de las personas detenidas por motivos políticos y cooperó con grupos de derechos humanos para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos. En enero de 2021, lo incluyeron en la “lista de terroristas” basándose únicamente en las investigaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional y sin respetar las garantías procesales. El 29 de mayo de 2022, un Tribunal (de excepción) de Seguridad del Estado impuso a Moaz al Sharqawy y a otras 24 personas penas de prisión de entre 10 y 15 años, tras declararlas culpables de cargos falsos relacionados con el terrorismo. En los últimos meses, decenas de miembros de la oposición política y personas críticas han sido declarados culpables de cargos falsos tras unos juicios manifiestamente injustos ante los Tribunales (de excepción) de Seguridad del Estado. Los procedimientos en los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción son intrínsecamente injustos. A las personas acusadas se les niega el derecho a apelar contra su declaración de culpabilidad y su condena ante un tribunal superior. El presidente es el único que tiene la facultad de autorizar, anular o conmutar condenas u ordenar un nuevo juicio.

Desde la entrada en funcionamiento del Complejo Penitenciario de Badr a mediados de 2022, las autoridades han negado a las personas presas visitas regulares de familiares, y a algunas se les ha prohibido cualquier visita familiar, en un contexto de alarmantes denuncias de uso punitivo de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y otros abusos a presos y de que las condiciones de su detención vulneran la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Las autoridades penitenciarias también prohíben a la población reclusa mantener cualquier comunicación telefónica o escrita con sus familiares, con lo que en la práctica la están sometiendo a detención incomunicada. Las autoridades penitenciarias también se niegan a aceptar la entrega de alimentos, ropa u otros artículos esenciales enviados por familiares a algunas de las personas presas, a pesar de un patrón bien documentado consistente en que las autoridades penitenciarias no proporcionan a las personas bajo su custodia suficiente comida, agua potable, artículos básicos de higiene personal, ropa adecuada ni sábanas.

Desde 2013, Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo las fuerzas de seguridad han sometido a las personas acusadas de implicación en actividades de terrorismo a desaparición forzada durante periodos que van desde algunos días a varios meses, así como la obtención de “confesiones” bajo tortura y otros malos tratos, en las que en algunos casos la Fiscalía se basa en gran parte para formular cargos.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 4 de agosto de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Moaz al Sharqawy (masculino)

Publicado el 13 de junio de 2023