El 1 de marzo, el gobierno de Zimbabue publicó oficialmente el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024, destinado, al parecer, a “combatir el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo y garantizar que las organizaciones no gubernamentales no llevan a cabo actividades de captación de apoyos de índole política”. Tras la negativa del presidente a sancionar con su firma el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 y la posterior caducidad del proyecto de ley inicial en agosto de 2023, existía la esperanza de que el presidente hubiera tenido en cuenta las contribuciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil en 2023. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley refleja que la mayoría de los asuntos planteados no se han abordado y que el texto sigue conteniendo disposiciones que afectarán negativamente al espacio de la sociedad civil, amenazando la permanencia y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente del Parlamento

Speaker of Parliament

Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda

Parliament of Zimbabwe

Kwame Nkrumah & 3rd Street

Box CY 298 Causeway, Harare, Zimbabue

Correo-e: clerk@parlzim.gov.zw

X: @ParliamentZim

Estimado Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda:

El 1 de marzo, el gobierno de Zimbabue publicó oficialmente el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024, que se presentó inmediatamente al Parlamento para su primera lectura. En consecuencia, le escribo para expresarle mi preocupación por este Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas y por las consecuencias que tendrá para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los derechos a la libertad de expresión y asociación en Zimbabue.

En noviembre de 2021, las autoridades publicaron oficialmente por primera vez el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas Bill HB 10 de 2021. El gobierno afirmó que el objetivo de este proyecto de ley era combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y garantizar que las organizaciones no gubernamentales no llevaban a cabo actividades de captación de apoyos de índole política. Para justificar las modificaciones efectuadas a la Ley sobre Organizaciones Voluntarias Privadas existente, el gobierno dijo estar aplicando las peticiones del Grupo de Acción Financiera respecto a detener el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta preocupante que el Parlamento haya hecho caso omiso de las aportaciones de la opinión pública durante las sesiones públicas parlamentarias de 2022, que revelaron la gran oposición existente hacia la aprobación del Proyecto de Ley. En febrero de 2023, el proyecto de ley fue aprobado tanto por la Asamblea Legislativa como por el Senado, y remitido al presidente para que la sancionara con su firma. Sin embargo, en septiembre de 2023, se informó de que el presidente se había negado a ratificar la ley y la había devuelto al Parlamento con reservas.

De haber entrado en vigor, el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas habría impuesto graves restricciones al importante trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en Zimbabue. Actualmente, algunas disposiciones del proyecto de ley otorgan competencias importantes al ministro y el secretario parlamentario, que podrían usarse para interferir en la independencia y el funcionamiento de las ONG. Este proyecto de ley debe ser retirado o modificado para que se ajuste a las obligaciones de Zimbabue en el ámbito de los derechos humanos.

Le insto a que realice una consulta pública legítima y retire todas las cláusulas del Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas que socavan los derechos a la libertad de asociación y a la libertad de expresión, así como la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo le insto a que en este proceso se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de consulta. Además, las autoridades deben llevar a cabo una minuciosa evaluación de las leyes promulgadas en los últimos cinco años y derogar/modificar disposiciones que no se ajustan a la Constitución de Zimbabue y a los tratados internacionales de derechos humanos en los que este país es Estado Parte.

Atentamente,

 

[NOMBRE]

 

Información complementaria

 

En 2018, Zimbabue fue incluido en el programa de vigilancia del Grupo de Acción Financiera, tras observarse lagunas en su política y su marco jurídico. En 2022, el país fue retirado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, aunque el gobierno continúa tratando de que el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas entre en vigor.

El 31 de agosto de 2001, el gobierno de Zimbabue aprobó en Consejo de Ministros enmiendas a la Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas, propuestas por el Ministerio de Justicia, Asuntos Jurídicos y Parlamentarios. Los cambios propuestos se recibieron con escepticismo generalizado dado el actual contexto y las experiencias históricas del país. La interpretación de las disposiciones del proyecto de ley propuesto sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 debe hacerse en el actual contexto en el que se propone. En general, las disputas postelectorales, el desplome de la economía y las dificultades económicas generalizadas producto de unas políticas económicas y unas medidas de austeridad deficientes han agravado las tensiones en el país. Las ONG han sido falsamente acusadas de injerencia en los asuntos políticos y de agitar a la población para que vote contra el partido gobernante.

El Proyecto de Ley de reforma de Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 aglutinaba a todas las organizaciones de la sociedad civil inscritas con arreglo a diferentes leyes bajo una sola, y en sus cláusulas se nota el intento de controlar y suprimir a la sociedad civil consideraba “antigubernamental”. El objetivo era limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y vulnerar los derechos civiles y políticos que les garantiza la constitución. El Proyecto de ley contiene vagas disposiciones en las que se prohíbe apoyar u oponerse a un partido o candidato político, pero sin definir claramente qué se entiende por apoyar u oponerse a un partido político. La sociedad civil ha presentado información oral y por escrito, incluido el “Análisis Conjunto de las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre el Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas”, en el que manifestaban sus motivos de preocupación al Comité Jurídico del Parlamento, Comité Parlamentario sobre Servicios Públicos. El 11 de abril de 2022, la sociedad civil mantuvo una reunión consultiva con el ministro de Justicia, que se refirió a la posibilidad de que el Parlamento accediera a introducir varias enmiendas. Las modificaciones propuestas que el ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social presentó al Parlamento son más represivas que las primeras, e incluyen disposiciones que presentan nuevas penas y sanciones, de carácter penal y civil excesivamente punitivas para las Organizaciones Voluntarias Privadas infractoras, así como la responsabilidad civil individual de sus fideicomisarios/as, empleados/as y directivos/as y de cualquier persona que participe en el control de una Organización Voluntaria Privada, incluidos miembros del público.

En 2022, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron en contacto con el presidente Emmerson Mnangagwa y le señalaron que el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas contenía disposiciones que no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución y que obstaculizaría la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Además, indicaron que Zimbabue tiene un régimen normativo adecuado que podría utilizarse para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil no son utilizadas para financiar el terrorismo y blanquear capitales.

En febrero de 2023, el Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021 fue aprobado tanto por la Asamblea Legislativa como por el Senado, y remitido al presidente para que lo sancionara con su firma, pero éste lo devolvió al Parlamento con reservas. En agosto, el proyecto de ley de 2021 caducó al disolverse el Parlamento ante las elecciones de 2023. En octubre de 2023, fue incluido en la lista de proyectos de ley cuando el presidente anunció la agenda legislativa. El Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2024 fue publicado en marzo de 2020 y presentado de inmediato en el Parlamento para su primera votación. Continúa siendo un texto represivo que no ha tomado en cuenta ninguno de los motivos de preocupación planteados por las organizaciones de la sociedad civil ni las aportaciones de la opinión pública durante las sesiones parlamentarias públicas del anterior Proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas de 2021.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de junio de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/afr46/5880/2022/es/

Publicado el 2 de mayo de 2024