Los gobiernos de todo Oriente Medio y el Norte de África deben tratar de desarrollar, ampliar y financiar sistemas de protección social universales que garanticen el derecho a la seguridad social a toda la población, ha declarado hoy Amnistía Internacional, junto con el anuncio de su firma de una declaración conjunta conocida como Declaration on Building Universal Social Protection in the Arab Region (Declaración sobre el avance de la protección social universal en la región árabe).

En toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, la población afronta crisis múltiples de forma continuada, como conflictos devastadores, graves problemas económicos y de deuda, y el coste creciente de la emergencia climática. Sin embargo, la mayoría de las personas carece de protección social suficiente.

La declaración, organizada por el Centro de la Región Árabe para la Protección Social, entidad dirigida por la sociedad civil, tiene como objetivo recabar apoyos para establecer y desarrollar sistemas de protección social universales en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, que garanticen a toda la población su derecho a la seguridad social. Con la firma de esta declaración, Amnistía Internacional se suma a una comunidad de organizaciones de la sociedad civil que lucha por mejorar los derechos socioeconómicos en Oriente Medio y el Norte de África, entre otras cosas propugnando una protección sólida del derecho a la seguridad social y su realización.

“Las personas de Oriente Medio y el Norte de África se enfrentan a la pérdida de vidas, seres queridos y medios de subsistencia, azotadas por una crisis tras otra. Sin embargo, los sistemas de protección social han demostrado ser inadecuados e insuficientes en la región, al dejar a gran parte de la población a su suerte con un apoyo gubernamental mínimo o nulo”, ha manifestado Kristine Beckerle, asesora de derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África —con el apoyo de entidades donantes e instituciones financieras internacionales, en caso necesario— deben trabajar urgentemente para desarrollar, ampliar y financiar sistemas de protección social universales que permitan garantizar a toda la población una vida en condiciones dignas, independientemente de su situación socioeconómica”.

La seguridad social es un derecho humano, reconocido en diversos tratados internacionales y documentos fundacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El ejercicio del derecho humano a la seguridad social garantiza que las personas y las familias cuenten con acceso a servicios esenciales y apoyo a sus ingresos en momentos de necesidad, como pueden ser el desempleo, la enfermedad o la discapacidad. Los sistemas de protección social son cruciales para garantizar que las personas puedan acceder y disfrutar de toda una serie de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua y a la vivienda.

Millones de personas residentes en la región de Oriente Medio y el Norte de África no pueden ejercer ni disfrutar sus derechos socioeconómicos. En Líbano, Amnistía Internacional ha puesto de relieve que el gobierno no ha garantizado a la población acceso a una atención sanitaria adecuada durante la crisis económica. En Egipto, las autoridades han intensificado la represión contra quienes protestaban de forma pacífica por el deterioro de sus condiciones de vida, contra trabajadores y trabajadoras en huelga y contra quienes criticaban la gestión de la crisis económica desarrollada por las autoridades. En todo Oriente Medio y el Norte de África, la crisis climática combinada con la prolongada inacción de los gobiernos a la hora de gestionar, distribuir y garantizar debidamente el uso sostenible del agua disponible pone en grave peligro presente y futuro el derecho de la población al agua.

Los sistemas de protección social eficaces proporcionan el apoyo necesario para asistir a las personas y familias cuando se enfrentan a problemas repentinos debido a las incertidumbres de la vida. Proteger a las personas contra las pérdidas debidas a problemas sobrevenidos por catástrofes o reveses económicos permite a los niños y las niñas seguir estudiando, mejora la atención sanitaria, reduce la pobreza y la desigualdad de ingresos y, en última instancia, beneficia económicamente a la sociedad. No obstante, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , apenas en torno al 40% de la población de Oriente Medio y el Norte de África contaba con cobertura efectiva en al menos un ámbito de la protección social, tasa inferior a la media global y significativamente más baja que en otras regiones como Europa y Asia Central.

Con la Declaración sobre la protección social universal en la región árabe se aspira a subsanar varias de estas lagunas mediante la creación de una comunidad de organizaciones que propugnen sistemas de protección social universales, a fin de garantizar la seguridad social básica a todas las personas, independientemente de su situación laboral o de su capacidad para contribuir económicamente a determinados regímenes.

Los gobiernos deben establecer un sistema de protección social que abarque toda una serie de contingencias y riesgos, incluido el acceso a la asistencia sanitaria esencial y la seguridad de los ingresos básicos para niños y niñas, las personas mayores y aquellas en edad laboral que no puedan trabajar o percibir ingresos suficientes. Las prestaciones de la seguridad social deben ser adecuadas para que las personas puedan realizar sus derechos, tanto en lo que respecta a su cuantía como al periodo por el que se conceden. Además, la seguridad social debe ser accesible para toda la población, incluidos los grupos más desfavorecidos y marginados.

La protección social puede actuar como estabilizador crucial en tiempos de crisis. La grave crisis económica de Líbano, que llevó a la libra libanesa a perder más del 98% de su valor, ejemplifica la necesidad de contar con sistemas de protección social sólidos y universales. Esa crisis económica, que el Banco Mundial calificó de “depresión deliberada“, redujo drásticamente el poder adquisitivo de los hogares, aumentó enormemente la pobreza y afianzó aún más la acentuada desigualdad existente en Líbano. El sistema de protección social de Líbano, ya fragmentado, limitado y poco equitativo antes de la crisis, fue completamente incapaz de adaptarse a las crecientes necesidades y hacerles frente. En un momento en el que la población necesitaba desesperadamente ayuda, el gobierno libanés permitió que se perdiera la poca que existía.

Aun durante una crisis, los gobiernos deben ocuparse de garantizar que la población disfrute de unos niveles mínimos esenciales de sus derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la seguridad social. Con frecuencia, los gobiernos pueden reconducir recursos públicos a fin de financiar unos niveles mínimos esenciales de protección social para la población del país o recaudar fondos a través de reformas fiscales que aborden la evasión o elusión fiscal, así como hallar recursos a través de otras fuentes, como la petición de ayuda internacional.

“Los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África, los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales deben atender los llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil con vistas a avanzar urgentemente hacia la creación, mejora y financiación de sistemas de protección social universales e inclusivos en toda la región. Introducir medidas de protección social universales puede contribuir a garantizar que todas las personas —incluidas las marginadas y las que viven en la pobreza o en riesgo de caer en ella— tengan acceso a un nivel de vida adecuado, a una sanidad suficiente y a otros derechos humanos”, ha afirmado Kristine Beckerle.